Reforma Previsional: crónica de una irresponsabilidad política
Se atribuye esta frase a Luis XV como muestra de su indiferencia ante las consecuencias de sus actos políticos. Esta misma indiferencia ha sido característica del gobierno y de gran parte de la clase política con respecto a la reforma previsional, a tan solo once meses de las elecciones y trece meses del final de su mandato, ofreciendo “buenos tiempos” para los jubilados. Lo importante en esta bochornosa reforma es la fotografía del momento y barrer la hojarasca bajo la alfombra, ya que los costos económicos no los pagará el Presidente ni los parlamentarios, sino que recaerán en sus hijos y nietos.
Con una tasa de fecundidad que apenas alcanza 1,1 hijos por mujer, Chile envejece a pasos acelerados, reduciendo su población laboral y aumentando la cantidad de jubilados. Esto propicia un escenario en el que los grupos familiares se achican, dejando al Estado como el gran sostenedor de la vejez en Chile. ¿Quién pagará esta cuenta de más salud, más hospitales y más asilos para esta avalancha de personas mayores? Es claro que este tsunami recae sobre los hombros de nuestros escolares y de aquellos que están por nacer, los grandes ausentes y desconocidos en discusiones como la que tuvo lugar esta semana en nuestro Congreso.
Pero analicemos la situación en detalle, ya que el asalto al sistema jubilatorio chileno tiene más de tres décadas y se desarrolla en un guion de varios actos (y gobiernos):
Durante 35 años, la clase política chilena ha impulsado cientos de cambios al sistema de pensiones de millones de trabajadores. Desde un principio, se favoreció a las administradoras mediante medidas que deslegitimaron el sistema y consolidaron prácticas cuestionables, como la integración vertical entre administradoras y aseguradoras, permitiendo que estas últimas se convirtieran en dueñas de las AFP, lo que limitó la competencia del sistema y benefició directamente a las aseguradoras en detrimento de los millones de ahorrantes que vieron cómo sus jubilaciones se diluían.
En el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), se modificaron los artículos 36 y 37 de la ley 18.481, lo que permitió que las AFP no compensaran la pérdida si no cumplían con la rentabilidad mínima (UF + 4% anual). Bajo el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), se introdujo el concepto de “rentabilidad negativa”, trasladando el riesgo de las inversiones a los trabajadores. Luego, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), se crearon los multifondos, que segmentaron el sistema en beneficio de quienes tienen mayor acceso a información privilegiada o conocimientos financieros avanzados, generando una clara discriminación y, en consecuencia, resentimiento entre los trabajadores.
La eliminación de garantías mínimas de rentabilidad y los mecanismos de compensación por pérdidas, bajo la administración de Michelle Bachelet (2006-2010), y los retiros del 10% durante el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), dejaron a millones de cotizantes sin ahorros previsionales, comprometiendo gravemente la sostenibilidad del sistema a largo plazo y generando un aumento en la necesidad de préstamos en la economía. Además, lo que no se hizo, pero que debía haberse implementado, fue un aumento gradual de la cotización a niveles razonables, ya que el 10% no era suficiente. Sumado a lo anterior, el deterioro de la economía en la última década revela una desidia que debilitó la capacidad del sistema para garantizar pensiones dignas. Por todo esto, está más que claro que somos todos responsables de esta historia.
Ahora continuamos con un análisis erróneo del problema, lo que genera soluciones inadecuadas. Lo primero que se debía hacer es separar el problema en dos: los que ya se han jubilado y los que se jubilarán en el futuro.
En el primer caso, dado que somos todos responsables, se debe establecer un impuesto adicional de un punto al IVA, equivalente a dos puntos de aportes previsionales anuales. De esta forma, se podría ayudar a los jubilados de forma inmediata y empezar de inmediato una modernización del Estado que baje los gastos e impuestos.
No se puede utilizar los ahorros de quienes aún no se han jubilado para financiar las pensiones actuales, administradas por una burocracia ineficiente; esto no solo es injusto, sino también insostenible.
Para aquellos que se jubilarán en el futuro, se está reduciendo el encaje del 1% en casi un 80%, lo que provocará la aparición de operadores riesgosos y permitirá el retiro de 1.800 millones de dólares de parte de las AFP del sistema. Además, no se elimina la integración vertical de la industria, es decir, que las aseguradoras no puedan ser dueñas de las AFP. Tampoco se incorpora un cobro de administración variable en función de la rentabilidad generada. No se utiliza la esperanza de vida promedio del trabajador, se separa entre hombres y mujeres, y no se igualan las edades de jubilación, entre otros muchos errores.
En resumen, utilizar los ahorros de quienes aún no se jubilan para financiar las pensiones actuales, bajo la administración de una burocracia ineficiente, no solo es injusto, sino también insostenible. Se trata de una ley que allana el camino a una mala reforma, expropiando los fondos de los trabajadores, sacrificando la propiedad de sus ahorros, perpetuando desigualdades y agravando el riesgo de sostenibilidad fiscal del país. El costo de esta reforma recaerá sobre los trabajadores, y se avecina un choque generacional, ya que la carga de esta irresponsabilidad se trasladará a los jóvenes y niños chilenos, quienes, en menor número, deberán financiar las pensiones de una generación de jubilados cada vez más numerosa, resultado de la ceguera e irresponsabilidad de una clase política que mostró poco interés en el futuro.