Slep Magallanes: entre la soberbia técnica y el fracaso político

El conflicto que mantiene a unos 11 mil estudiantes de Magallanes sin clases y que entra en su cuarta semana de paralización no es simplemente una crisis educativa; es el síntoma de un sistema que está presentando tempranamente varias falencias, con una estructura pública que fue prometida como solución, pero que ha demostrado una preocupante incapacidad para gestionar, prever, comunicar y, sobre todo, responder.

El Servicio Local de Educación Pública (Slep) Magallanes no ha estado a la altura del desafío que implica hacerse cargo del sistema educativo en una región con necesidades específicas y un historial de conflictos arrastrados desde las corporaciones municipales. A pesar de que las autoridades sabían del déficit heredado, de los problemas de infraestructura y de las exigencias salariales pendientes, se avanzó en el traspaso sin la preparación adecuada, creyendo —erróneamente— que la institucionalidad bastaba para ordenar lo que por años había sido una bomba de tiempo.

Hoy esa bomba ha estallado. Y lo ha hecho con una virulencia potenciada por errores de gestión y un manejo comunicacional desastroso. Declaraciones desafortunadas como “compramos microondas” en lugar de hablar de planificación presupuestaria, o comunicados que desacreditan al profesorado, no sólo han profundizado el malestar, sino que han demostrado una alarmante falta de tino político. Mientras tanto, la dirección del Slep ha estado ausente, incapaz de conducir una negociación efectiva, sin lograr siquiera contener la escalada de indignación.

El problema no es únicamente presupuestario. Es también de diseño institucional: una estructura que no tiene la agilidad de un sostenedor privado, como lo era la Cormupa, para enfrentar demandas inmediatas. Las licitaciones se demoran, los suministros no llegan a tiempo, y los permisos administrativos se ofrecen como moneda de cambio cuando los profesores exigen condiciones laborales dignas y estabilidad. Todo ello, sumado a una planta de funcionarios mal dimensionada y una dirección que ha perdido legitimidad, dibuja un panorama preocupante.

Además, el impacto de esta crisis va mucho más allá del conflicto entre gremios y autoridades. Son miles de estudiantes los que están viendo vulnerado su derecho a la educación, especialmente aquellos de sectores más vulnerables, quienes no tienen acceso a apoyos externos, clases particulares o redes familiares que puedan amortiguar la pérdida de aprendizaje. La brecha se amplía y el daño es profundo.

Lo más grave es que, según voces expertas, esta situación era evitable. Se pudo haber anticipado en diciembre, con una negociación presupuestaria clara, reconociendo las limitaciones del sistema, gestionando expectativas y trazando una hoja de ruta con los gremios. No se hizo. Hoy, la falta de planificación se paga con licencias médicas por estrés, jornadas de movilización que se extienden sin solución a la vista y una ciudadanía que observa con indignación cómo el nuevo modelo se tambalea.

Magallanes no puede permitirse este nivel de improvisación. El Slep debe reconstruir confianzas, demostrar capacidad real de gestión y convocar a todos los actores a una solución que priorice a quienes más importan: los estudiantes. Porque lo que está en juego no es sólo un modelo administrativo, sino el futuro educativo de toda una generación.