Largo camino aquí y allá

Un reciente fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema obligó a la senadora Fabiola Campillai a retirar de sus redes sociales todas las menciones que afecten la honra de Claudio Crespo, un exoficial de Carabineros.

La decisión no se refiere al ejercicio del periodismo propiamente tal. Asume, sin embargo y así lo dice, la “colisión entre dos garantías constitucionales, a saber, entre el derecho a la honra y al de la libertad de expresión, las que deben ser debidamente ponderadas”.

Agrega que “la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y, por cierto, queda limitada por el derecho al buen nombre que le asiste al afectado por las expresiones deshonrosas que se han vertido en una red social pública”.

El punto es que -más allá de los términos usados por la senadora- Crespo está en la mira de la justicia por varios hechos graves, el más importante de los cuales es el disparo de perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica, durante los disturbios de octubre de 2019.

Este debate entre “dos garantías” es antiguo y nunca ha sido resuelto del todo. En tiempos de comunicaciones instantáneas y redes sociales sin control, obliga a nuevas reflexiones. La consideración básica es que la libertad de prensa es un pilar de toda sociedad verdaderamente democrática. Pero es obvio que tiene límites.

Reafirmar esta convicción es una tarea permanente. Pero ahora, desde Chile hasta el resto del mundo, se ha convertido en prioridad. Más aún cuando el Presidente de Estados Unidos, al completar su frenético primer mes en la Casa Blanca, anunció la decisión de “seleccionar” a los periodistas que cubren las informaciones de la Casa Blanca.

Según su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, el gobierno  asumirá la responsabilidad de elegir qué medios podrán cubrir sus actividades. Hasta ahora, esta tarea recaía en la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. La medida, se explicó, “busca modernizar el acceso a la información presidencial e incluir medios emergentes y plataformas de streaming”.

El intercambio de noticias y opiniones existe desde el pasado más remoto de la humanidad. Pero sólo tras la invención de la imprenta, se hizo necesario sistematizarlo al presentarse un nuevo oficio: el periodismo.

Con el tiempo, se hizo evidente la necesidad de definir dos aspectos básicos: la libertad de expresión como un derecho de todos y la separación, por razones éticas, entre hechos y opiniones.

En la actualidad, la multiplicación de voces que entregan sin distinción algunas noticias y opiniones en las redes sociales, ha llegado incluso a contagiar a los medios tradicionales.

Una respuesta es la tentación de restringir el acceso a las fuentes, como pretende descaradamente Donald Trump. La desafortunada consecuencia es un peligro, no sólo para el periodismo sino para la supervivencia del sistema democrático.

En Chile la decisión de la Corte Suprema en el caso de la senadora Campillai no ha generado polémica en el fragor del verano. Hay que reconocer, sin embargo, que abre el camino en una dirección correcta: en el periodismo tanto la información como la opinión, requieren respaldo sólido. No se trata de ficción ni de mera expresión de deseos.

Es lo que Trump no ha entendido.  Nunca ha querido entender.