Procultura, cercanía y probidad

Las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora Nº61 sobre la Fundación Procultura en todo el país revelan un preocupante patrón de uso discrecional de recursos públicos y una opacidad respecto de la transparencia en la administración del Estado. 

Sobre responsabilidades políticas, gobernadores regionales son citados por no haberse inhabilitado pese a sus vínculos previos con Alberto Larraín. También se apunta al exsubsecretario Miguel Crispi y al Minvu.

Aunque la arista Magallanes se escapa a los millonarios recursos en entredicho (6 mil millones de pesos distribuidos en, al menos, siete regiones desde 2019), trajo a la zona el tema de la responsabilidad política y administrativa, cuestión que no puede ni debe ser relativizada.

Según el informe, quedó claro que hubo comunicaciones directas y reiteradas entre los involucrados. Hubo vínculos personales reconocidos. Hubo solicitudes de gestiones para acelerar asignaciones de recursos públicos a la fundación, aunque no se acreditó que ello haya dado paso a lo que se pedía. 

Todo esto ocurre en un contexto donde la ley es taxativa. El artículo 12 de la Ley 19.880 establece la obligación de abstenerse en procedimientos donde exista amistad íntima o vínculo con partes interesadas. La Ley 18.575, que rige la administración pública, exige probidad, transparencia y responsabilidad. Omitir la abstención ante conflictos de interés no sólo viola el marco normativo, sino que deteriora profundamente la legitimidad de la autoridad.

Se debe dejar en claro que no se trata de culpabilidad penal —eso lo dirán los tribunales, si corresponde—, sino de una falta política. 

En una comunidad pequeña como la magallánica, la cercanía, la confianza o la historia compartida no eximen de responsabilidad. Por el contrario, hacen más necesaria la transparencia. Magallanes no merece ser parte de un entramado nacional de opacidad, favores cruzados y convenios sin control.