A 14 años de iniciado juicio por sepulturas inundadas reclaman ante la Corte Suprema dilación de cumplimiento de la sentencia dictada en 2019
Ante la Corte Suprema se formó el cuaderno administrativo Rol N°267-2024 acogiendo la solicitud de uno de los abogados demandantes en el caso del juicio colectivo por las sepulturas inundadas en el Cementerio Parque Cruz de Froward, quien plantea derechamente que el máximo tribunal del país ponga coto a la dilación que ha experimentado el cumplimiento de la sentencia dictada en 2019.
Como se recordará la causa civil nace en marzo de 2011 luego de que una madre descubriera semanas antes la tumba de su bebé cubierta de agua. A partir de entonces decenas de clientes del Cementerio Parque Cruz de Froward demandaron colectivamente a la empresa por la inundación de las tumbas de sus deudos.
En ese entonces, se realizaron, al menos, 25 exhumaciones de cuerpos y en todas se encontraron sepulturas completamente anegadas. Esto significó el cierre momentáneo de este camposanto, a la entrada norte de la ciudad.
En 2019 la Corte Suprema confirmó las infracciones a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor en que incurrió la empresa, en razón de incumplimientos contractuales graves los cuales se resumen en que los clientes compraban derechos sepultación en el Cementerio Parque Cementerio y los terrenos del mismo no eran aptos para ello.
A 5 años de la dictación de la sentencia, uno de los abogados, Rodrigo Ortiz Valenzuela, quien representa a aproximadamente 96 demandantes, acusa que tanto el Primer Juzgado de Letras como la Corte de Apelaciones de Punta Arenas han permitido que se demore el proceso, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento al fallo.
A contar de agosto de 2019, se inició el cumplimiento incidental de la sentencia, y cientos de víctimas se hicieron parte.
“Son cercanas a las mil personas. Yo tengo la representación de alrededor de un centenar. Sucede que se trata de una demanda colectiva que produce efecto erga omnes, o sea para todos los hombres (todo aquel que no fuera parte del juicio podría acercarse al tribunal para hacer suyo lo que dice la sentencia), por lo que son muchas las personas”, sostiene el abogado.
La sentencia se encuentra ejecutoriada por lo que se puede cobrar. “La cobranza se ha dilatado por 5 años. Siempre la excusa fue la pandemia, tras lo cual el cementerio se dedicó a hacer presentaciones para dilatar el cobro. Ni como la Corte de Apelaciones ni el tribunal paraba esto, tuvimos que empezar a hacer presentaciones nosotros”.
Cansado de tanta dilación, el abogado Ortiz escogió el camino de acudir al Pleno de la Corte Suprema, donde expuso el caso, considerando que bajo su tuición se encuentran todas las Corte de Apelaciones del país, haciendo presente una serie de vicios legales.
“Tanto es así que, dentro de las opciones que otorgó la sentencia de reemplazo de la Corte Suprema a los demandantes estaba la opción de exigir reemplazar, en el respectivo contrato, el lugar de sepultación actual, en el Cementerio Parque Cruz de Froward, por el Cementerio Parque de Punta Arenas, también de propiedad del ejecutado, con las mismas condiciones de contratación y en una fracción de costo equivalente en los terrenos de este último cementerio, según su disponibilidad en el mismo, pagando traslados, exhumaciones, urnas, etc”, plantea el abogado.
Pues bien, añade el demandante, “la demandada evacuando el traslado de las presentaciones de los ejecutantes, informa al tribunal que no podrá cumplir con la opción de traslado al Cementerio Punta Arenas”, porque dicho camposanto ya no le pertenece.
En esta causa, el abogado Ortiz también formula una serie de reproches al procurador común, designado entre todos los demandantes.
En el expediente, el abogado Juan Carlos Sharp, quien defiende los intereses del Parque Cruz de Froward, niega que haya desplegado una estrategia de dilación y sobre la supuesta venta del Cementerio Parque Punta Arenas, refuta lo anterior, señalando que “en ninguna parte hemos afirmado que se vendió dicho cementerio. Lo que sí hemos afirmado es que dicho cementerio no es de propiedad de mi representada”. En lo concreto, el titular de dominio del Cementerio Punta Arenas es otra sociedad.
Corte Suprema
En razón de los argumentos expuestos, en octubre pasado el abogado Rodrigo Ortiz solicitó a la Corte Suprema tomar cartas en el asunto, intervenir en el curso del proceso, hacer efectivas las responsabilidades correspondientes y finalmente enmendar las faltas denunciadas a la brevedad posible.
El 14 de noviembre pasado, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, ordenó la apertura de un cuaderno administrativo, solicitando informes al tenor de lo denunciado, tanto a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas como al Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas.
El abogado Ortiz señala que a la postre lo que se está ganando el Estado, es una demanda porque no está cumpliendo con su labor.
Concluye señalando que hoy, sumando reajuste e intereses, cada afectado debiera recibir entre 4 y 5 millones de pesos.
Rodrigo Ortiz llegará a la ciudad a mediados de semana para reunirse este viernes con sus clientes.