El problema no son las armas

Sin entrar en el juego del populismo penal, que tiene que ver con la instalación de discursos políticos que solicitan mayores penas, mejores y más seguras cárceles, mayores facultades a las policías para combatir el crimen y otorgar garantías de seguridad a la población, me parece necesario pronunciarme respecto a las ideas de dotar de armas y mayores atribuciones a los funcionarios municipales que desempeñan labores de seguridad y fiscalización, incrementar las penas por atentados a la integridad de los funcionarios cuando cumplan funciones en materia de seguridad o fiscalizaciones y, en general, ampliar o extender las facultades de la policía a otras personas que no son policías, pero que detentan labores de seguridad comunal.

Desde ya manifiesto que no me opongo a todas estas ideas o aportes en el tema de seguridad, pero es necesario tener presente una serie de cuestiones previas fundamentales que paso a exponer.

Una primera cuestión está dada por que cualquier tipo de arma, letal o no, requiere de mucha preparación y capacitación de las personas que las van a utilizar, de modo tal que asegure su efectividad y, especialmente, que su uso no redunde en daños, lesiones o muerte de terceros; en efecto aún con toda la preparación previa, muchas veces los resultados son terribles, pues las circunstancias en que se producen las desgracias no son las mismas que se consideran en las capacitaciones, ni tampoco se pueden reproducir en los ensayos o simulacros. La preparación o capacitación antes dicha, debe de ir de la mano, además, con evaluaciones periódicas y asistencia psicológica permanente a quienes deben detentar tan importante facultad de control delictual, pues el uso de cualquier arma requiere, no solo una condición física espléndida, si no que una estabilidad metal a toda prueba que permita minimizar la existencia de arbitrariedades, abusos o usos abusivos.

Por supuesto que el ejercicio de estas tareas debe estar acompañada de una contraprestación de los servicios en un nivel y monto adecuado y proporcional a la importancia de las tareas que se asumen.

Por otra parte, hay que tener presente que, como lo señala el hombre araña: “un gran poder implica una gran responsabilidad” y ello no se traduce en la frase mañosa de algunos dirigentes que precisan que asumen su responsabilidad política, cuando sabemos que nunca la asumen y cuando la asumen no se traduce en nada práctico, ejemplos hay por montones; se trata que, ante un error, un daño, un uso indebido o incorrecto de las armas o procedimiento, la entidad que sostiene o integra en su estructura estas tareas, asuma pecuniariamente sus responsabilidad, esto es, en buen chileno, que pague en dinero los errores que cometa y acá está en principal problema, pues las entidades públicas pueden tener presupuesto para esto, pero si hay responsabilidad administrativa en los hechos que acontezcan, los jefes superiores de servicio pueden y den ser responsables patrimonialmente, incluso con sus bienes, de dichas situaciones, pues el problema no es si mejora o empeora la seguridad pública con esto, el problema es que la seguridad no puede significar una afectación, daño o perjuicio a personas, hombres y mujeres, inocentes o sus bienes y, como comprometer recursos ajenos siempre se fácil, la pregunta de rigor es si los jefes de servicio, alcaldes u otros, estarían dispuesto a garantizar con su patrimonio el correcto funcionamiento de un sistema punitivo privado, fuera del ámbito de las fuerzas de orden y seguridad.