El testimonio de una madre recluida y el sueño de que su bebé crezca en libertad

• Jimena Muñoz Saldivia (37) es la primera en ocupar dependencia materno-infantil del complejo penitenciario de Punta Arenas. Su vivencia se enmarca en una serie de políticas públicas que buscan garantizar el bienestar general de la madre gestante y/o puérpera en reclusión.

En Chile existen alrededor de 5 mil mujeres encarceladas siendo una de las poblaciones más vulnerables que existen en Chile. En Magallanes, Jimena Muñoz Saldivia, encarna el devenir de muchas semejantes marcadas por la discriminación y violencia de género, como una de las 23 mujeres en conflicto con la justicia recluidas actualmente en la región.

A sus 37 años, esta madre de tres hijos (de 10, 15 y 20 años), separada, hace cuatro meses que habita las dependencias de la sala materno-infantil del complejo penitenciario de Punta Arenas, de Avenida Circunvalación. Su figura evidencia un avanzado embarazo de seis meses y medio. A fines de julio tendrá 38 semanas de gestación y le harían una cesárea (de ahí se piensa esterilizar).

Históricamente, ella es la primera usuaria en ocupar la remodelada área materno-infantil del recinto, que permite hoy a las internas embarazadas o madres de niños pequeños disponer de espacios destinados y equipados para poder atender sus necesidades mientras cumplan condena.

Esta crucial condición se cruza con el actual cumplimiento de una pena de diez años -del cual se apresta a completar ocho años-. Pese a toda la implicancia de estar privada de libertad, en su presente condición admite sentirse bien acogida y en un ambiente mejorado. En aquella dependencia segregada, no comparte actividades con el resto de las internas y goza de mucha tranquilidad y bienestar, sin la limitante de esperar al resto para ducharse y con un espacio no tan reducido, pues tampoco le cierran la celda por las tardes y puede allí disponer de sus cuatro comidas diarias. Al final, “una también se hace su propio ambiente”.

Su principal red de apoyo local es su pareja, quien también se encuentra recluido, y prácticamente le hace llegar todo lo que percibe, dados sus actuales requerimientos, en especial de alimentación (leche, frutas, verduras). Pese a estar radicada en Punta Arenas, su núcleo familiar se encuentra en la Región de Los Lagos (Llanquihue). En estos duros años, no ha habido día en que no piense en sus hijos -que viven con el padre- . Ella se contacta todos los domingos con su familia, comunicándose por teléfono y por plataforma “Zoom”.

Jimena reconoce que la mayoría de las mujeres recluidas son madres: “En este caso les toca dejar a sus hijitos solos, entonces igual sufren más que los hombres, por haber cometido un error. Yo no tenía antecedentes, esta es mi primera condena y me condenaron a 10 años al tiro, no pensaba que era tan grave. Pero después me di cuenta que era algo grave. Igual uno va y viola la moral, el daño que hace, es complicado”.

Sueño en libertad

“Aunque usted no lo crea, no he pasado un embarazo feliz, no he vivido realmente como viví mis otros embarazos”, agrega. Claro, su realidad es más compleja a tener que restringirse en muchas cosas como salud, comida y lo que le depara el día a día, como lo sería afrontar esperas y depender de otras personas ante una eventual enfermedad de ella o de su bebé, y poder ser sacada con custodia: “Es difícil, porque yo ya tengo otros hijos y yo sé lo que se vive. Una se complica al pensar eso, porque realmente yo sí estoy condenada, tengo una condena y quizás tenga que cumplirla, pero igual me da pena que mi hijo tenga que cumplir la condena conmigo, porque un bebé no se merece estar preso junto conmigo”.

Según la normativa vigente, un niño que nace en una cárcel puede estar encarcelado hasta los dos años, lo que representa una etapa crucial del desarrollo. De acuerdo a cifras recopiladas por la Ong Enmarcha, en Chile hay más de 40 mil niños con padres y/o madres privadas de libertad. En el caso de los niños en contexto de encarcelamiento durante sus dos años iniciales de vida, la misma entidad visualiza la restricción de una serie de derechos esenciales como vivir en un medioambiente libre, tener condiciones adecuadas para su salud y contacto con sus familias (estar insertos dentro de un sistema social). Aquello podría provocar problemas a futuro con su forma de desenvolverse en el colegio e insertarse socialmente.

En su actual coyuntura, la futura madre plantea que debería existir una ley para que las mujeres en su condición pudieran, por último, cumplir su pena con un arresto domiciliario, “un arresto total y que las puedan igual estar supervisando. Y depende del caso y de cada una también, porque hay otras mujeres que han delinquido más en su vida, pero el hecho de decidir como una idea de estar en libertad, de poder cumplir lo que es el embarazo y tener la guagüita afuera. Tener un poquito de libertad en todos los aspectos”.

Como persona condenada, Jimena Muñoz reuniría los requisitos para postular al próximo proceso de Libertad Condicional (haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva). Si le llegaran a conceder este beneficio, su anhelo sería irse donde su madre y su hermana, quienes la esperan en Llanquihue, donde tendría todas las comodidades. Y esto también le daría la posibilidad de reencontrarse con el resto de su familia.

Esta mujer fue condenada por su autoría en una serie de robos perpetrados en la ciudad en los meses finales de 2017.

Protección a
mujeres y niños

De acuerdo a un estudio de mujeres que egresaron de la cárcel en Santiago, citado por Ciper Chile (2021), los delitos que éstas cometen son menos graves y violentos, y con menor frecuencia que sus pares hombres, reconociendo en su mayoría un involucramiento delictual fuertemente marcado por la vulnerabilidad: motivación económica generalmente, para mantener a sus familias. Al expresar en cifras estas realidades, un 62% sufrió algún tipo de maltrato en su niñez: 48% violencia verbal y 45% violencia física y/o sexual. De estas últimas, un 20% estuvo bajo custodia estatal en algún momento, y 28% vivió en la calle. En materia de relaciones en pareja, el 69% reporta haber experimentado violencia física o sexual.

A la luz de la experiencia de Jimena Muñoz, la seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, destaca los avances dados a conocer recientemente por el ministro Jaime Gajardo y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, en el marco del Plan de Trabajo de Mejoramiento de Condiciones Carcelarias de Mujeres Privadas de Libertad, como prioridad de la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Parte de dichos compromisos están a la vista hoy en la sección femenina del complejo penitenciario de Punta Arenas, que el 5 de enero de 2024 inauguró sus remodeladas dependencias: nuevos espacios para realizar talleres laborales, separación de las mujeres recluidas según su situación procesal, una sección juvenil ampliada y Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) mejorada. A ello se sumó una mejora significativa de espacios con una sala de uso múltiple en el Centro de Detención Provisoria de Puerto Natales.

Como complementario a esta política pública, la seremi subrayó el proyecto de ley que “modifica diversos cuerpos legales en materia de procedencia de la prisión preventiva y de sustitución de la pena respecto de personas embarazadas o que sean madres de hijos o hijas menores de tres años”, en actual tramitación en el Senado. Dicha iniciativa legal busca que el Estado privilegie otras medidas alternativas distintas a la privación de libertad de mujeres embarazadas o madres de hijos menores de 3 años, como la prisión preventiva o la sustitución de pena.

“Sin duda, esta ley marcaría un avance importante, estableciendo mecanismos claros y transparentes en su ejecución, que consideren el contexto individual de cada mujer y el interés superior del niño o niña, dada la relevancia de protección a estos y, por otra parte, la consideración al bienestar general de la madre gestante y/o puérpera. Al respecto, se busca evitar los efectos nocivos de la reclusión infantil, y la importancia del fomento del apego entre hijos e hijas y sus madres en lugares diferentes al recinto penitenciario”, puntualizó la autoridad.

A ello se suma el funcionamiento por regiones de la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas y con Hijos Lactantes, en un esfuerzo de trabajo intersectorial que permita brindar mejores protocolos, actuaciones y prestaciones de salud a esta población vulnerable e invisibilizada.