Convenio entre la Subsecretaría de DD.HH. y la Umag

El reciente convenio firmado entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Universidad de Magallanes representa un avance significativo en la búsqueda de verdad, justicia y memoria histórica en Chile. Este acuerdo no sólo integra a la academia en un proceso esencial para sanar las heridas del pasado, sino que también evidencia el compromiso de las instituciones locales con un tema de relevancia regional y también nacional.  

La digitalización de archivos históricos y el uso de tecnologías avanzadas, como se menciona en el convenio, son herramientas cruciales para preservar información y potenciar las investigaciones forenses. La Universidad de Magallanes, con su capacidad técnica y experiencia en arqueología y digitalización, se posiciona como un aliado estratégico en esta labor. Su aporte permitirá acelerar procesos y también fortalecerá la formación de profesionales comprometidos con la democracia y los derechos humanos.  

Sin embargo, es fundamental reconocer que esta colaboración adquiere mayor relevancia en un territorio como Magallanes, donde el registro oficial cuenta con una víctima de desaparición forzada y otros casos de tortura y represión política. La existencia de investigaciones judiciales abiertas en la región subraya la necesidad de avanzar con diligencia en estas labores. Cada acción realizada en el marco del Plan Nacional de Búsqueda no sólo ayuda a esclarecer el destino de las víctimas, sino que también envía un mensaje de que la justicia, aunque tardía, es posible.  

El portal plannacionaldebusqueda.cl, que centraliza la información sobre las 1.469 víctimas de desaparición forzada en Chile, es una herramienta invaluable que destaca el impacto de iniciativas como ésta. El mapa georreferenciado que detalla las trayectorias de las víctimas es un ejemplo del tipo de avances que pueden lograrse con una adecuada colaboración entre instituciones.  

Este convenio también recuerda que la búsqueda de verdad y justicia no es sólo una deuda histórica, sino un compromiso ético que exige esfuerzos conjuntos entre el Estado, la academia y la sociedad civil. La incorporación de una mirada territorial y la inclusión de herramientas tecnológicas representan pasos concretos hacia el cumplimiento de ese deber.  

En un contexto global donde los derechos humanos continúan siendo vulnerados, iniciativas como ésta reafirman el valor de la memoria como un pilar para construir un futuro más justo y democrático. El desafío está en mantener este impulso y garantizar que las promesas de justicia y verdad no queden relegadas a meros gestos simbólicos, sino que se traduzcan en acciones concretas que honren a las víctimas y fortalezcan nuestra democracia.  

Este convenio, sin duda, marca un camino esperanzador, pero el trabajo recién comienza. Magallanes y todo Chile estarán atentos a los resultados de este esfuerzo conjunto.