Avances judiciales confirman adopciones ilegales en Magallanes

La reciente confirmación de las primeras sentencias por secuestro de menores con fines de adopción en Chile ha marcado un precedente en la lucha por la verdad y la justicia para las víctimas, que dejó profundas cicatrices en cientos de familias a lo largo del país. La investigación, que ha sido liderada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, ha posibilitado acreditar judicialmente que estas prácticas fueron parte de un sistema que operó durante décadas con la complicidad de funcionarios públicos, profesionales de la salud e instituciones religiosas.

El trabajo de organizaciones como la Fundación Hijos y Madres del Silencio ha sido fundamental para visibilizar estos crímenes, que afectaron a familias vulnerables, muchas de ellas en regiones apartadas como Magallanes. La propia fundación ha identificado que al menos nueve de los 50 casos denunciados en la región se encuentran judicializados, lo que revela que la sustracción de menores para adopciones ilegales no fue un fenómeno exclusivo de la capital, sino una práctica sistemática que se extendió a lo largo de todo el territorio nacional.

La llegada de la fundación a Punta Arenas ha sido clave para orientar a las familias que aún buscan respuestas sobre el destino de sus hijos. Muchos de los casos en la región se habrían gestado en hospitales públicos, donde madres en situación de pobreza fueron engañadas o coaccionadas para entregar a sus hijos recién nacidos, bajo el argumento de que no podían hacerse cargo de su crianza. Esta situación se habría visto agravada por la falta de información, la confianza depositada en los profesionales de la salud y el aislamiento geográfico que dificultaba la comunicación con otras víctimas o la posibilidad de iniciar acciones legales.

El testimonio de las víctimas ha sido determinante para avanzar en los procesos judiciales. Muchas de las madres afectadas relatan que nunca recibieron documentación oficial que acreditara el fallecimiento de sus hijos, y que las versiones entregadas por los hospitales eran confusas o contradictorias. En algunos casos, las familias descubrieron años después que sus hijos habían sido inscritos con otros apellidos o trasladados a otras regiones o países, en un entramado que involucraba redes de adopción internacional.

El avance judicial que ha permitido establecer las primeras condenas representa un paso significativo para las víctimas, quienes por años han luchado por el reconocimiento de estos delitos como crímenes de lesa humanidad. La calificación de estos hechos como tales no sólo implica el reconocimiento de su gravedad, sino que también establece que los crímenes no prescriben, lo que abre la posibilidad para que nuevas denuncias puedan ser investigadas y sancionadas, sin importar el tiempo transcurrido.

Sin embargo, la búsqueda de justicia continúa, y se espera que las conclusiones de la mesa interministerial que ha trabajado durante el último año permitan al Estado adoptar medidas concretas para la reparación y reunificación de las familias afectadas. Entre las demandas de las organizaciones está la creación de un registro nacional de víctimas, el acompañamiento psicológico gratuito para las familias y la facilitación de pruebas de ADN para la identificación y reencuentro con los hijos desaparecidos.

En Magallanes, la presencia de la Fundación Hijos y Madres del Silencio ha abierto una puerta para que más víctimas puedan denunciar y sumarse a esta lucha colectiva por la memoria y la verdad. La posibilidad de que se reconozca la sistematicidad y la participación de agentes estatales en estos crímenes no solo permitiría acceder a la justicia, sino también contribuir a la reparación del daño causado a cientos de familias que aún esperan respuestas.