Radonich se enfrenta a Salud por problema de campamentos

El jefe de la capital regional recurrió a la Contraloría para que se pronunciara sobre una resolución que califica de ser “una transferencia encubierta”. 

Como sorpresivo calificó el alcalde de Punta Arenas la resolución emitida por el Ministerio de Salud en donde se le exige a la municipalidad adoptar medidas de mitigación en los campamentos Lautaro y Villa Las Etnias, las cuales fueron catalogadas como zona de riesgo sanitario. 

En este sector desde hace un par de años existen problemas de escurrimiento y empozamiento de aguas servidas. Situación que incluso obligó a clausurar por temas sanitarios el Centro Comunitario de Salud Familiar Sandra Vargas. 

“La municipalidad carece de facultades sanitarias”, alegó Claudio Radonich, quien el 30 de diciembre pasado pidió a la Contraloría General de la República su pronunciamiento sobre la ilegalidad de la resolución exenta presentada por el Ministerio de Salud.

“¿Para qué tenemos seremía?¿Mejor lo hacemos nosotros?”, cuestionó Radonich, quien considera que los responsables de adoptar las medidas de mitigación es la seremi de Salud. “Fue una respuesta muy administrativa, sin ir al tema de fondo (…) Lo que dio fue una respuesta muy burócrata, pero en el peor de las señales”, añadió.  

Radonich sacó a colación que el gobierno definió a los campamentos como asentamientos, por lo cual no pueden moverse y recordó que el terreno en donde se emplaza la toma Villa Las Etnias es propiedad del fisco. Acusó improvisación y falta de coordinación por parte del gobierno. “La respuesta está en el gobierno y no está en la municipalidad, pero la respuesta fue sorpresiva, pero sobre todo vergonzosa, sonó como chiste”, sentenció un molesto alcalde.

Lo consideran ilegal 

Según la argumentación jurídica realizada en el oficio presentado ante la Contraloría para declarar ilegal esta resolución, se indica que la seremi de Salud al pedirle a la municipalidad que tome medidas de mitigación sobre un problema sanitario lo que está haciendo es “desatender nuevamente sus obligaciones” y “una transferencia de competencia encubierta”.  Apoyándose en el código sanitario, la administración Radonich señala que todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico corresponden al Minsal, representado en la región por la seremi del ramo. 

La municipalidad tampoco tiene la autorización de clausurar predios que descargan aguas servidas a cauces, ya que éstos sólo pueden ser clausurados por la autoridad sanitaria. Y que en caso que se quiera construir, alterar o reparar cualquier obra destinada al tratamiento de aguas servidas estos deben contar con la venia de Salud. 

La administración Radonich acusa que varias obligaciones que el Código Sanitario le entrega a la seremi de Salud para poder mitigar el problema en estos dos campamentos no las ha realizado. Dentro de ellas se encuentra que no se ha instruido el plazo perentorio para que los ocupantes de los predios construyan soluciones de alcantarillado y agua potable; determinar el origen de las descargas de aguas servidas en los bienes nacionales de uso público, entre otros. 

Autoridades oficiadas 

En el oficio presentado al ente contralor, la municipalidad explicó que a través de la Corporación Municipal ofició a la seremi de Salud, gobierno regional, delegación presidencial y seremi de Bienes Nacionales para que adopten medidas para eliminar el foco de insalubridad en ambos asentamientos irregulares. 

 En julio del año pasado la seremi de Salud contestó al requerimiento, según la municipalidad en la respuesta no informaron ninguna acción concreta. En el mismo mes se ofició a la Seremi de Vivienda para conocer el catastro de las edificaciones afectadas por los problemas de aguas servidas, al no existir una respuesta la Dirección de Obras Municipales ordenó la demolición total. Tras esto recién Vivienda contestó e informó que se estaba desarmando el asentamiento. Varias de estas familias hoy viven en la nueva villa Monte Tarn.