Permisología y burocracia: las cadenas que asfixian nuestro desarrollo

Alejando Kusanovic
Senador por Magallanes 

Cuando los gobernantes toman malas decisiones o dejan de tomarlas, el país y sus habitantes sufren las consecuencias. Este ha sido el catalizador de la permisología, una enfermedad que ha causado el estancamiento en el desarrollo económico de nuestro país y que, solo en el año 2023, significó una pérdida de 1.958 millones de dólares. Como dice acertadamente una frase: “La burocracia es un mecanismo gigante operado por pigmeos”.

La permisología es una maraña de trabas burocráticas que enfrenta quien desea impulsar un proyecto de inversión en Chile, a través de los 23 ministerios sectoriales, 40 subsecretarías, servicios públicos, municipalidades y autoridades regionales con competencia para otorgar autorizaciones. El ejemplo más claro de esta situación se observa en los permisos ambientales: en 2023, para el Estudio de Impacto Ambiental, se requirieron en promedio 985 días corridos (es decir, más de dos años y medio), ¡una locura!, si consideramos que en otros países se demora entre 6 y 12 meses.

Pero eso no es todo. A las trabas burocráticas se suma la ausencia de reglas claras y la falta de convicción de las autoridades de turno para incentivar la inversión y reactivar el crecimiento. Como pasa aquí en Magallanes con el evidente mal estado de la salmonicultura durante este gobierno. A pesar de su potencial para aportar mucho más a la región, hoy se enfrenta a excesivas trabas burocráticas y la falta de diligencia de las autoridades, quienes, tras obstaculizar el progreso, se lavan las manos.

Lo mismo ocurre con el caso de Dominga, un proyecto minero que hace 12 años ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, siendo declarado favorablemente por el Servicio de Evaluación Ambiental para su aprobación en 2017. Sin embargo, desde entonces, ha sido objetado y judicializado, no por criterios técnicos, sino, como lo estableció la Corte Suprema en 2019, por la denuncia de vicios formales en la tramitación de reclamaciones administrativas y en los pronunciamientos del Consejo de Ministros. Es decir, por trabas burocráticas que han sido impulsadas por intereses políticos de sectores ambientalistas.

Esta semana, el proyecto fue rechazado nuevamente por el Comité (político) de (no) Ministros, contraviniendo expresamente lo dispuesto por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ya había declarado ilegal el actuar del gobierno al resolver de forma arbitraria, parcial y basándose en criterios políticos al denegar el permiso ambiental de Dominga. En esta nueva evaluación, hubo un claro desacato por parte del Comité de Ministros, quienes violaron lo ordenado por el tribunal, no solo al abordar asuntos ya resueltos, sino que también, al faltar a la imparcialidad que debían observar, al integrar el Comité al subsecretario de Pesca, quien previamente se había manifestado en contra del proyecto.

Esta situación pone de manifiesto las graves deficiencias que enfrentamos, no solo de carácter institucional -que en parte están siendo abordadas con el proyecto de ley de permisos sectoriales que votaremos en el Senado – sino que especialmente, en términos de gobernanza. Debemos desarraigar el componente político de la evaluación de proyectos, implementando un proceso de calificación temprana que permita contar desde un inicio con reglas claras y eminentemente técnicas. Todo esto debe realizarse bajo un sistema digitalizado que agilice los tiempos en la Administración del Estado, que también necesita modernizarse y que es parte de lo que está pendiente para potenciar nuestro desarrollo y mitigar la permisología.

Todo esto no deja de recordarme una frase de Franz Kafka, y espero que no sea nuestra realidad: “El progreso se evapora y deja atrás una estela de burocracia.”