Educación resentida

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue categórico esta semana: no habrá aumento de sueldos para los docentes movilizados en Magallanes. Mientras tanto, el paro se extiende por casi un mes, manteniendo a miles de estudiantes sin clases y a toda una región atrapada en una crisis que parece no encontrar salida.

Desde Santiago, el mensaje fue duro, pero claro. No hay espacio fiscal para responder a la principal demanda del gremio, y los descuentos por inasistencia ya comenzaron a aplicarse. Además, se inició el proceso de remoción del director del Slep Magallanes, Mario García, en respuesta a las críticas generalizadas por la gestión del servicio. Sin embargo, más allá de los procedimientos administrativos o los dictámenes de la Contraloría, lo que está en juego es mucho más profundo: la confianza en un sistema que prometió mejorar y ha fallado en su implementación.

El paro no es únicamente un conflicto entre profesores y autoridades. Es el síntoma visible de un modelo de desmunicipalización que en teoría debía poner fin a décadas de precariedad educativa, pero que en la práctica ha trasladado los problemas sin resolverlos. 

Cabe recordar que Magallanes había sido elegida para ser región pionera en la implementación del Slep, pero que ello se fue aplazando ante las incertidumbres que entonces persistían. Fue la apuesta política del representante del Presidente en nuestra región la que inclinó la balanza a favor de que aquí también se pusiera fin a la enseñanza municipalizada.

En el contexto que el principal escollo para llegar a un acuerdo con los docentes movilizados es el elemento salarial, el gobierno insiste en que no puede ofrecer más recursos. Pero cuando la única respuesta son programas de bienestar y capacitaciones -por muy bien intencionados que sean- , mientras las escuelas siguen sin recursos básicos y los docentes sin certezas laborales, es evidente que el diálogo está roto.

Los estudiantes no pueden seguir siendo rehenes de este conflicto. Magallanes no puede volver a clases como si nada, ni tampoco puede permitirse seguir esperando indefinidamente. El gobierno debe ofrecer soluciones políticas, no sólo respuestas técnicas. El Magisterio regional, por su parte, debe también abrirse a salidas realistas, sin perder de vista que su fuerza radica en defender la educación pública, no en paralizarla indefinidamente.

Es hora de que ambas partes salgan de la trinchera. Porque si el Estado no cumple su promesa de un sistema mejor y los gremios se encierran en demandas imposibles de satisfacer, lo único que se profundiza es la fractura con las comunidades escolares.