8M: Los desafíos de mayor seguridad para las mujeres y niñas

Llegamos a un nuevo 8 de marzo con avances importantes en estos últimos años como la Ley de Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, la Ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres, la prohibición del matrimonio con adolescentes menores de edad, entre otras medidas. A nivel nacional, nos quedan muchos desafíos como seguir incorporando a la mujer al mundo laboral, que esperamos se logre con el proyecto de Sala Cuna para Chile y la consolidación de un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. 

Sin embargo, en Magallanes hay una arista que hemos discutido mucho estos años y que no hemos abordado desde la mirada de las mujeres. Se trata de la seguridad, pero de la seguridad dentro de nuestros hogares. Es que en Magallanes las mujeres están más inseguras adentro de la casa. 

Durante el año 2024 se registraron 1.011 denuncias por violencia intrafamiliar, es decir, 551 denuncias cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas en todo el país. Es por ello, que presentamos un proyecto que prohíbe la tenencia y porte de armas a personas denunciadas y/o imputadas por violencia intrafamiliar, para proteger a las víctimas de violencia y prevenir femicidios, iniciativa que incorporamos en la agenda Fast Track 2.0 de seguridad a nivel nacional.

En la región hemos visto a hombres que agreden a sus parejas, llega Carabineros y cuando proceden a la detención, esta persona se parapeta en la casa con un arma de fuego, lo que genera temor no solo en esa familia, sino en todo un barrio. Es por ello que prohibir el acceso a armas de fuego a agresores denunciados resulta clave como una medida preventiva para garantizar cada vez más un entorno seguro para las familias. Proteger a los más vulnerables y garantizar hogares seguros debe ser una directriz que logre este proyecto. 

Otra situación urgente que tenemos que resolver como región es la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, donde encabezamos a nivel país la tasa más alta con 294 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra que ha ido en aumento durante los últimos años. Generalmente son niñas y adolescentes, y tienen mayor riesgo de sufrir este tipo de delitos quienes están bajo el resguardo del Estado.

Conmoción generó el caso que ocurrió en febrero del año pasado, cuando dos trabajadores de una constructora, aprovechando el ingreso a una residencia de niños, niñas y adolescentes, abusaron de dos niñas, drogándolas y llevándolas a un motel para abusar de ellas. Erradicar estos dramáticos hechos conlleva un trabajo en conjunto que se realiza en la región mediante las policías, la delegación, organismos de protección y la sociedad civil. Pero también el mundo privado debe involucrarse para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes magallánicos. 

Además de las capacitaciones que se realizan al mundo hotelero y locales nocturnos, presentaré un proyecto de Ley que busca integrar la regulación de ingreso a infancias y jóvenes a hoteles, hostales, moteles y/o cualquier otro establecimiento que presta servicios de alojamiento, dado que son espacios en donde hay una prevalencia de violencia y abusos sexuales. Lo mismo para los servicios de transporte, a fin de prevenir traslados ilícitos o sospechosos de menores. Estas situaciones que conocemos todas las semanas a través de la prensa regional tienen que parar. Debemos resguardar a los niños, niñas y adolescentes de nuestra región.