Comunidades locales protestan contra foro del Bid

Varias comunidades locales alzaron la voz y protestaron en contra del Foro Internacional de Inversiones organizado por el Bid, en conjunto con el gobierno regional. A través de un comunicado público denunciaron que fueron excluidos del debate y exigieron una transición energética justa y participativa. Alegaron que en la implementación de la industria del H2V no se ha considerado los impactos sociales, ambientales y culturales.

“No aceptaremos espacios de participación a medias. Interpelamos directamente al Bid: ¿cómo se harán cargo de la desigualdad que esta industria energética generará en Magallanes?”, dispararon las organizaciones sociales.

Las organizaciones acusaron que el modelo de financiamiento actual, promovido por el Bid, transforma el concepto de “transición energética justa” en un mero eslogan que abre paso a nuevas oportunidades de negocios para el norte global, mientras los países del sur, como Chile, asumen el endeudamiento y las consecuencias del extractivismo. “Invisibiliza la usurpación de territorios, cuerpos, formas de vida y saberes tradicionales”, advirtieron.

En particular, las comunidades locales denunciaron que la industria del hidrógeno verde en Magallanes representa una nueva ola de “colonización verde”, que transforma a la región en una zona de sacrificio al servicio de las necesidades energéticas de los países desarrollados.

“Magallanes tiene una población de poco más de 180.000 habitantes, una baja densidad demográfica y escasa infraestructura para soportar proyectos industriales de gran escala. No contamos con puertos ni carreteras adecuadas, y sólo tenemos un hospital de alta complejidad. En este escenario, el Bid decide endeudar al Estado con US$400 millones, traspasados a Corfo, sin garantías de que esta inversión se traduzca en justicia social”, sostienen.

También alertaron sobre las consecuencias sociales de este tipo de megaproyectos, entre ellas la gentrificación, el colapso de los sistemas sociales y sanitarios, y la precarización de la vida en los territorios.

A ello sumaron la preocupación por los cambios legislativos impulsados por el gobierno, como la Ley Marco de Permisos Sectoriales y la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.