La ceguera invisible en Magallanes

En una ciudad como Punta Arenas, donde las condiciones climáticas ya representan un desafío para la movilidad cotidiana, la vida de las personas ciegas se convierte en una verdadera odisea. No se trata únicamente de un problema de infraestructura, sino de una deuda social y política con la inclusión. 

En esta edición, esta problemática se expone a través del testimonio de Diana Bórquez, integrante de la Agrupación de Amigos de los Ciegos. Su caso es un llamado de atención sobre la falta de accesibilidad real en nuestra ciudad.

A pesar de algunos avances en materia de infraestructura, las personas con discapacidad visual siguen enfrentando barreras que les impiden desenvolverse de manera independiente. Rampas mal diseñadas, ausencia de guías podotáctiles, paraderos inseguros y la falta de señalización sonora en los cruces peatonales son sólo algunos de los obstáculos que hacen de Punta Arenas un entorno hostil para quienes no pueden ver. ¿Cómo puede hablarse de una ciudad moderna cuando parte de su población se ve forzada a depender constantemente de terceros para realizar actividades básicas?

Más allá del desplazamiento, el acceso a trámites y servicios esenciales es otra problemática latente. La dispersión de oficinas municipales y la falta de mecanismos accesibles para personas ciegas imponen un desgaste adicional, tanto físico como emocional. A ello se suman las dificultades económicas, pues quienes no pueden depender del transporte público por su inseguridad deben recurrir a taxis, asumiendo un costo significativo solo por moverse dentro de su propia ciudad.

El problema no es únicamente de infraestructura, sino también de voluntad política. La tecnología puede ser una aliada clave para la inclusión, pero en Chile, herramientas esenciales como los teléfonos con software de accesibilidad siguen siendo inaccesibles para muchas personas debido a su alto costo. Diana lo dice claro: estos dispositivos no deberían ser un lujo, sino una necesidad cubierta por el Estado. La autonomía de una persona ciega no debería depender de su capacidad económica.

Casos como el de Diana nos recuerdan que la discapacidad no es el problema; lo es la indiferencia de una sociedad que sigue sin considerar las necesidades de todos sus ciudadanos. La inclusión no es una consigna, sino una responsabilidad colectiva que involucra al Estado, a los municipios y a la comunidad en su conjunto. Punta Arenas debe dejar de ser un entorno que excluye y convertirse en una ciudad que verdaderamente brinde oportunidades a todos, sin importar sus capacidades.

Es momento de que las autoridades de Magallanes tomen en serio la accesibilidad universal y garanticen medidas concretas para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas. La inclusión no se mide por discursos bien intencionados, sino por acciones reales que permitan que nadie quede rezagado en la oscuridad del olvido.