Tras reiterados desacatos, justicia ordena tratamiento integral para adolescente en riesgo

En una audiencia extraordinaria celebrada en el Juzgado de Familia a mediados de esta semana, se decretaron una serie de medidas de protección a favor de una adolescente de 17 años quien ha sido víctima de graves vulneraciones de derechos, incluyendo explotación sexual comercial infantil y consumo de sustancias tóxicas. El Tribunal determinó priorizar su atención en salud mental y física, así como su rehabilitación integral, en cumplimiento de la Ley de Garantías Generales de Protección de la Infancia y la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Tribunal ordenó el ingreso de la adolescente a la Residencia de Adolescentes de Magallanes, donde permanecerá hasta su traslado a la Clínica Mirandes en la Región Metropolitana. Durante este proceso, la adolescente se mantendrá en la Unidad de Hospitalización de Crisis Infanto-Juvenil (UHCIP), preservándose el vínculo afectivo con su madre. La Clínica Mirandes, ubicada en Manquehue, Santiago, recibirá a la joven para un tratamiento especializado, cuyos costos serán asumidos íntegramente por el Servicio de Protección Especializada. 

La medida de protección fue decretada por un plazo inicial de 60 días, con la posibilidad de prórroga si no se cumplen los objetivos planteados. De hecho, el tribunal rechazó el egreso de la adolescente desde el Programa de Protección Especializada (PEE) de la ONG Raíces, extendiendo su estadía por 90 días a partir del 7 de abril. Los programas involucrados deberán remitir informes mensuales al tribunal, bajo la advertencia de multas en caso de incumplimiento, conforme al artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Además, el Servicio de Protección Especializada deberá asumir los costos de los traslados de la adolescente y de su madre para las visitas reguladas en el plan de intervención. En caso de ser necesario, se ordenó la contratación de un profesional para acompañamiento 24/7. Una vez que la adolescente reciba el alta de la Clínica Mirandes, continuará su tratamiento psicoterapéutico en el Grupo Clínico Más, especializado en trauma complejo, servicio que también será costeado por el Servicio de Protección Especializada.

La resolución judicial fue aceptada por todas las partes involucradas, quienes renunciaron a los recursos y plazos legales, considerándose firme y ejecutoriada. El Servicio de Protección Especializada deberá informar al tribunal la fecha de traslado de la adolescente, la cual no podrá exceder los cinco días hábiles. 

Cabe señalar que estas medidas mandatadas por el sistema de justicia llegan luego de múltiples y reiterados desacatos a las órdenes judiciales emitidas con anterioridad, en un caso que ha puesto sobre la palestra la protección de los servicios de salud hacia los jóvenes. Pese a que la familia espera que esta vez sí sean aplicados los tratamientos, la madre aún no ha recibido contacto respecto.