Slep: entre el conflicto y la responsabilidad educativa

La crisis en la educación pública de Magallanes ha escalado hasta convertirse en un punto crítico que involucra no sólo a los actores locales, sino también a las más altas autoridades del país. El reciente paro de profesores a raíz del conflicto con el Servicio Local de Educación Pública (Slep) y las declaraciones del Presidente Gabriel Boric y del Director de Educación Pública han dejado al descubierto fallas estructurales y tensiones profundas entre expectativas y realidades.

Durante su visita a la región, el Presidente Boric fue claro: tiene una “muy mala evaluación” del desempeño del director del Slep de Magallanes, Mario García. En un tono inusualmente directo, el Mandatario criticó su rol en el conflicto con el gremio docente, dejando entrever que las decisiones tomadas localmente -particularmente la oferta de un aumento salarial fuera de norma- no sólo fueron irresponsables, sino también dañinas para el proceso en su conjunto.

Las palabras del Presidente no cayeron en el vacío. Rodrigo Egaña, director nacional de Educación Pública, profundizó en la raíz del conflicto: un ofrecimiento unilateral e inviable desde el punto de vista legal y presupuestario por parte de la dirección local del Slep. Según Egaña, esta promesa generó expectativas fuera de lugar entre los docentes, lo que ha derivado en un conflicto que, lejos de centrarse en la calidad de la enseñanza o las condiciones del aula, se ha transformado en una batalla por demandas económicas imposibles de materializar a nivel nacional.

Aquí no se trata de deslegitimar las demandas del profesorado -históricamente postergado-, sino de entender que la institucionalidad existe por una razón: asegurar equidad, planificación y sostenibilidad. Una oferta aislada, fuera del marco legal, no sólo quiebra la confianza en las instituciones, sino que compromete seriamente los derechos de miles de estudiantes que, mientras los adultos discuten, siguen sin clases.

En su defensa, el gobierno ha recordado que el nuevo modelo de administración educativa, a través de los Slep, busca precisamente corregir las fallas del pasado, heredadas de las gestiones municipales deficitarias. Y, en efecto, se reconocen avances en infraestructura, asistencia y resultados académicos, como los positivos datos del Simce. Pero todo eso corre el riesgo de diluirse si no se retoman los caminos del diálogo institucional, de la seriedad presupuestaria y del respeto al marco legal.

La educación pública no puede ser rehén de decisiones improvisadas ni de conflictos que se alejan del aula. Si la meta es construir un sistema sólido, equitativo y sostenible, entonces es imprescindible que todos los actores -docentes, directivos, autoridades y ciudadanía- actúen con responsabilidad, con altura de miras y, sobre todo, pensando en las y los estudiantes como el centro de toda política pública educativa.