Los grandes ausentes

La reciente publicación de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (Paes) dejó entrever la falta de entendimiento de esta administración respecto de la labor que tienen los medios de comunicación. Más allá de los resultados académicos, lo que destacó en esta oportunidad fue el caos informativo y la opacidad en la entrega de datos, un problema que afecta tanto al trabajo periodístico como la percepción pública sobre la transparencia institucional.

La seremia de Educación debía entregar los listados de estudiantes destacados, pero la información llegó tarde, incompleta y con evidentes contradicciones. Uno de los aspectos más críticos fue la exclusión de numerosos estudiantes de escuelas públicas, un vacío que no sólo levanta interrogantes sobre la equidad educativa, sino también sobre la capacidad de las autoridades para gestionar datos esenciales. 

Para colmo, los listados oficiales variaron sin explicación: mientras el sitio web del Ministerio de Educación mencionaba a ocho estudiantes con trayectorias destacadas, el documento entregado por la seremi incluía solo a seis, y el desayuno de reconocimiento convocó a diez. Este desorden amplificó la sensación de improvisación y desinterés.

La justificación ofrecida por la seremi de Educación, que atribuyó la falta de datos a la decisión de algunos estudiantes de mantener su información privada, resulta insuficiente y sinceramente decir que la responsabilidad de informar es de los estudiantes está fuera de lugar. 

En un desayuno organizado para los jóvenes destacados, la intervención del equipo de comunicaciones del seremi generó incomodidad. Ante una pregunta legítima de los reporteros sobre los puntajes, el momento fue abruptamente interrumpido. “Acá el que coordina soy yo”, dijo el encargado de prensa de dicha secretaría paralizando a los periodistas para dar paso a una sesión fotográfica.

Este trato, que ya comienza a ser visto como parte de una rutina de desdén hacia los medios, no sólo obstaculiza la labor informativa, sino que refleja una desconexión preocupante entre las autoridades y el derecho ciudadano a la información.