Un Instituto Marítimo y Polar del Estado (III Parte)

En la segunda parte de este ensayo, publicada el domingo pasado en El Magallanes, el autor plantea que Chile carece de una política antártica consolidada, lo que debilita su soberanía en la zona. La gestión fragmentada prioriza la logística y la investigación básica en lugar de la ocupación efectiva. Mientras Argentina y otras naciones fortalecen su presencia, Chile sigue sin infraestructura estratégica y con un gasto desconectado del desarrollo de Magallanes. Se propone crear un Instituto Marítimo y Polar del Estado, autónomo y con financiamiento asegurado, para coordinar la investigación aplicada y fortalecer la presencia soberana. Además, se critica la falta de conectividad en Tierra del Fuego y el abandono estatal, lo que favorece el dominio argentino en la logística y el turismo antártico.

Con la reciente asunción de Donald Trump se ha iniciado un nuevo período histórico en el que cada vez es mayor la gravitación de gobiernos “escépticos de la agenda multilateral” (Italia, Países Bajos, Austria, Argentina, etc.). A esto hay que agregar la consolidación de sectores de “derecha dura” en Francia, Alemania y otros países altamente educados, que augura, al menos al nivel del G7 (y también de las multinacionales de la tecnología y de la información), un camino áspero para el progresismo multilateralista propio de la “belle époque” post reunificación alemana, fin de la Unión Soviética y desintegración del bloque comunista de Europa del Este.

Refiriéndose a esta nueva realidad, en su audiencia de confirmación ante el Senado de su país, el actual Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio afirmó que esta nueva fase de la historia del mundo será la “época del sentido común y el interés nacional”.

Un ejemplo de aquello radica en el ya citado interés norteamericano en Groenlandia, tanto por sus recursos pesqueros y minerales, como por su posición estratégica y la proyección de su plataforma continental más allá de las 200 millas en dirección el Polo Ártico.

Este es un hecho fundamental que debemos relacionar con el reclamo de territorios submarinos dentro del área del Tratado Antártico efectuado en 2005 por Australia. Como ya está dicho -de diversas formas- en la región polar austral asistimos a un fenómeno semejante a aquel que ya está ocurriendo en el Ártico. Sólo para que conste, en fecha reciente medios de comunicación británicos comenzaron a discutir cómo la “nueva era Trump” puede servir para catalizar un régimen para la explotación de minerales en la Antártica.

Si el Protocolo Ambiental (o de Madrid) hizo sumamente difícil que ello ocurra, treinta años después la discusión vuelve estar abierta. Tomemos nota.

Con esto en consideración, no debemos olvidar que en materia de “reclamos territoriales” en la Antártica, el Tratado Antártico de 1959 encapsula un compromisos político sostenido sobre el principio de que “estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo” (los reclamantes no se reconocen mutuamente ningún tipo derecho histórico ni de cualquier otra naturaleza). En el mismo contexto, tampoco debemos olvidar que, in extremis, mientras ni Estados Unidos ni Rusia (ex URSS) han formalizado reclamos territoriales en la Antártica, sí se han reservado “el derecho a hacerlos”. Esto no es, ni de cerca, ciencia ficción.

Ni la Antártica ni el Mar Austral Circumpolar quedarán fuera del reordenamiento del conjunto del sistema internacional que está ocurriendo. Es más, como antes explicamos, allí se está configurando una situación de competencia geoestratégica de la cual el Estado de Chile no solo debe tener documentada noticia, sino que debe contar con una política pública para enfrentarla. No hacerlo puede ser, incluso, un acto de cobardía.

No olvidemos que en 2014 las advertencias del gobierno norteamericano y de la Otan no disuadieron a Rusia de anexar Crimea, las amenazas de más y costosas nuevas sanciones en 2022 no le impidieron invadir Ucrania. Estos fenómenos ilustran en toda su gravedad las limitaciones del Derecho Internacional y del multilateralismo.

En el Pacífico, sucesivas “líneas rojas” fijadas por Estados Unidos (y sus aliados) al gobierno chino respecto de evitar actos de provocación en, por ejemplo, el Mar Filipino, no evitaron que la Marina china cotidianamente “testee” las capacidades de respuesta de la Marina filipina. Tampoco impidieron agresivos “ejercicios combinados” para visualizar la invasión armada de Taiwán, o el estrechamiento de la cooperación militar con Rusia, en el Pacífico y, también en el Ártico.

Qué decir de las advertencias de la comunidad internacional a Israel para impedir que, después del ataque terrorista islámico de octubre de 2023, ocurriera la destrucción de Gaza.

Este es el inarticulado “mundo de hoy” en el que Chile debe “insertarse”. Nuestra región del planeta no está (ni estará) ausente de la confrontación global de la que ya somos testigos.

Por ello, el país debe estar preparado para detectar, comprender y prepararse para nuevas circunstancias, entre otras, para un acelerada “puesta en valor” geoestratégica de nuestros pasos interoceánicos australes, esto es, el estrecho de Magallanes, el canal Beagle y la ruta del cabo de Hornos, y la importancia de los tres en un escenario de confrontación global que incluya al Cono Sur y a la Antártica.

Chile también debe estar preparado para enfrentar cualquier vicisitud en esta última, una región en la cual nuestros derechos soberanos no sólo están avalados por sólidos argumentos jurídicos y geo-históricos (descubrimiento, presencia y ocupación desde el siglo XIX), sino que por la continuidad geográfica y geológica conforme con la normativa del Derecho Internacional del siglo XXI, tarea prioritaria a desarrollar por el Instituto Marítimo y Polar del Estado.

Para éstas y muchas otras necesidades permanentes de la República debe servir un Instituto Marítimo y Polar del Estado, cuya sede debería ser la propia Antártica.

El fortalecimiento de nuestros derechos y el control efectivo del espacio no pueden hacer “a control remoto”, a miles de distancia.

Debe hacerse in situ, para asegurar que el país que heredamos de nuestros padres y abuelos, al menos en geografía y recursos naturales, será el mismo dejaremos a nuestros hijos y nietos.

Publicado en El Libero