“No hubo apropiación indebida ni estafa ni engaño. Hay una diferencia de criterio”
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Germán Ovalle indicó que esperan que la Corte Suprema deje sin efecto la orden de arresto contra Sunil Nandwani y que se re agende la audiciencia de formalización hasta que el empresario se recupere.
Elia Simeone R.
Cuestiona que éste ha sido un “juicio mediático”. Niega la comisión de algún delito y circunscribe el que hoy se conoce como caso Nandwani a una mera diferencia de criterio que debe resolverse en el ámbito técnico y legal.
El abogado Germán Ovalle, representante de la familia Nandwani, propietaria de Comercial Real Ltda., dijo que el grupo familiar y empresarlal reitera “su compromiso con el cumplimiento de todas las normativas tributarias y fiscales”.
Ovalle resaltó que los Nandwani han colaborado en todo momento con las autoridades y que continuará trabajando para resolver la situación de manera justa, “evitando que los habitantes de Aysén pierdan un derecho que les ha correspondido por ley durante décadas”.
¿Y dónde está Sunil?
Por estos días, el caso se ha vuelto bullado luego de que, por tercera vez, uno de los implicados, Sunil Nandwani Vaswani, no compareciera el miércoles pasado a la audiencia de imputación de cargos, so pretexto de estar internado en una clínica psiquiátrica. Frente a ello, el juez ordenó su detención y ésta fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Pero, la PDI concurrió al centro médico y allí se informó que el empresario se había dado de alta el mismo día del referido trámite en los tribunales.
Consultado Ovalle por la situación de Sunil Nandwani y la orden de detención que pesa en su contra, dijo que “se espera que la Corte Suprema deje sin efecto la orden de arrestro y reagenden la audiencia de formalización hasta que se recupere de su problema de salud”.
Frente a una eventual condición de prófugo del empresario y/o el riesgo de que se encuentre ya fuera de Chile, dijo que tales versiones no son efectivas. “No ha salido del país”, se descartó.
La “arbitraria” y
“paradojal” postura de
Impuestos Internos
Yendo al fondo de las acusaciones, Ovalle fijó rápidamente la postura de la defensa: “Con una interpretación arbitraria de la ley, el Servicio de Impuestos Internos pretende desconocer el beneficio de la Zona Franca de Extensión en Coyhaique, exigiendo el pago de Iva en la compra de vehículos con Restricción de Uso. Esta medida obliga a los habitantes de Aysén a viajar a Punta Arenas, gastando en traslados lo que deberían ahorrar gracias a la ley, perjudicando directamente a familias, trabajadores y pymes de la región”.
La empresa Comercial Real Ltda. está siendo investigada por eventuales delitos tributarios relacionados con la venta de vehículos en la referida Zona Franca de Extensión.
La situación se arrastra desde 2017, cuando el Servicio de Impuestos Internos fiscalizó a Comercial Real Ltda. y determinó que debía haberse cobrado Iva en todas sus ventas en la referida Zona Franca de Extensión, pese a que los vehículos adquiridos mantuvieron la Restricción de Uso en Zona Franca.
Para el abogado Ovalle, de confirmarse esta interpretación por la Corte Suprema, se establecería que incluso otras entidades gubernamentales, como el Registro Civil y Aduanas, habrían aplicado incorrectamente la normativa durante años.
“Paradójicamente, el propio Sii adquirió en 2011 un vehículo con Restricción de Zona Franca en Coyhaique, sin pagar Iva, utilizando el mismo beneficio que ahora cuestiona”, hizo ver.
Frente a la investigación en curso, que esgrime un millonario daño para las arcas fiscales, el experto en materia tributaria sostuvo: “Es importante que la opinión pública entienda que los dineros mencionados por la Fiscalía y el Sii nunca han ingresado a las arcas de nuestras empresas.
Añadió que lo que se cuestiona es la aplicación de un beneficio tributario en la compraventa de vehículos dentro de un marco normativo que el propio Estado no aclaró oportunamente. “No hubo apropiación indebida ni estafa ni engaño. Lo que hay es una diferencia de criterio que debe resolverse en el ámbito técnico y legal, no a través de un juicio mediático”, apuntó.
“El Servicio de Impuestos Internos busca aplicar Iva a la venta de vehículos en la Zona Franca de Extensión de Coyhaique, pese a que éstos mantienen la Restricción de Uso en Zona Franca, desconociendo así el marco legal vigente por más de 45 años”, señaló.
Hizo ver que la teoría jurídica del Sii sostiene que los autos con Restricción de Zona Franca deben estar físicamente dentro de la Zona Franca Primaria de Punta Arenas al momento de la venta, aun cuando la transacción se realice en la Zona de Extensión de Coyhaique. Para él, esta interpretación no sólo carece de fundamento, sino que además ignora el sistema legal y registral especial que rige a estos vehículos.
Indicó que, desde 2004, la Ley de Zonas Francas establece que Coyhaique es una Zona de Extensión, permitiendo la compra de vehículos nuevos sin Iva, siempre que mantengan la Restricción de Uso en Zona Franca. “Sin embargo, el Sii pretende desconocer este beneficio, imponiendo el cobro del impuesto, sin eliminar la restricción de uso. En otras palabras, busca obligar a los ayseninos a pagar Iva por un vehículo que seguirá estando limitado a la región”, acusó.
Así, Ovalle calificó esta aplicación de Iva como una “aberración jurídica”, ya que, a su juicio, contradice el espíritu de la ley y perjudica directamente a los habitantes de la región. Agregó que, si el Servicio de Impuestos Internos considera que estos vehículos deben pagar Iva, entonces deberían quedar liberados de la restricción de uso, lo que no ocurre en la práctica”.
“No ha existido dolo”
Comercial Real Ltda., empresa dedicada a la venta de estos vehículos, “enfatiza que no ha existido dolo en sus acciones. Declara que no se ha apropiado de dinero ajeno ni ha defraudado al Estado. Además, reafirma su compromiso con la integridad y el profesionalismo, rechazando cualquier vinculación injusta con prácticas que no la representan. Sostiene que estas acusaciones carecen de fundamento y asegura que responderá con total claridad para demostrar su inocencia”, apuntó Ovalle.
El defensor aseveró que la compañía ha actuado conforme a la normativa, vendiendo autos con Restricción de Zona Franca y sin Iva, tal como lo permite la ley. “La propia documentación oficial del Registro Civil respalda que estos vehículos están sujetos a dicha restricción”, apuntó.
Finalmente, Ovalle planteó que, además del impacto tributario, “la postura del SII pone en riesgo un beneficio clave para la Región de Aysén, que no sólo ha permitido a las familias acceder a vehículos sin el sobrecosto del Iva, sino que también ha favorecido a pymes y ha promovido la adquisición de autos con mejor tecnología y menor impacto ambiental”.