Disparidad de criterios y una crisis sanitaria en Punta Arenas

La reciente disputa entre el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y la seremi de Salud pone de manifiesto un problema de fondo que afecta no sólo a los campamentos Lautaro y Villa Las Etnias, sino también a la coordinación institucional frente a crisis sociales y sanitarias. 

Esta controversia, que gira en torno a una resolución emitida por el Ministerio de Salud exigiendo a la municipalidad medidas de mitigación por el riesgo sanitario en ambos campamentos, pone sobre la mesa preguntas fundamentales sobre responsabilidad, facultades legales y la falta de visión a largo plazo para resolver la problemática.

En los campamentos Lautaro y Villa Las Etnias, la situación es alarmante desde hace años. Problemas de escurrimientos y empozamientos de aguas servidas han creado un riesgo sanitario tan crítico que incluso obligó al cierre del Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) Sandra Vargas. A pesar de la evidente gravedad del caso, la reciente resolución que insta al municipio a actuar fue calificada como “sorpresiva” e incluso “vergonzosa” por el alcalde Radonich, quien no dudó en recurrir a la Contraloría General de la República para que revise lo que él considera una “transferencia encubierta” de responsabilidades.

Radonich plantea que la municipalidad de Punta Arenas carece de facultades sanitarias, cuestionando la lógica de que se le exija asumir un rol que corresponde a la seremi de Salud. “¿Para qué tenemos seremía? ¿Mejor lo hacemos nosotros?”, ironizó el alcalde. En este punto, el jefe comunal tiene razón al exigir claridad y delimitación de competencias. Sin embargo, su crítica también expone una falta de colaboración interinstitucional que termina por agravar la situación de las familias afectadas.

El terreno donde se emplaza Villa Las Etnias, propiedad del fisco, y la decisión gubernamental de catalogar los campamentos como “asentamientos”, impidiendo su traslado, generan un contexto complejo. Radonich ha acusado al gobierno de improvisación y falta de coordinación, calificando la resolución como una respuesta burocrática que evade el fondo del problema. Pero el cuestionamiento también debe dirigirse hacia cómo las instituciones, en su conjunto, han fallado en gestionar una solución integral.

La crisis de los campamentos es un reflejo de cómo las desigualdades estructurales encuentran su peor expresión en la población más vulnerable. Mientras las instituciones se enfrentan por cuestiones administrativas y legales, cientos de personas siguen expuestas a condiciones que atentan contra su dignidad y su salud. Esto no es sólo un problema de Punta Arenas; es un recordatorio de que, sin una política pública coherente y una acción conjunta entre todos los actores, estas crisis seguirán multiplicándose.

Es urgente que la Contraloría General de la República se pronuncie con rapidez, pero más urgente aún es que el gobierno, el municipio y la seremi de Salud establezcan un plan coordinado para abordar tanto las soluciones inmediatas como las de largo plazo. Es hora de dejar de lado las disputas y enfocarse en lo esencial: garantizar el derecho a una vida digna para las familias de Lautaro y Villa Las Etnias. La salud y el bienestar de los habitantes de Punta Arenas no pueden seguir siendo rehenes de la burocracia y la descoordinación.