Recurren de amparo a favor de adolescente con discapacidad que permanece hospitalizado sin justificación médica

En un caso que ha generado preocupación y debate sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile, un adolescente de 16 años con un 92,5% de discapacidad, lleva meses hospitalizado en el Hospital Clínico de Magallanes sin una justificación médica que avale su permanencia en dicho centro asistencial. Esto, pese a que existe una orden judicial firme que dispone su ingreso a un programa residencial de protección especializada.

El caso ha llevado al programa “Mi Abogado” de la Corporación de Asistencia Judicial de Magallanes, a interponer un recurso de amparo en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (SPE), representado por su director nacional, Claudio Castillo Castillo.

Los abogados representan a un adolescente con múltiples diagnósticos de salud y antecedentes proteccionales que lo han mantenido bajo el cuidado de diversos programas de la red de protección estatal. Durante el primer semestre de 2024, a raíz de una descompensación en términos de salud mental ingresa al Hospital Clínico, instancia en la cual se determinó que el adolescente se encontraba en riesgo vital.

Esto motivó al Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales a ordenar su ingreso a una Unidad de Hospitalización de Corta Estadía Psiquiátrica (UHCIP) en agosto de 2024, para efectos de manejo de patología.

Sin embargo, a la fecha, el adolescente sigue hospitalizado sin indicación médica que justifique su permanencia, lo que ha sido calificado por sus representantes legales como una internación indebida que vulnera sus derechos fundamentales, especialmente su libertad ambulatoria.

La orden judicial incumplida

El 13 de enero de 2025, el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales dictó una resolución firme y ejecutoriada que ordenaba el ingreso del adolescente a un Programa Residencial de Modalidad del Servicio de Protección Especializada. No obstante, el servicio no ha cumplido con esta orden, lo que ha mantenido al adolescente en el hospital en condiciones de alta médica, sin acceso a un entorno adecuado para su desarrollo integral.

Los abogados argumentan que esta situación equivale a una institucionalización forzada, que no sólo afecta el desarrollo psicosocial del adolescente, sino también podría configurarse como un trato cruel e inhumano. Además, destacan que la hospitalización prolongada sin necesidad clínica genera estrés, ansiedad, deterioro emocional y exclusión social en el adolescente, visualizando que no se han desarrollado los ajustes razonables del caso, considerando además el porcentaje de discapacidad que mantiene.

El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas se basa en la Constitución Política de la República, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Los abogados sostienen que el SPE ha incumplido su obligación de garantizar el interés superior del niño, principio rector en materia de derechos de la infancia. Además, señalan que la falta de acción por parte del servicio ha privado al adolescente de su libertad personal y ambulatoria, derechos consagrados en el artículo 19 N°7 de la Constitución.

En el recurso, los abogados solicitan a la Corte que acoja el recurso de protección y declare que el adolescente ha sido afectado ilegal y arbitrariamente en su derecho a la libertad personal; ordenar al SPE asignar un cupo en un programa de Residencia Especializada, tal como fue dispuesto por el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales; concretar el traslado del adolescente a la región que corresponda, considerando que se encuentra en condiciones de alta médica.

Este caso pone en evidencia las falencias del sistema de protección especializada en Chile y la necesidad de que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los derechos de los niños y adolescentes, especialmente aquellos en situación de discapacidad. Mientras espera una solución definitiva, su permanencia en el hospital sin justificación médica se presenta como una afrenta a su dignidad y derechos fundamentales, se plantea en la acción legal.

Cámara de Diputados solicita informes al Servicio de Protección por casos de vulneración de derechos de adolescentes

La Cámara de Diputados emitió un oficio dirigido al Servicio de Protección Especializada, solicitando información detallada sobre dos casos particulares de vulneración de derechos de adolescentes que han permanecido hospitalizados por largos periodos a la espera de cupos en residencias. La solicitud se enmarca en las denuncias realizadas por la diputada Ana María Gazmuri, quien expuso graves falencias en el sistema de protección a la niñez y adolescencia, específicamente en los casos de un adolescente de la comuna de San Miguel y una adolescente de Punta Arenas.

La diputada Gazmuri relató el caso de una adolescente de Punta Arenas que permanece esperando un traslado a una residencia fuera de la Región de Magallanes debido a la falta de oferta programática en su zona. El Juzgado de Familia de Punta Arenas ordenó a Mejor Niñez gestionar la derivación correspondiente, pero el organismo no ha dado una respuesta oportuna.

Solicitudes de la Cámara de Diputados

Ante estos antecedentes, la diputada Gazmuri manifestó que estos casos evidencian la insostenibilidad del sistema de protección a la niñez y adolescencia. En consecuencia, la Cámara de Diputados ha solicitado al Servicio de Protección Especializada que rinda cuenta de las gestiones realizadas en estos casos, cuyos antecedentes serán remitidos directamente a Secretaría debido a su carácter reservado.

Además, se ha requerido un informe detallado sobre la cantidad de causas a nivel nacional que se encuentran en situaciones similares, con derivaciones a residencias pendientes. También se solicitó información sobre los mecanismos de coordinación entre Mejor Niñez y otros sectores como salud, educación y Senda, así como un detalle sobre las deudas impagas por parte del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia con centros privados de salud mental.

La diputada Gazmuri enfatizó la necesidad de abordar estas falencias de manera urgente, señalando que “estos casos no sólo reflejan la desprotección de los niños y adolescentes, sino también la falta de empatía y preparación de algunos profesionales involucrados en su atención”.