Crece la cifra de personas que viven en la calle en Magallanes

La creciente presencia de personas en situación de calle en Magallanes es un fenómeno que se ha intensificado desde la pandemia, sin que existan políticas públicas adecuadas para enfrentar su erradicación. Así lo advirtió Alvaro Rondón, director ejecutivo de Hogar de Cristo, quien señaló que la organización ha constatado un aumento sostenido en la demanda por servicios de acogida y dispositivos de emergencia.

Aunque no existen cifras oficiales actualizadas que permitan dimensionar con exactitud el número de personas en situación de calle, las estimaciones de la red de organizaciones sociales indican que la cifra nacional superaría las 40 mil personas, muy por encima del registro oficial del Ministerio de Desarrollo Social, que contabiliza poco más de 21 mil casos. En Magallanes, la situación no es distinta. Mientras el Registro Social de Hogares identifica a alrededor de 160 personas, los conteos realizados por Hogar de Cristo indican que hay más de 230 de ellas viviendo en las calles de la región, principalmente en Punta Arenas.

El aumento de la población en situación de calle se atribuye a múltiples factores estructurales, siendo la crisis habitacional uno de los principales. Rondón destacó que el déficit de viviendas, junto con el alza sostenida de los arriendos, impide que personas con ingresos bajos puedan acceder a una habitación. En Punta Arenas, el costo mínimo por una pieza supera los 250 mil pesos, sin considerar servicios básicos ni alimentación, lo que deja fuera de las posibilidades de arriendo a quienes perciben ingresos precarios o pensiones mínimas.

La reciente alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $224.004, efectiva desde marzo, ha sido presentada por el gobierno como un avance en la protección social de las personas mayores. Sin embargo, este monto se mantiene por debajo de la línea de pobreza para una persona sola, fijada en $234.513, evidenciando la insuficiencia del sistema para garantizar condiciones mínimas de vida digna. De acuerdo a la Fundación Sol, la PGU sólo es posible cubrir gastos básicos como alimentación, que estima en 150 mil mensual, es decir unos 5 mil pesos diarios, cuentas básicas por un valor de 44 mil y sólo le quedan poco más de 40 mil pesos, dejando fuera otros aspectos esenciales para la vida cotidiana, por ejemplo arriendo o salud.

A este contexto se suma el impacto prolongado de la pandemia, que afectó especialmente a quienes se desempeñaban en trabajos informales o por cuenta propia. La pérdida de esos ingresos empujó a muchas familias a la calle, sin que existieran mecanismos de apoyo que permitieran paliar la crisis de manera transitoria. La falta de redes de apoyo, así como la precarización laboral, ha contribuido a un proceso de empobrecimiento que, en muchos casos, ha llevado a la cronificación de la situación de calle.

Las consecuencias de vivir en la calle van mucho más allá de la privación material. La exclusión social, la violencia y el deterioro de la salud física y mental son parte de la cotidianidad para quienes viven en las calles. Según la experiencia de las organizaciones que trabajan con esta población, los problemas de salud mental, el consumo problemático de sustancias y las enfermedades crónicas se ven agravados por la falta de acceso a atención médica oportuna. Además, la ausencia de redes familiares o comunitarias impide que las personas puedan romper con el círculo de la pobreza y la marginalidad.

Desde el Hogar de Cristo, advierten que las soluciones actuales se centran únicamente en la emergencia, con dispositivos que buscan evitar muertes en la calle, pero sin una política integral de erradicación. La falta de programas de vivienda transitoria, arriendos protegidos o dispositivos especializados impide que las personas puedan salir de la calle, perpetuando ciclos de exclusión y vulnerabilidad. 

El panorama en Magallanes se complejiza aún más por las condiciones climáticas extremas que hacen que la vida en la calle implique un riesgo permanente para la integridad física. A pesar de esto, la región cuenta con una oferta muy limitada de albergues y dispositivos de emergencia, los cuales funcionan sólo durante el invierno y con capacidad insuficiente para la demanda existente.

Se espera que el apartado del Censo, realizado el año pasado, entregue este año un diagnóstico más cercano a la realidad sobre la magnitud del fenómeno. Sin embargo, desde la organización recalcan que la única manera de abordar el problema de forma efectiva es reconocerlo como una vulneración de derechos y avanzar hacia políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda como base para la integración social.