Informe parlamentario revela irregularidades de Procultura y toca arista de Magallanes

• Uno de los aspectos que relevó el grupo investigador fue la comunicación directa entre el gobernador Flies y Alberto Larraín, director ejecutivo de la Fundación, lo que -a su juicio- revela “un nivel significativo de cercanía personal y fluidez en las gestiones vinculadas al otorgamiento de recursos públicos a dicha Fundación”.

Un extenso informe de la Comisión Especial Investigadora N°61 de la Cámara de Diputadas y Diputados reveló serias irregularidades en la asignación de recursos públicos a la Fundación Procultura desde 2019 a la fecha.

En síntesis, la comisión detectó que los hechos vinculados a la Fundación “no constituyen casos aislados o excepcionales, sino más bien una problemática recurrente y sistemática que involucra diversas instituciones y actores públicos”.

En la etapa de ejecución de los proyectos que estuvieron bajo su escrutinio y que tocaron a las regiones Metropolitana, Ñuble, Valparaíso, Magallanes, Biobío y Antofagasta, el grupo parlamentario constató “una grave negligencia en la supervisión efectiva del desarrollo de las actividades comprometidas”. Quedó en evidencia “una compleja e intrincada red de empresas relacionadas directa o indirectamente con integrantes, cercanos o colaboradores de la Fundación Procultura”, lo que levanta “severas duras y cuestionamientos sobre la transparencia y probidad en la administración de recursos públicos”.

En la arista Magallanes de esta investigación, se identificaron deficiencias en la rendición de cuentas, sobreprecios y la cercanía entre el gobernador Jorge Flies y el director ejecutivo de la Fundación, Alberto Larraín.

Según el modus operandi de “asignación directa” o “convenio express”, el informe repara que ello también se usó en lo que toca a Magallanes.

El informe va más allá del plano administrativo y expone vínculos personales entre Flies y Larraín, con comunicaciones directas e intervenciones que, según la comisión, debieron activar mecanismos de abstención por posible conflicto de interés. La comisión hace ver que la omisión de dichas medidas representaría una falta grave a la probidad administrativa.

La investigación advierte que la relación entre Flies y Larraín no sería aislada. En varias regiones del país, se documentaron relaciones estrechas entre autoridades regionales y directivos de la fundación.

Este medio solicitó al gobierno regional una reacción sobre este informe, pero extraoficialmente se indicó que el gobernador Flies no estaba en Punta Arenas y, al cierre de esta edición, no se había logrado la versión requerida.

Resumen del informe sobre
lo investigado en siete regiones

1. Consideraciones previas

Procultura recibió cerca de 6.000 millones de pesos en al menos siete regiones del país. Se identifican irregularidades sistémicas en asignación, ejecución y rendición de fondos públicos.

2. Sobreprecios y gastos irregulares

Se documentan compras con sobreprecio, gastos sin respaldo y servicios externalizados a empresas vinculadas. Ejemplo: el programa “Quédate” en la RM con más de 1.000 millones de pesos sin rendición completa.

3. Fallas en el control institucional

La debilidad de los controles permitió un uso discrecional de recursos. Se citan validaciones técnicas superficiales, como la otorgada por Subdere con puntajes casi perfectos sin evaluación real.

4. Red de empresas vinculadas

Se constata que Procultura tercerizó múltiples tareas a empresas relacionadas directa o indirectamente con sus miembros, evadiendo mecanismos de licitación.

5. Modus operandi: convenios express

La Fundación accedió a fondos mediante asignación directa, sin competencia ni estudios técnicos. Este patrón se repitió en Magallanes, Biobío, Valparaíso y otras regiones.

6. Falencias en evaluación institucional

Las validaciones otorgadas por organismos como Subdere sirvieron como aval técnico, sin análisis riguroso de capacidad operativa ni revisión de conflictos de interés.

7. Conflictos de interés

Se detectaron relaciones personales entre autoridades y miembros de la Fundación. En Magallanes, el vínculo entre Flies y Larraín es uno de los casos destacados.

8. Falta de transparencia y tercerización opaca

Se cuestiona el carácter “sin fines de lucro” de Procultura por operar como intermediaria entre el Estado y empresas privadas de su entorno.

9. Recuperación de fondos: un desafío pendiente

El Estado ha demostrado poca capacidad para recuperar los fondos mal utilizados. La lentitud y falta de trazabilidad han permitido que el daño fiscal persista.

10. Responsabilidades políticas

Gobernadores como Jorge Flies y Claudio Orrego son citados por no haberse inhabilitado pese a sus vínculos previos con Larraín. También se apunta al exsubsecretario Miguel Crispi y al Minvu.