Seis trabajadores de la Umag despedidos recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones

“Por haber dictado un acto administrativo arbitrario e ilegal”, seis trabajadores despedidos el mes pasado de la Universidad de Magallanes presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones.

Cada uno de los escritos está patrocinado por el abogado Pablo Molina Makuc. Uno de los fundamentos es que la administración de la casa de estudios debe fundamentar adecuadamente sus actos y, “al no existir acto administrativo, y consecuentemente por no haberse fundado adecuadamente el acto impugnado, éste deviene en ilegal, arbitrario y vulneratorio de la garantía del artículo 19 Nº 2 de la Constitución”.

Se argumenta que el acto impugnado de no renovación sólo pudo ser el resultado de un acto administrativo debidamente fundamentado, lo que no se da debido a la inexistencia de todo tipo de comunicación formal o escrita en el que se dé cuenta de la decisión de no renovar la contrata.

Esto último, según los recurrentes, “implica un trato discriminatorio en relación con otros funcionarios de la universidad, en situaciones equivalentes en lo relevante, es decir, con igual, mayor o menor tiempo en la institución e iguales calificaciones. Sin embargo, es de conocimiento de los funcionarios no renovados, que a cada uno de éstos les fueron comunicadas razones divergentes en cuanto a los motivos de su desvinculación, en circunstancias diversas, pero todas en el contexto de comunicaciones informales o en reuniones cuya naturaleza no fue comunicada a las partes y de las cuales no quedó constancia de su contenido”.

Acusan un trato arbitrario, “toda vez que existen diversos empleados no académicos que fueron renovados fuera del plazo establecido en el artículo 10 de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo, lo que da cuenta de la arbitrariedad de la autoridad respectiva”.

“De este modo, la universidad en su actuar pareciera seleccionar arbitrariamente a un subconjunto del total de empleados públicos no académicos de quienes prescindir, mientras todos los demás miembros no son considerados siquiera en este supuesto proceso de reorganización por supuestas razones financieras”.

Y si la decisión del rector José Maripani para no renovar es por el actual estado financiero que enfrenta la Umag, existe la obligación de la administración de dar cuenta de los criterios seleccionados para la determinación del conjunto de empleados que no será renovado.

Las personas que presentaron recursos de protección son Romina Piffaut Miranda, trabajadora social; Vitalia González Sánchez, periodista; Gerardo Salfate Aguirre, ingeniero civil mecánico; Mónica Muñoz Muñoz, jornal y auxiliar de aseo; Diego Santana Alarcón, técnico universitario en computación e informática y realizador audiovisual; y Pamela Saldivia Canobra, auxiliar de aseo.

Despidos

A comienzos de diciembre la rectoría de la Universidad de Magallanes informó de la no renovación de contratos a 36 funcionarios.

Las asociaciones gremiales acusaron una gestión insensible y unilateral. Y se cuestionó la viabilidad de las medidas tomadas para enfrentar una crisis financiera que, según advierten, podría haberse manejado con alternativas menos perjudiciales para los trabajadores.