Caso Australis: sobreproducción, estafa y un perjuicio patrimonial cifrado en US$140 millones
Durante la jornada de ayer, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente formalizó a Isidoro Quiroga, Martín Guiloff y Santiago Garretón, por los delitos de estafa y administración desleal, a raíz de la investigación que se lleva por la venta de la compañía Australis al grupo chino Joyvio. La audiencia comenzó a las 9,30 horas y se extendió por casi tres horas, concluyendo con las medidas cautelares de arraigo nacional y firmas para los imputados.
Al cierre de la formalización y a petición de la Fiscalía, el tribunal decretó un plazo de investigación de 180 días y ordenó la medida cautelar de arraigo nacional y firma cada tres meses para Quiroga, en la comisaría de La Reina. Misma medida para Garretón, con firma en Puerto Varas. Para ambos, se indicó que, en caso de pedir autorización para salir del país, deben pagar una fianza de $10 millones, informando fecha de salida y entrada. Guiloff quedó con firma en el consulado chileno en España, cada dos meses.
La fiscalía expuso que los imputados implementaron un plan de sobreproducción sostenida en el tiempo, respecto de la mayoría de los centros productivos de Australis. Esto se refleja en el exceso de más de 98.288,2 toneladas por sobre lo autorizado por las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) producidas en diversos centros de salmones entre los años 2018 y 2022.
“Lo anterior fue planificado y ejecutado dolosamente por los imputados con el objeto de aumentar ficticiamente el valor de la compañía y aparentar una capacidad mayor de producción y rentabilidad, con total indiferencia frente a las consecuencias medioambientales y sancionatorias que aquello podría acarrear, perjudicando con ello, a Joyvio y a la propia compañía”, declaró la fiscal Constanza Encina, durante la formalización.
Estas declaraciones de la fiscal constan también en una minuta de 59 páginas que leyó durante la audiencia, en las que detalla cómo los imputados Isidoro Quiroga, Martín Guiloff y Santiago Garretón habrían ejecutado un plan fraudulento para inflar artificialmente el valor de Australis Seafoods, configurando así el delito de estafa.
Un extracto de la formalización permite ilustrar este punto: “Valor patrimonial irreal y artificialmente abultado por una situación productiva sostenida en el incumplimiento reiterado a los niveles máximos de producción autorizados por la legislación ambiental; y que no contemplaba la real estructura de costos y contingencias legales que escondía la compañía, y que debería necesariamente enfrentar una vez que fuera descubierta la situación por la entidad fiscalizadora ambiental”.
Según comentó la fiscal Encina a los medios, posterior a la audiencia, la formalización fue “a solicitud de los propios imputados que querían conocer qué era lo que el Ministerio Público está investigando respecto de ellos. Nosotros tenemos una serie de diligencias pendientes, que tienen relación con un posible delito medioambiental que podría hacer variar las circunstancias de los imputados”.
28 centros de cultivo
con sobreproducción
en Magallanes
En la formalización por el delito reiterado de administración desleal, la fiscal expuso cómo los imputados de manera concertada aprobaron, planificaron e implementaron un plan de producción de salmones que infringía las Resoluciones de Calificación Ambiental de casi todos los centros de la compañía, entre ellos 28 ubicados en la Región de Magallanes. De esta manera, “los imputados ejercieron de manera abusiva sus facultades de administración respecto de Australis y ejecutaron actos que comprometían y comprometieron el patrimonio de la empresa”.
Continuó la exposición explicando cada uno de los casos en que se detectaron incumplimientos y sobreproducción, con similitudes entre todos ellos: sembrar mayor cantidad de lo permitido, cosechando por consiguiente toneladas que infringían el límite máximo que permitían sus RCA.
Todo esto trajo como consecuencia el socavamiento patrimonial de Australis, ya que “las conductas por ellos desplegadas y que tenían como finalidad sobreproducir en abierta infracción a la normativa y autorizaciones medioambientales, implicaba tener que asumir en el futuro inmediato importantes disposiciones patrimoniales para saldar las multas; implementar planes de cumplimiento medioambiental; reducir la producción con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa que los imputados decididamente incumplieron”, señaló la fiscal.
En esa línea, los imputados “irrogaron un perjuicio al patrimonio que debían salvaguardar, que a la fecha de la presente formalización ha sido estimado en USD$140.396.754, equivalente en pesos chilenos a $133.177.552.909 aproximadamente, según ha establecido la consultora económica FK Economics en agosto de 2024”.