Capacidad del penal de Punta Arenas está sobrepasada: es para 460 y ya hay 481 reos

Situaciones de contingencia ocurridas este año, como el intento de fuga de tres reclusos en febrero pasado desde el Centro Penitenciario de Punta Arenas y necesidades de infraestructura de algunos de la región, fueron parte de los temas abordados en la primera sesión de la Mesa de Supervisión Carcelaria, encabezada por el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera.

Las entidades que intervienen en el sistema privativo de libertad abordaron las principales necesidades de los internos y de los centros donde cumplen sus condenas.

El objetivo era abordar las condiciones en que las personas privadas de libertad en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir cumplen las penas en regímenes cerrados.

Además del intento de fuga, Miño planteó que en la instancia también se conocieron detalles sobre la “situación particular de dos mujeres que presentan una condición especial, de vulnerabilidad, a fin de que sus derechos no sean mermados más allá de lo que su condena establece”.

Infraestructura

Asimismo, se relevaron necesidades en infraestructura, principalmente en el Centro de Detención de Puerto Natales, que dicen relación con el sistema eléctrico y el cierre perimetral.

En el caso de Ultima Esperanza se dio cuenta de la necesidad de establecer una dinámica para que los internos puedan salir a un patio, al aire libre, “ya que actualmente las personas privadas de libertad en ese complejo llevan a cabo prácticamente toda su jornada dentro del recinto amurallado, sin posibilidad de salir a patio, básicamente por falta de infraestructura y también de funcionarios que supervisen”, mencionó.

También, representantes de Gendarmería dieron cuenta de los trabajos de infraestructura en desarrollo en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, tendientes a mejorar el sistema de evacuación de aguas.

Además, en el encuentro se conoció la cifra actualizada de las personas privadas de libertad en dicho recinto, cuya capacidad está sobrepasada, ya que fue concebida para albergar a 460 internos, y actualmente hay 481.

La instancia la lideró el fiscal judicial Pablo Miño y en ella participaron Rodrigo Lillo de Defensoría Penal Pública, Alejandro Meza y Héctor Soto de Gendarmería, Amanda Hurtado por el Ministerio Público, Cristián Figueroa del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Lorena de la Torre de la seremi de Justicia y DD.HH. de Magallanes.