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Un Instituto Marítimo y Polar del Estado

Por Jorge Guzmán Domingo 2 de Febrero del 2025

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La visita presidencial al Polo Sur tuvo como mérito traer a discusión “la cuestión antártica” y “testear” cuán convencidos estamos de que la Antártica Chilena sea –valga la redundancia– “chilena”.

Más allá de los aplausos de los obligados “tifosi”, la respuesta a esa interrogante es confusa.

Esto no solo porque, en el Polo, el Presidente fue “recibido” por funcionarios extranjeros “que habitan en el lugar”, sino porque de su visita no resultó ningún anuncio en materia de reforzamiento de nuestras capacidades polares permanentes: “lo que queda” es un “selfie del Presidente” y los “tuits” de rigor.

En segundo lugar, porque, en contexto legal, político y geopolítico, a la confusión se agrega la declaración de compromiso del Mandatario con –sin especificaciones– “el multilateralismo”. “Pensando en el futuro a mediano plazo de la Antártica”, esa expresión admite “lecturas” distintas.

Si el compromiso presidencial es con “el multilateralismo del Tratado Antártico”, entonces, en sentido lato, podría entenderse que Chile es partidario de la continuidad del Tratado de 1959 sin modificaciones.

En cambio, si en favor del “multilateralismo” entendemos la aplicación de la “normativa multilateral” sobre la plataforma continental “más allá de las 200 millas” de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convemar (recordemos que en 2022, Chile, al igual que en 2009 Argentina, reclamó soberanía sobre los recursos del fondo marino del Mar de Bellinghausen), entonces el sentido de la afirmación es diferente.

Por esa razón, medios internacionales (BBC, The Guardian, etc.) entendieron que el “selfie” del Presidente chileno en el Polo (con el pabellón presidencial en sus manos) equivalía a una insistencia en nuestro “reclamo antártico”, el cual, como queda dicho, está estampado en la reclamación chilena de plataforma continental del sector occidental de la Península Antártica: 1+1=2.

Para nosotros, sin embargo, esto no es tan así.

Baste reparar en la “alergia” a la expresión “soberanía” que impera en el gobierno, particularmente en “su Cancillería”, que insiste en relativizar el mandato de la Ley 21.255 (Estatuto Antártico), reduciendo nuestros “derechos soberanos” a la categoría de “pretensiones antárticas” (en palabras simples, “aspiraciones”). Muy preocupante.

La Geopolítica del
Ártico y su “Efecto Espejo” en la Antártica

Algunos dirán que esto es “hilar muy fino”. Sin embargo, un ejercicio de mínimo realismo indica que no es así.

Baste observar la expectación mundial generada por la renovada pretensión norteamericana sobre Groenlandia, para comprobar cómo las regiones polares no solo son parte de un escenario de creciente competencia estratégica, sino que, a la luz de la implementación del Derecho del Mar sobre la “plataforma continental extendida” (en la práctica, “soberanía sobre los recursos naturales”), son “objeto de deseo” de muchas potencias: 2+2=4.

Esto, a pesar de que en el Ártico está vigente una serie de tratados y mecanismos de cooperación (algunos más antiguos que el Tratado Antártico). Hoy varios de esos instrumentos parecen sobrepasados por una competencia geo-legal y geoestratégica, iniciada en 2001 cuando Rusia formalizó un gigantesco reclamo de plataforma continental.

A partir de sus costas euroasiáticas, desde el estrecho de Bering hasta el Mar de Barents, el reclamo territorial ruso no solo englobó áreas submarinas adyacentes a islas y archipiélagos situados al norte de la latitud 80° norte, sino que, siguiendo la prolongación de la “Dorsal Lomonosov”, incluyó la región del propio Polo Ártico.

De mayor importancia es que dicha “elevación submarina” “conecta” con la prolongación sumergida de Groenlandia, es decir, “cruza hacia el otro hemisferio”: 3+3=6.

Y aunque los demás países ribereños del Océano Ártico insisten en que, conforme con el Derecho del Mar, el reclamo ruso no está geo-científicamente documentado, el desacuerdo político ya tiene dos décadas. Lo que ahora ha hecho Donald Trump es simplemente reconocer su gravedad e interpretar el conflicto como un llamado para el despliegue estratégico norteamericano.

Mire usted un mapa de las reclamaciones de plataforma continental en el Ártico y observará la enorme complejidad del asunto.

Si alguien cree que en la Antártica este escenario de competencia geo-estratégica no se reproducirá, se equivoca. A pesar del “congelamiento de los reclamos territoriales” impuesto por el Tratado Antártico de 1959, esto ya ocurre desde 2005. Hasta 2020, esta nueva realidad no fue incluida en el análisis diplomático chileno.

Tan grave como ello es que, a partir de 2022, este asunto de capital importancia material para el interés de Chile volvió a perder visibilidad y prioridad, para ser reemplazado por un ejercicio “expresión de deseo” que confía en que “el multilateralismo” evitará que el Sistema del Tratado Antártico sea afectado por fenómenos de confrontación geopolítica cada vez más graves y evidentes.

El Ritual Antártico Chileno

Es práctica que “en verano” –“época de viajes a la Antártica”– las autoridades de los poderes del Estado “se hagan presentes” en la Antártica Chilena para “reafirmar” nuestro compromiso con “la cooperación científica y el medio ambiente” o, más recientemente, “con el multilateralismo”.

Ninguna de esas visitas impidió el envejecimiento de varias de nuestras bases (evacuación del personal de por medio), ni catalizó la construcción de ninguna nueva instalación permanente. Si bien la base estacional del Glaciar Unión es, sin duda, un hecho positivo, ésta sigue siendo una instalación “temporal”.

En los hechos –no en las “visitas”, ni en “entrevistas o reportajes” de los medios de Santiago, ni en los “tweeter” de los “dedicados a opinar”– durante las últimas cuatro décadas, Chile comenzó a quedarse atrás en materia de “posesión efectiva” de la Antártica.
Como país, no hemos comprendido la gravedad de “la cuestión Antártica” en el siglo XXI.

Eso explica la citada demora en la actualización de los límites de plataforma continental de la Provincia Antártica, la cual, además, hasta la fecha sigue incompleta: falta por determinar los límites exteriores de nuestra soberanía submarina en el sector oriental de la Península (Mar de Weddell, según el Estatuto Antártico de 2022, parte del territorio nacional).

Lo anterior ilustra las limitaciones estructurales del análisis geo-legal y geopolítico del Ministerio de Relaciones Exteriores y, más específicamente, de Difrol e Inach. Subsidiariamente, también refleja limitaciones del Ministerio de Defensa, que parece descansar sobre un enfoque esencialmente administrativo y procesal (énfasis en la “santidad del trámite”) y un enfoque “apolítico” (es decir, sin contenido geopolítico) del problema.

Dichos servicios públicos son parte de una alarmante falta de visión prospectiva respecto del futuro político y geopolítico de la Antártica (y de la Zona Austral al sur de Palena) y, como “el que nada hace, nada teme”, parecen querer descansar sobre la “seguridad” del concepto “ciencia y paz” (“a secas”). Súper-cómodo.

En perspectiva, sin embargo, el futuro de la Antártica está más allá de las buenas intenciones de funcionarios públicos a quienes, además, parece complicarles el uso de la expresión “soberanía”.

Quizás por ello es que, no obstante la creciente complejidad de la cuestión de los reclamos de plataforma continental en todos los mares del mundo, durante sucesivos gobiernos, Difrol e Inach evitaron aquilatar la gravedad del desafío de iure y de facto impuesto a nuestros derechos soberanos por las “nuevas reclamaciones antárticas” efectuadas entre 2005 y 2009 por Australia, Noruega y Argentina.

Es más, a pesar de que el diseño geo-legal y geopolítico de la reclamación argentina incorporó no solo parte de la Antártica Chilena, sino también miles de kilómetros cuadrados al sur de lo pactado con el Tratado de 1984 (para reinstalar el “principio bioceánico”), escapando del problema, los expertos chilenos prefirieron priorizar la plataforma continental de Isla de Pascua. “Confesión de parte”.

Este escapismo político-diplomático parece reproducirse respecto de la creciente dificultad para adoptar decisiones políticas trascendentes al interior del sistema de toma de decisiones antárticas. Se trata de una suerte de lo que ahora se denomina “la previa” de un conflicto que, se adivina, pondrá en duda la continuidad del Tratado Antártico más allá de 2048.
Ese escapismo es, en definitiva, una forma de evitar decisiones complejas y, en la práctica (y sin afectar las “carreras funcionarias” propias), “dejar el problema a los que vengan más adelante”.

Tal como ocurre en otros asuntos atinentes a la integridad territorial de la República, llevamos décadas postergando decisiones y acumulando problemas complejos.

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