Un 10 por ciento crecieron las denuncias ante la Superintendencia de Educación

El número de denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación en Magallanes experimentó un aumento sostenido en los últimos años, alcanzando un total de 214 casos en 2024. De acuerdo con el informe actualizado al 31 de diciembre, esta cifra representa un incremento del 10,88% respecto de 2023, cuando se registraron 193 denuncias.

Los datos muestran que la cantidad de casos reportados ha ido en aumento desde la reactivación de las clases presenciales tras la pandemia. En 2022, el número de denuncias llegó a 166, lo que significó un aumento del 621,74% en comparación con las 23 registradas en 2021, cuando las restricciones sanitarias y la educación a distancia aún marcaban la dinámica escolar. Con 214 denuncias en 2024, la cifra se ubica en el nivel más alto de la última década, superando, incluso, los años anteriores a la pandemia. En 2019 se reportaron 109 denuncias y en 2018 la cifra alcanzó las 147.

Las situaciones denunciadas incluyen casos de violencia entre estudiantes, maltrato por parte de docentes o asistentes de la educación, conflictos relacionados con la aplicación de medidas disciplinarias y episodios de discriminación. La Superintendencia ha señalado que la mayoría de los casos reportados están vinculados a problemas de convivencia escolar, con énfasis en situaciones de maltrato a estudiantes y párvulos.

Desde la perspectiva de los docentes, la situación representa un desafío complejo. Alicia Aguilante, presidenta regional del Colegio de Profesores, plantea que los educadores no sólo enfrentan la tarea de impartir conocimientos, sino también deben lidiar con problemas de convivencia que requieren, de mayor apoyo que no existe en los colegios. En su opinión, es necesario que los colegios cuenten con más herramientas para gestionar estos conflictos de manera efectiva y que las familias asuman un rol más activo en el proceso educativo de los estudiantes.

El aumento de las denuncias en Magallanes deja en evidencia la necesidad de avanzar en políticas efectivas de protección de derechos en el ámbito escolar. Aunque la mayor cantidad de informes podría indicar que los estudiantes y sus familias están más empoderados para exigir soluciones, las cifras reflejan que los conflictos siguen siendo una realidad preocupante en la convivencia educativa. La comunidad escolar, por su parte, insiste en que la clave para revertir esta tendencia está en el trabajo conjunto entre autoridades, docentes, familias y estudiantes.