Fiscal regional cierra investigación del caso Hércules con 7 formalizados y ahora resolverá el destino de la causa

Lucas Ulloa Intveen
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Un 9 de diciembre de 2019 fue el día en que la aeronave Hércules C-130, número 990 “Corvo”, despegó a las 16,53 horas desde la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas con destino al Aeródromo Rodolfo Marsh, en la Base Aérea Eduardo Frei. Llevaba 17 tripulantes y 21 pasajeros aquel lunes, cuando a eso de las 18,13 horas el avión perdió contacto radial. Con este precedente, la Fach declaró como siniestrado el vuelo. La aeronave cayó en el paso Drake, pereciendo los 38 ocupantes.

Este 20 de febrero se llegó a una fecha clave, pues concluyó el plazo para investigar la mayor tragedia aérea que sacudió al país. En este lapso de tiempo, se han formalizado a 7 personas, entre ellos generales activos y otros en retiro, oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea. Desde el trágico accidente, la investigación avanzó lentamente debido a múltiples factores, como la complejidad de los peritajes. Sin embargo, uno de estos factores fue la propia defensa corporativa de la institución militar, negando información clave para la investigación, según han acusado los abogados querellantes.

Sobre la fecha que se cumplió ayer, que consideró ampliaciones de plazos por parte del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, indicó que “una vez que se cierra la investigación, se le otorga al Ministerio Público un plazo de 10 días para que pueda decidir el destino procesal de esta causa. Es por eso que la Fiscalía se encuentra analizando profundamente todos los antecedentes con el objeto de tomar la decisión que en derecho corresponda”.

Para la parte querellante, esta fecha significa algo más. El abogado Maximiliano Delgado González representa a 31 familias víctimas por la caída del Hércules C-130, por cuanto ha ingresado 31 querellas en esta causa. “En estos procesos la idea es avanzar no sólo en la investigación penal sino también en que las familias vayan cerrando ciclos. A medida que los procesos judiciales estén abiertos, ese proceso igual se mantiene un poco truncado”, sostiene Delgado en conversación con La Prensa Austral.

El abogado representa a madres, parejas, viudas, hijos y hermanos de los fallecidos producto del accidente, familias activas y comprometidas con la causa con quien mantiene frecuentemente reuniones. “Necesitamos avanzar. Son 5 años del hecho y 2 años de la formalización, entonces es un hito importante porque nosotros creemos que además hemos reunido antecedentes suficientes no sólo para formalizar a la gente, sino para acusar y eventualmente continuar con el proceso siguiente que es el juicio oral, que busca condena de personas. Y eso es lo que nos interesa”.

Responsabilidad estatal

Desde la parte querellante, que representa el sentir y la voluntad de las familias afectadas por la tragedia, lo que interesa es que se obtengan condenas. “Hay que recordar que esta situación se ha repetido en la Fuerza Aérea de Chile y no sólo es necesario que haya una condena de Estado, que por cierto la tiene que haber, porque hay una responsabilidad estatal, sino también que personas asuman las responsabilidades y las negligencias que se ocasionan en estos cuasidelitos”, sostiene Delgado.

La búsqueda por estas condenas no es antojadiza, sino busca cambiar el operar de la Fuerza Aérea de Chile “en sus actos malos, principalmente”, apunta el abogado.  “Cuando me refiero a que cambien es que efectivamente las decisiones sean distintas, las operaciones se generen de forma diferente, los mantenimientos de las aeronaves y cómo funciona todo el aparataje de la Fuerza Aérea de Chile cambien y generen una seguridad de un estándar mucho más elevado del que tienen hoy en día”.

Con mayor especificación, Delgado subraya que “no tenemos ninguna duda de que las tragedias que les ha ocurrido a esta institución han sido por negligencia y por estándares muy bajos de nivel de alistamiento y seguridad que tienen en este tipo de aeronaves. Que además coincidentemente son las aeronaves que ocupan incluso gente civil, no sólo uniformados”.

Defensa corporativa

“Aquí ha habido una defensa corporativa gigantesca”, consigna Delgado, para proseguir relatando toda la serie de instancias en que la Fuerza Aérea denegó información y documentos técnicos cruciales para determinar los hechos. “Nos han negado información de forma descarada. Nos han negado información, documentos técnicos que eran relevantes. Nosotros entendemos que los imputados y todas las personas tienen derecho a defensa, pero acá los abogados son incluso pagados por la Fuerza Aérea de Chile y han generado todas las instancias procesales para negarnos información técnica que nos permitiera llegar o arribar a conclusiones de este accidente”.

Esta negación para entregar documentación se reiteró desde el Juzgado de Garantía hasta la Corte Suprema, todo con el fin de impedir que tanto la parte querellante como el Ministerio Público tuviera acceso a la información. “Ellos estimaban que esto afectaba a la seguridad nacional, cuestión que es absolutamente discordante con lo que nosotros pensamos: que este tipo de accidentes, sin tener una responsabilidad y sin tener una explicación clara, eso es lo que afecta a la seguridad nacional”, sostiene Delgado.

En ese sentido, el actuar de la Fach a través de sus abogados, “lejos de ayudar o proporcionar ayuda para las víctimas, lo que han hecho es generar toda una serie de cortapisas, de ripios a nuestra investigación, que por supuesto la dirige el Ministerio Público”.

Destino procesal

Llegada la fecha de ayer, comienza a correr el reloj para que hasta el 2 de marzo, el fiscal regional se incline por una de las distintas alternativas. Una de ellas es no perseverar con la investigación, con algunos o con todos los imputados, lo que a juicio de Delgado, “no creemos que va a suceder, en virtud de que no se hayan reunido antecedentes para formular una acusación”.

La otra alternativa es que se acuse. En ese sentido, desde la parte querellante, es alta la expectativa para que esto suceda y se cree que así va a ser. “Nosotros hemos aportado antecedentes técnicos, incluyendo una pericia concedida por las propias familias, donde hemos agregado los antecedentes técnicos como causal de este accidente, que es coincidente además con una pericia contratada y elaborada por la propia Fiscalía, que arriba a las mismas conclusiones”.

A raíz de esta coincidencia en la causa basal del accidente, “estimamos que sí se va a acusar, eventualmente llegará a juicio oral con estas personas y obviamente vamos a buscar una condena o una sanción penal”.

A sabiendas de que la pena para el tipo penal por el que se acusaría es baja, la esperanza es que sea una sentencia simbólica. “Así se lo hemos dicho a las familias. Logramos desarrollar un juicio oral, llevamos a gente, formalizamos, comprobamos, nosotros acreditamos lo que le ocurrió a las personas, contrario a lo que la Fuerza Aérea de Chile y todas estas personas dicen”. 

Dicha conclusión que ha mantenido y defendido la institución militar, a juicio de la parte querellante, es impresentable. “Cómo la institución que es supuestamente experta en aviaciones del país no sabe lo que le ocurrió a un C-130, que es un avión gigantesco que se les cae. Finalmente todo lo que le pasa a la Fuerza Aérea es un caso fortuito y eso ya tiene que haber un punto de término para este tipo de situaciones”. 

“Contamos con los antecedentes para poder acreditar no solo lo que le ocurrió a esta aeronave, que finalmente ocasionó la muerte de 38 personas, sino además las personas que fueron responsables de las acciones y omisiones que permitieron que esta aeronave se destruyera de la forma que se destruyó”, consigna Delgado. 

“Si todos los imputados hubiesen realizado cada una de sus funciones y la institución operara bien, esta tragedia no hubiese ocurrido y con ello las 38 personas no hubiesen muerto. Así de claro y así de trágico es el asunto (
) Nuestra expectativa es que se pueda acusar a la mayor cantidad de estos formalizados y llevarlos al proceso penal final”.

Transversal
indiferencia política

Desde la conversación que ha mantenido con las familias afectadas por la tragedia, la falta de apoyo real y material de parte de las autoridades políticas ha sido nula. Todas las autoridades, desde aquellas que ocupaban altos cargos en el Ministerio de Defensa cuando ocurrieron los hechos, hasta los que han pasado por dicha cartera y otras relacionadas a la causa, han prometido apoyo “tanto humano, logístico o económico para llegar a conocer lo que ocurrió. Esto en lo material se tradujo en nada”.

“Las familias tuvieron que ir a golpear las puertas al Ministerio de Defensa y muchas veces las puertas fueron cerradas en sus narices”, asegura Delgado. “También es doloroso como la autoridad política administrativa, del cual dependen estas instituciones, no se ha comprometido con la investigación y con arribar a conclusiones que permitan un cambio en el funcionamiento y en el trabajo de la institución en el país”.

Uno pensaría que dicha situación podría haberse revertido al tener un Presidente magallánico, conocedor del caso y a quien las familias se le acercaron en su época de diputado. “Generó varios oficios desde su posición para requerir informaciones, pero cuando llegó a la Presidencia eso se cortó, no hubo ningún otro apoyo”, asegura el abogado.