Integrante de familia Nandwani zafó del arresto domiciliario total que postulaba la Fiscalía tras formalización

• Investigación por declaraciones maliciosamente falsas e infracción a Ley de Zonas Francas.

Cambiando completamente la estrategia legal y comunicacional, para no repetir errores, el equipo jurídico de la familia Nandwani presentó ayer a Laju Nandwani Vaswani, comerciante de 64 años de edad, citada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas a audiencia de formalización de cargos solicitada por el Ministerio Público.

El supuesto delito tributario en que habría incurrido, junto a su hermano Sunil (quien aún no comparece) sería por presentar “declaraciones maliciosamente falsas”, e infracción a Ley de Zonas Francas.

Conectada desde su domicilio vía “Zoom”, Laju escuchó al fiscal Oliver Rammsy Dickinson explayarse sobre los hechos contemplados en la formalización de cargos.

La imputación es porque en su calidad de representante legal de la Sociedad Real y Compañía Limitada presentó declaraciones de Impuesto al Valor Agregado “incompletas o falsas”, entre los periodos tributarios junio de 2018 y diciembre de 2023.

Con pago de impuestos mucho menores a los que verdaderamente correspondían. Esto la llevó a cometer el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 del Código Tributario en estado de consumado y en calidad de autora, expuso el fiscal.

Parte de los antecedentes que se escucharon en la audiencia son que a través de la Sociedad Real (usuaria de Zona Franca desde 2006), la empresa vendió y enajenó un total de 442 vehículos nuevos, de diferentes marcas a la sucursal que la misma firma tiene en Coyhaique.

El presunto delito que imputa el Ministerio Público dice relación con que unos 427 vehículos fueron vendidos a través de contratos privados de compraventa ante notario público y otros 15 vehículos mediante el Registro Civil e Identificación de Chile. Pero por estas ventas no se emitieron documentos tributarios, como facturas. El Impuesto al Valor Agregado (Iva) por estas ventas no se declaró en los respectivos formularios 29.

Según el fiscal, y a la querella del Servicio de Impuestos que abrió esta investigación, la imputada, en su calidad de usuaria de Zona Franca, extendió los beneficios del régimen que ampara al recinto amurallado de Punta Arenas, siendo que sólo es aplicable en la Zona Franca Primaria o también llamado recinto franco de la capital de Magallanes.

La ley es clara en beneficiar con la exención de Iva las ventas de las mercancías extranjeras sólo para el recinto de Punta Arenas, “por ser el único que goza de excepción de extraterritorialidad aduanera”.

Los vehículos fueron importados desde Zona Franca de Punta Arenas a la ciudad de Coyhaique (mediante Solicitud Registro Factura, SRF) a nombre de la misma empresa, Sociedad Real y Compañía Limitada. Y los inscribieron a su propio nombre para obtener la placa patente.

El fiscal dijo que el perjuicio para el fisco es de $1.053.210.672, que actualizado a enero 2025, alcanza la suma de $1.281.404.732 por concepto de Impuesto al Valor Agregado.

Por el Servicio de Impuestos Internos compareció el abogado querellante Jorge Mihovilovic. Y por el equipo jurídico de la familia Nandwani, Germán Ovalle, de forma presencial; Juan Carlos Manríquez y Sergio Salas Arriagada, ambos se conectaron por “Zoom”.

Por seis horas se extendió la audiencia de formalización de cargos. El fiscal pidió el arresto domiciliario total para la imputada. Los defensores se opusieron, con extensos argumentos jurídicos, y al final la jueza Paula Stange sólo impuso el arraigo regional, por los 8 meses que dure la investigación.

Queda pendiente la audiencia de formalización, por los mismos cargos, en contra de Sunil Nandwani, para quien la Corte Suprema mantuvo ayer la orden de detención por no presentarse a las audiencias agendadas con este motivo.