Hoy formalizarán a exejecutivos de salmonera Australis por estafa y administración desleal

Lucas Ulloa Intveen
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Intereses empresariales y fe pública son dos conceptos que están en juego en el caso de Australis y que el día de hoy marcarán un nuevo capítulo con la fijada audiencia de formalización en contra de los ex dueños de la salmonera. Por los montos que involucra, la parte querellante lo ha descrito como “uno de los fraudes más grandes en la historia de Chile”, en tanto que la defensa argumenta que todo el proceso de venta hacia los actuales dueños, el grupo chino Joyvio, fue realizado conforme a la ley. De por medio, el Ministerio Público investiga y busca corroborar los delitos de estafa y administración desleal, acciones ampliadas a lavado de activos y entrega de información falsa al mercado.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó a las 9 horas de hoy la audiencia para formalizar a Isidoro Quiroga Moreno, Santiago Garretón Sánchez y Martín Guiloff Salvador, dueño, expresidente y exgerente de administración y finanzas de Australis, respectivamente.

La investigación acumula más de 10 tomos, reúne 40 declaraciones judiciales, 14 informes en derecho, 9 informes técnicos, 3 informes económicos y 1 informe pericial. Además, constan más de 500 correos electrónicos relevantes para la investigación, rescatados por la PDI, desde los servidores de Australis en los que Quiroga y sus ejecutivos, certificados por la auditora internacional KMPG. El tribunal de garantía autorizó a la Fiscalía a revisar el contenido de esos correos. Sobre todo esto, constan 5 informes en derecho de los catedráticos Enrique Barros, Jesús María Silva Sánchez e Ivó Coca, y uno del excontralor Jorge Bermúdez.

El caso fue presentado, en paralelo, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, siendo el de mayor cuantía de que se tenga registro en Chile. Joyvio reclama se le restituyan US$1.220 millones, lo cual corresponde al total de los fondos pagados en la compraventa de Australis (US$921 millones) más indemnizaciones por perjuicios, por US$300 millones. En subsidio, la demanda es por el mayor valor pagado (US$650 millones) más los perjuicios (US$300 millones), lo que suma US$950 millones.

El abogado querellante en la causa, Jorge Bofill, explica que el caso involucra la fe pública. “Australis era una compañía abierta a la bolsa desde el año 2011. Australis sobreprodujo sistemáticamente, o sea produjo salmones más allá de los permisos ambientales con los que contaba históricamente. Eso le generaba ingresos ilícitos, por un lado, y le generaba contingencia por las multas posibles que tenía, por el otro. Todo eso se plasma en el estado financiero. Los estados financieros reportados por Australis a la bolsa de comercio, a la Comisión para el Mercado Financiero, nunca reflejaron ni los ingresos ilícitos ni el riesgo sancionatorio que tenía por los excesos productivos”.

En ese sentido, la postura de los querellante es que la compañía se compró sin percatarse “de que había una producción ilegal que superaba el 50% de lo permitido”, sostuvo Bofill. 

El caso contempla acciones judiciales en Estados Unidos (Miami y Delaware) e Inglaterra, tendientes a evitar que Quiroga pueda traspasar a otras sociedades su patrimonio y cuenta con los medios para pagar lo que eventualmente la justicia determine. 

Otro punto que releva la parte querellante es que 7 días antes de la operación de compraventa, Quiroga creó una sociedad en Estados Unidos previo a recibir los fondos por la venta de Australis a Joyvio y transfirió sus propiedades de uso personal en Chile (San Damián, La Parva y Lago Panguipulli), sin variar su uso y el de su familia.

Defensa de Quiroga:
“Es un sinsentido”

La firma Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. es un familly office que ha tomado la vocería de la defensa de Quiroga y los demás imputados, al ser ellos accionistas. Contactados por La Prensa Austral, indicaron que la imputación de estafa por ocultamiento “es un sinsentido y derechamente falsa”.

“No sólo es imposible ocultar la información productiva de una compañía salmonera en una operación de esa naturaleza y envergadura”, continuaron su declaración, sino que “la evidencia de la carpeta investigativa demuestra en forma clara y concluyente que durante la transacción se proporcionó en forma reiterada a Joyvio la información solicitada”.

Según su postura, toda la información relativa a las cosechas históricas y proyectadas de cada centro de cultivo fueron proporcionadas. “Dicha información fue recibida y efectivamente procesada por Joyvio, constatando incluso que las proyecciones productivas implicaban sobrepasar la producción máxima estimada en las RCA. Por ejemplo, en agosto de 2018 el representante y experto técnico de Joyvio realizó sus propias proyecciones de cosechas por Ces hasta 2030 y contrastándolas con las respectivas producciones máximas proyectadas”, explican.

Por otro lado, sobre la imputación por administración desleal, plantean que “además de ser jurídicamente improcedente por múltiples razones, desconoce que la evidencia de la carpeta investigativa demuestra que solo a partir de diciembre del 2020, es decir, con posteridad a la operación, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) comenzó a considerar que el solo exceso en el peso proyectado de cosecha constituía infracción”.