Abogado de la familia Nandwani afirma que “los embargos solicitados son redundates y carecen de justificación”

El abogado de la familia Nandwani, Germán Ovalle, sostuvo ayer que “los embargos solicitados en la causa penal resultan redundantes y carecen de una justificación clara en cuanto a su sentido y alcance, toda vez que ya se habían concretado en las causas tributarias en trámite”.

Así replicó a lo informado respecto de los bienes que fueron embargados como una medida efectiva cautelar emitida por el Juzgado de Garantía, en el marco de la causa que afecta a la Sociedad Real y Compañía Limitada.

La familia interpuso, a su vez, un recurso para anular los embargos que tienen comprometidas a dos estancias ubicadas en Porvenir y tasadas en $230 millones y $280 millones respectivamente; dos inmuebles en Punta Arenas, valorados en $62 millones y $44 millones; y un local comercial en Coyhaique, avaluado en casi $1.726 millones.

Para Ovalle, la medida cautelar sólo tiene propósitos mediáticos. “Entendemos que se trata, una vez más, de una estrategia comunicacional que sólo busca influir en la opinión pública, como parte de un espectáculo mediático y un juicio público que algunos pretenden impulsar en contra de la familia Nandwani”, aseveró.

Dijo que será la Corte de Apelaciones de Punta Arenas la que deberá pronunciarse sobre la medida, que ellos consideran ilegal. Acotó que, además, los bienes comprometidos con el embargo no son de propiedad de los imputados.

Respecto del eventual perjuicio fiscal que alega la causa interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos, que sobrepararía los $5.000 millones, Ovalle reiteró la postura asumida por la defensa desde el día uno:  aquello: “Los fondos mencionados por la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos nunca han ingresado a las arcas de la empresa Comercial Real Ltda., propiedad de la familia Nandwani. Lo que se ha cuestionado es la aplicación de un beneficio tributario en la compraventa de vehículos, dentro de un marco normativo que el propio Estado no aclaró oportunamente. No ha existido apropiación indebida, ni estafa, ni engaño alguno al fisco. Lo que hay es una diferencia de criterios que debe resolverse en el ámbito técnico y legal, no a través de un juicio mediático”, insistió.

La defensa sostiene que el SII busca aplicar Iva a la venta de vehículos en la Zona Franca de Extensión de Coyhaique, pese a que éstos mantienen la restricción de uso en Zona Franca, “desconociendo así un marco legal vigente por más de 45 años, lo que pone en riesgo un beneficio clave para la Región de Aysén”.

Ovalle dijo que seguirán colaborando con las autoridades y trabajando para resolver esta situación de manera justa, evitando -según asegura- que los habitantes de Aysén sean los principales perjudicados.