Un Instituto Marítimo y Polar del Estado (II Parte)

• – En la primera parte de este ensayo, publicada el domingo pasado en El Magallanes, el autor planteó que la visita presidencial al Polo Sur reavivó el debate sobre la presencia chilena en la Antártica, pero no trajo consigo anuncios concretos para fortalecer nuestras capacidades en la región, dejando solo gestos simbólicos. Mientras otros países avanzan en la consolidación de sus reclamaciones y estrategias polares, Chile sigue postergando decisiones clave, mostrando una preocupante falta de visión geopolítica y de inversión en infraestructura antártica. Aquí entregamos la parte final de esta reflexión.

Las inconsistencias que -no obstante sucesivas “Políticas Antárticas Nacionales”- relativizan nuestra “posesión efectiva de la Antártica Chilena”, tienen también origen en la falta de “un solo programa nacional antártico consolidado”.

Un programa antártico verdaderamente “nacional” debe ser gestionado por “un solo ente del Estado”, con capacidades políticas, científicas, logísticas y operativas propias, y con recursos financieros suficientes y asegurados a mediano plazo (planes, programas y presupuesto para, por lo menos, tres años seguidos).

En el ámbito geoestratégico, mientras el organigrama actual asegura al ministerio de Relaciones Exteriores (y su “agenda multilateral”) un “sello globalista” para la actividad polar nacional (ciencia y paz sin soberanía), los recursos fiscales invertidos no tienen -en la práctica- como prioridad el reforzamiento de nuestros derechos soberanos. El resultado está a la vista.

Hasta ahora cada operador antártico estatal posee “un programa y un presupuesto antártico” que, con la coordinación del ministerio de Defensa y la supervisión de la Cancillería (Inach), en lo principal se focaliza en la logística y la “investigación básica”, antes que en la “investigación aplicada”.

Salvo el aprovechamiento por parte de algunas muy pocas empresas privadas, el  gasto público en la Antártica Chilena no tiene un vínculo claro con el desarrollo económico y social de Magallanes (región a la que pertenece) y, en definitiva, tampoco aporta a la sustancia del reforzamiento de nuestros derechos soberanos vía el “uso y ocupación del territorio”.

En lo fundamental -y en términos de “proximidad respecto del Polo”-  la actividad polar chilena se concentra al norte del Círculo Polar Antártico, en una latitud equivalente a la ciudad noruega de Trondheim (205 mil habitantes) y mucho más lejos de los que la ciudad rusa de Múrmansk (295 mil habitantes) está del Polo Ártico.

La actual dispersión de esfuerzos y “relatos” contribuye a la relativización de nuestra soberanía, y la mantiene estancada en el área del “Caribe antártico”.

Esto, mientras, por ejemplo, en verano Brasil opera “un solo programa antártico” con dos embarcaciones polares y aviones de transporte ad hoc y, por años, el programa antártico de Estados Unidos mantiene dos grandes rompehielos permanentemente estacionados en Punta Arenas, dedicados a la investigación aplicada (al parecer también dentro de nuestra Zona Económica Exclusiva). No sabemos si Difrol y la Cancillería han tomado noticia de este último “detalle”.

En el intertanto, el Inach parece haberse convertido en una “facultad de ciencias básicas” dependiente de la Cancillería que -al menos hasta aquí- no aportó a la construcción de un escenario prospectivo para entender cómo otros países (por ejemplo Argentina en boca de sus autoridades de diverso signo) entienden a la ciencia antártica como una “herramienta de política y soberanía”. Demás está decir que, conforme con su Ley Orgánica, no es función de la Cancillería “hacer ciencia”. Esa es materia de otros servicios.

La ausencia de visión política en el Inach explica por qué ese organismo no tuvo -otra vez “hasta aquí”- ningún aporte en la compleja materia de la plataforma continental magallánico-antártica. Si lo que ese servicio público esperaba era un “visto bueno de Santiago”, en los hechos, confiado en la “comodidad de la distancia”, gravemente se equivocó manteniéndose al margen de un asunto de crítica importancia. Desde este punto de vista, el Inach se condenó a sí mismo a la irrelevancia. En lugar de Punta Arenas, podría tener sede en Calama o a Melipilla, y para la defensa de la integridad de nuestra soberanía austral y polar, en la práctica “daría lo mismo”.

Adicionalmente, mientras Argentina anuncia una “base combinada” en Ushuaia (para vincularse directamente con la ampliación de la Base Petrel con dos nuevas pistas de aterrizaje para arrebatarle a Punta Arenas la primacía del turismo aéreo), hasta hoy Chile ni siquiera posee una base permanente sobre el sector del Mar de Weddell.

Tampoco tiene la intención de tenerla.

Austro abandonado

Transcurridos más de 40 años desde la firma del Tratado de Paz con Argentina (que en 1984 “solo en principio” puso fin a “la cuestión austral con Argentina”), la conexión con la Antártica Chilena sigue haciéndose desde la orilla norte del estrecho de Magallanes (Punta Arenas).

El país aún no cuenta con un camino que, atravesando Tierra del Fuego, conecte con nuestra enorme región del canal Beagle (comuna de cabo de Hornos).

Hoy, mientras una familia argentina puede visitar su país desde Salta o Corrientes hasta Ushuaia (sector argentino del canal Beagle), en la práctica una familia chilena encontrará que “el país se termina en Caleta Yungay” (Aysén), a un día y medio de trayecto de la capital magallánica.

En el mejor de los casos, a través de caminos de la Patagonia argentina, una familia chilena puede alcanzar Punta Arenas. En cambio, por caminos pavimentados, una familia argentina puede viajar hasta Río Gallegos y, después de cruzar el muy chileno estrecho de Magallanes, en cuestión horas alcanzar Ushuaia.

Toda vez que, con la complicidad de la Cancillería chilena, Argentina sigue incumpliendo un acuerdo sobre “pasos fronterizos permanentemente habilitados” (Puerto Almanza-Puerto Williams), hoy no es posible cruzar el canal Beagle para acceder a Puerto Williams.

Para abastecer a nuestros compatriotas residentes en esa “ciudad más austral del mundo”, son necesarias 36 horas de navegación desde Punta Arenas (una vez a la semana). Esto es, “en tiempo de viaje”, un trayecto muchísimo más largo que el viaje terrestre “Santiago-Arica”. Juzgue Usted.

Tierra del Fuego, la riquísima región del canal Beagle y del cabo de Hornos han sido abandonadas por el Estado central. El hecho fortuito de que el actual Presidente sea “de origen magallánico” no cambió nada.

El Estado chileno no tiene concepto del valor estratégico de su territorio austral-antártico y, por lo mismo, lo concibe con la candidez geopolítica de un “influencer” de Youtube o Tik Tok. Parafraseando al Eclesiastés, “todo es vanidad”, epidermis e inmediatez para un título y subtitulo en “medios online”, o  una efímera tendencia “en el ex Twitter”.

Por esta misma razón, mientras que para Argentina la cercanía de Ushuaia respecto de las Shetland del Sur y le Península Antártica asegura, entre otras cosas materiales, el control sobre el núcleo fundamental del rentable negocio del turismo antártico, Chile sigue “mirándose el ombligo” repitiendo que ”Punta Arenas es la puerta de entrada a la Antártica” (un día de navegación más al norte).

Estas y otras autocomplacencias ilustran la ausencia de una verdadera “conciencia antártica”, visible, por ejemplo, en un titular de un importante medio de Santiago, que recientemente conmemoró “los 78 años de la presencia chilena en la Antártica”. Dicho medio de circulación nacional desconoce que la presencia chilena -incluso al sur del Círculo Polar Antártico- se remonta a las pesquerías magallánicas del siglo XIX, y que el conocimiento empírico de los pescadores antárticos magallánicos sirvió luego a los primeros científicos del hemisferio norte, que sólo después del Congreso Mundial de Geografía de Londres en 1895 se interesaron en la Antártica.

Fue nuestro conocimiento empírico de la Antártica lo que, en el invierno de 1916, hizo posible el rescate de los náufragos británicos del HMS Endurance desde la Isla Elefante. Así de simple.

Situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias

Desde hace años “se tramita” la “construcción” en Punta Arenas de un “Centro Antártico Internacional” (Cai), en origen un proyecto de “sólo 30 mil millones de pesos”. Pasado el tiempo, la inversión requerida para este “proyecto” parece sobrepasar los 130 mil millones pesos del erario fiscal.

Se trata de “un edificio” de 25 mil metros cuadrados en el que se mezclarían ciencia, educación y turismo, un concepto que, observado desde las urgencias del interés nacional al sur del Círculo Polar, no es más que “un proyecto inmobiliario” con cargo al Fisco.

Se sabe que “ya se gastaron” más de mil millones en “estudios y concursos”, a pesar de que dicho “centro internacional” tiene pendiente, entre otras cosas, determinar cómo, a largo plazo, se financiará (¿con cargo a un presupuesto propio, o al presupuesto regional, o al presupuesto del Inach o al de otro ente fiscal que desconocemos?). Se ha dicho que ese centro convocaría a “cientos de científicos de todo el mundo a radicarse permanentemente en Punta Arenas”, y que allí también habría presencia privada. Siendo miembros de la academia polar, en lo personal, somos escépticos de que lo primero sea posible.

En nuestra opinión, dicho edificio de 130 mil millones de pesos tampoco puede explicar cómo -desde la Patagonia- aportará a “hacer presencia en la Antártica”. Ocurre que entre la orilla sur del estrecho de Magallanes (Tierra del Fuego) y el Polo Sur, viven menos de 10 mil chilenos (una fracción del número de pasajeros que “en hora punta” utiliza el metro de Santiago o de “un barrio de Múrmansk”).

Con esto en consideración, somos partidarios de destinar los citados 130 mil millones de pesos (o 130 millones de dólares) a articular un centro de excelencia marítimo y polar que -en lo principal- haga el trabajo geopolítico que sólo puede hacer el Estado de Chile. En lo estrictamente científico y académico, bajo una fórmula semejante a la empleada hace algunos años para los “centros de excelencia Corfo”. Se entiende que los 130 mil millones de pesos ya tiene algún grado de aprobación en el presupuesto y, por lo tanto, ahora sería sólo cuestión de “reformular su inversión”.

Una entidad de este tipo, financiada con dineros públicos, debería encargarse de “hacer ciencia para la política” y -en lo más obvio- contribuir a cumplir con el mandato de ley, ergo: hacer presencia y ocupación efectiva para resguardar y fortalecer nuestros derechos soberanos “en el mar y en la Antártica”.

Instituto Marítimo y Polar del Estado para el Chile Subantártico y el Chile Antártico

Los citados 130 mil millones de pesos deberían ser suficientes para financiar la articulación y funcionamiento de un instituto polar y marítimo que concentre y consolide las capacidades humanas, científicas y operativas del país y, con análisis prospectivo, asegure la consistencia y la eficacia de las políticas, actividades e inversiones nacionales de investigación y desarrollo en el espacio que se extiende entre la Península de Taitao y el Polo Sur.

Este último espacio geográfico debería ser el ámbito de responsabilidad de un Instituto Marítimo y Polar del Estado.

Desde el punto de vista de la singularidad biogeográfica y geoestratégica de nuestro país, el sector de la Península de Taitao constituye un elemento/factor diferenciador clave. Por una parte, en él se verifica la “triple unión” entre las placas tectónicas sudamericana, la placa tectónica de la Antártica y el continente sudamericano y, por otra, allí también se bifurca la dinámica Oeste-Este del Pacífico Sur generando, hacia el norte, la Corriente de Humboldt y, hacia el sur la Corriente Costero del Cabo de Hornos (que luego se “confunde con la Corriente Circumpolar Antártica, que fluye en sentido Oeste-Este).

Estos y otros factores hidrográficos, geográficos, ambientales y geoeconómicos conforman un área que caracterizan al “Chile Subantártico” y al “Chile Antártico propiamente tal”.

Bajo este principio geográfico, hidrográfico, ambiental y geoestratégico, un Instituto Marítimo y Polar del Estado debería ejercitar la continuidad legal y administrativa claramente consignada en el Decreto Antártico de 1940 y en la Ley Antártica de 2022.

En lo estrictamente científico y tecnológico, ese instituto debería establecer -a nivel de postgrado- una relación simbiótica con la comunidad académica y científica nacional, además una relación de colaboración estrecha con la academia militar y algunos servicios públicos de importancia existencial para la seguridad del país (por ejemplo, la Dirección Meteorológica de Chile, el Instituto Geográfico Militar y el Servicios Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada).

En un ambiente de sinergia y cooperación, todos estos entes estatales deberían privilegiar la investigación aplicada en el campo de la ciencias del mar, las ciencias de la tierra, las ciencias de la atmósfera, el estudio del Derecho Internacional aplicado a la geografía-histórica y a la geopolítica, siempre teniendo como objetivo último el contribuir de forma medible a la defensa del interés nacional. Con dineros fiscales no pueden haber objetivos distintos.

Todo lo demás puede ser materia de estudio e investigación para las universidades, los centros de investigación y las ONG financiadas con recursos privados.

Asimismo, el Instituto Marítimo y Polar del Estado debería establecer una relación empática con los gremios que, legal y reguladamente, usan los recursos naturales del territorio nacional. La relación con el sector privado (especialmente nuestros operadores antárticos) debe tener como fin trascendente el mutuo beneficio, entendiendo que tanto el Estado como los particulares deben, por mandato de la ley, contribuir a fortalecer nuestros derechos soberanos. Este es un axioma.

Habida cuenta del escenario político mundial y hemisférico en gestación, en el corto plazo la lógica de un Instituto Marítimo y Polar del Estado se sostiene en la urgente necesidad de asegurar la demostración de la continuidad geográfica, geológica e hidrográfica del país desde y hacia la Antártica Chilena. Esta es una tarea irrenunciable del Estado.

Inversión fiscal para
la soberanía y el uso
inteligente de los recursos

Con presupuesto propio asegurado para tres o más años, la entidad estatal no debería ser gobernada por un solo ministerio.

Menos por la Cancillería, cuya labor debe restringirse a ser “usuaria” del análisis prospectivo jurídico, político y geopolítico del instituto y, conforme con los lineamientos de gestión de este último, asumir la coordinación de la participación diplomática del país en las reuniones del Sistema del Tratado Antártico. La sustancia geoestratégica y el sentido político de la contribución chilena a esas instancias debe ser responsabilidad del Instituto Marítimo y Polar de Chile y su sistema de gobernanza.

Para minimizar el riesgo de repetir errores y omisiones geográficas, hidrográficas, jurídicas, políticas o diplomáticas, el Instituto Marítimo y Polar del Estado debe estar regido por un Directorio que dependa del propio Presidente de la República. Su primera función sería la de asesora al Mandatario en materias geoestratégicas, geo-científicas, políticas y diplomáticas, y proponerle una Política Austral y Polar (que debería ser permanentemente actualizada y abarcar el Chile Subantártico y el Chile antártico propiamente tal).

El Presidente debería presidir un Directorio de Ministros, a saber, aquellos  del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Medio Ambiente, Educación y Obras Públicas. Ese directorio debería estar, por reglamento, obligado a gobernar el Instituto con estricto respecto del principio del mérito personal de sus funcionarios. Esta entidad debe estar a resguardo de los intentos externos de politización.

Sólo el mérito asegura que -más allá de los períodos presidenciales-  gobiernos y servicios públicos cuenten con lineamientos de gestión útiles para el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades legales y administrativas.

Ejercitando esos preceptos, la entidad que proponemos podría, por ejemplo, estructurarse a partir de la consolidación de capacidades humanas y materiales ya existentes, pero que hoy funcionan de forma desarticulada bajo la responsabilidad de diversos Ministerios.

Junto con proponer una Política de Estado Austral y Antártica, el instituto debería priorizar una completa y honesta revisión del estado de nuestra infraestructura polar, acompañada de un plan plurianual de renovación y ampliación de bases y refugios. Una vez aprobado ese plan, el costo para el Fisco debería quedar legalmente establecido en un presupuesto plurianual. Ya no hay espacio para improvisaciones y “recortes”.

Con visión de mediano y largo plazo, el Instituto debería mensurar las capacidades logísticas que existen, y aquellas que resultan necesarias para, en los hechos y no en los selfies, reforzar nuestros derechos soberanos desde Taitao y el Campo de Hielo Sur, al Polo Antártico.

Esto, entendiendo que la inversión fiscal se justifica -en definitiva- en el resguardo y ejercicio de nuestros derechos soberanos sobre los recursos naturales, vivos y no vivos, del Chile Subantártico y Antártico, es decir, nuestra posesión efectiva sobre recursos que, con toda seguridad, serán fundamentales para el bienestar de las futuras generaciones de chilenos.

Sin complejos, debemos concebir una flota de naves polares y medios aéreos modernos y seguros para proyectar nuestra ocupación permanente en la gigantesca región que se extiende entre los hielos y los fiordos patagónicos y fueguinos, y el hinterland antártico. “Pensar en chico no resuelve nada”.

Sólo con voluntad política y presupuesto asegurado el Instituto Marítimo y Polar podrá ofrecer al nivel de toma de decisiones del Estado una evaluación detallada, completa y actualizada del estado de situación de nuestros recursos naturales vivos como ni vivos, esenciales para planificar nuestro desarrollo económico y social.

Para los efectos, el instituto debería dotarse de soluciones y aplicaciones tecnológicas remotas de frontera, hoy disponibles en el mundo. Esto, entre otras cosas, para “in real time” colaborar con las Fuerzas Armadas legalmente responsables de monitorear las actividades económicas que ocurren en nuestro territorio terrestre y marítimo y, también, para asistir a nuestros operadores privados que, conforme con la ley y sus reglamentos, hacen uso de dicho espacio.

De igual importancia es que, con medios aéreos y navales suficientes, durante todo el año la presencia del Estado chileno debe estar asegurada desde Campo de Hielo a las islas Diego Ramírez, y desde allí, hasta mucho más al sur que las islas Shetland del Sur. La presencia del Estado en estos territorios no puede reducirse a los meses de verano.

A partir de aquí, debemos, de una vez por todas, enfrentar el uso y aprovechamiento de estos valiosísimos territorios que, hasta hoy, permanecen esencialmente despoblados.

Por efecto de “la razón de la sinrazón” este gravísimo problema geoestratégico sigue ignorado, al igual que permanece subestimado el efecto que, a mediano y largo plazo, puede tener la ya “súper-evidente contradicción” entre el Derecho del Mar y la normativa del Sistema del Tratado Antártico. En perspectiva, ambas amenazas sobre el Chile magallánico-antártico están íntimamente vinculadas.

El agravamiento de estas amenazas se debe, como queda dicho, a la falta de análisis del Estado central, que a lo largo de sucesivos gobiernos se contentó con entender los cientos de miles de km2 de Austro y Antártica como una suerte de postal/souvenir, o un espacio para un “jardín botánico” disponible para satisfacer a ciertas a ONG extranjeras, que no habitan el territorio, pero “pretenden conocerlo” para pautearnos “qué se puede y que no se puede hacer con él”.

Hasta aquí la firme resistencia de las comunidades locales a este “modelo importado de país” (propuesto por extranjeros o chilenos con residencia permanente al oriente de la Avenida Pedro de Valdivia), permanece ignorado por el grueso de la opinión pública.

Lo mismo sucede con la “confianza interesada” de sectores “progresistas” del “barrio alto de Santiago” respecto de que, en la Antártica y en el Mar Austral Circumpolar, “el multilateralismo” impondrá una paz permanente en favor del cuidado del medio ambiente. Esto no es más que otra quimera, equivalente al “entusiasmo interesado” con el que, por largos años, ese mismo sector defendió la multimillonaria “operación multilateral” que terminó por condenar a Haití a la condición de “Estado fallido”. Este y otras iniciativas demandaron grandes recursos financieros internacionales, sin nunca el país obtuviera nada distinto a una inmigración ilegal haitiana (hoy los más pobres entre los pobres).

Todo esto es urgente de revisar.

Publicado en El Libero