Docentes acuden a la justicia buscando el reintegro de los montos descontados en marzo; a una profesora le retuvieron casi $3 millones

Descuentos en su remuneración por hasta casi 3 millones de pesos experimentó una docente de la Escuela 18 de Septiembre que se plegó al paro de la educación el mes pasado. Ella es una de los 515 trabajadores del sector que figura en el listado aportado en el recurso de protección que este sábado 5 de abril ingresó a trámite ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en contra del director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (Slep) de Magallanes, Mario García Martínez, ello en el contexto de la paralización del Magisterio.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación, liderado por Julián Mancilla Pérez, quien sufrió descuentos por 500 mil pesos en su remuneración, aspira que el alto tribunal regional conceda de inmediato una orden de no innovar a favor de este grupo de funcionarios, de modo de que se haga efectivo el reintegro de los montos descontados en el mes de marzo desde las remuneraciones de los 515 docentes individualizados en la presentación legal, como de igual forma prohibir de efectuar nuevos descuentos respecto de las remuneraciones del mes de abril, mientras no se resuelva el fondo del asunto.

Pero, ¿cuál es el fondo del recurso de protección?. En lo medular, los socios de la organización sindical plantean que es de público conocimiento que desde el 1 de marzo de 2025 en adelante se viene desarrollando una movilización de los docentes dependientes del Slep, cuya finalidad es obtener una mejora en las remuneraciones del profesorado y disminuir las anomalías existentes entre los distintos estamentos de funcionarios del Servicio.

Alegan que si bien los profesores recurrentes han asistido a los colegios en que laboran cada uno de estos días, registrando su asistencia en los respectivos registros de control y cumpliendo íntegramente su jornada de trabajo, y realizando diversas labores, por lo que no existe inasistencia, abandono o paralización de funciones alguna.

Aún así, advirtieron que el día 31 de marzo recién pasado, los reclamantes se percataron de que se efectuaron descuentos en sus remuneraciones, por montos que alcanzaron -en algunos casos- el 100 por ciento de los sueldos, sin que siquiera procedimiento disciplinario alguno instruido en su contra.

Es más, añaden, algunos de los docentes afectados se encontraban, al momento del descuento respectivo, haciendo uso de licencia médica, mientras que otros gozaron de permisos administrativos en el periodo de la movilización.

Además, ninguno de los docentes recibió una comunicación formal y previa en relación a los descuentos, limitándose el Servicio de Educación a enviarles correos electrónicos masivos que advertían la realización de procesos administrativos para cursar los descuentos. Sin embargo, precisan, estos procesos no se llevaron a cabo.

Por lo mismo, acusan que “la aplicación y cálculo de los descuentos se realizaron en un procedimiento clandestino que no reúne ninguna garantía de imparcialidad y sumamente arbitrario”.

Así las cosas, la orden de realizar los descuentos en las planillas de remuneraciones de estos docentes por los supuestos días no trabajados deviene en ilegal, toda vez que “los recurrentes durante los días de movilización desempeñaron de forma efectiva las funciones propias del cargo, marcaron sus respectivas tarjetas al inicio y término de la jornada laboral, por lo que es imposible determinar con precisión un tiempo de no prestación de los servicios”.

“Lo que hemos denunciado en el presente recurso es la aplicación de un acto sancionatorio -descontar remuneraciones- sin observar el debido proceso, en el sentido de no haber establecido un procedimiento previo que permitiera a mis representados defenderse y tener conocimiento de los descuentos que se les realizan y la forma cómo se calcularon por el Slep y su Dirección de Gestión de Personas y Desarrollo”, argumenta el recurso que lleva la firma de la abogada Karina Mancilla Barría, hija del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación.

La sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas debería pronunciarse hoy o bien mañana sobre la admisibilidad de este recurso de protección.

390 apoderados recurrieron de protección en contra del Slep debido al prolongado paro 

En las próximas horas la Corte de Apelaciones de Punta Arenas debiera pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de protección que interpusieron 390 apoderados en contra del Servicio Local de Educación Pública (Slep) y de la secretaría regional ministerial de Educación de Magallanes, debido al prolongado paro de los profesores que, según indican, repercute en los estudiantes.

Recuerdan que por ley los establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales deben proveer educación de calidad, “que contribuya a la formación integral y a los aprendizajes de sus estudiantes en las distintas etapas de su vida”.

En consecuencia, “los Slep son los órganos que deben velar por el correcto, continuo y oportuno funcionamiento de los establecimientos educacionales a su cargo, de modo que promuevan la educación integral, ética, moral y académica de todos los alumnos y estudiantes que se encuentren en su interior, promoviendo además la sana convivencia en cada comunidad escolar”, indica el recurso que lleva el patrocinio de los abogados Georgo Peftouloglou Gattás y Lukas Hudson Herranz.

El Servicio Local de Educación Pública de Magallanes es el ente que debe velar por el correcto funcionamiento de los establecimientos educacionales en Magallanes, quien tiene a su cargo la educación del 42% del universo escolar de la región.

Los apoderados y alumnos de los establecimientos educacionales, por quienes se interpone el recurso de protección, “se encuentran privados de su derecho a acceder a prestaciones de educación.

Los apoderados denuncian que el Slep de Magallanes “no ha entregado una respuesta ni solución satisfactoria y concreta a los apoderados y alumnos afectados para soslayar este efecto negativo del paro”.

“Mero espectador”

Respecto a la secretaría regional ministerial de Educación, “al día de hoy no ha realizado ninguna propuesta efectiva para terminar con el paro, siendo un mero espectador”.

Y al Slep lo acusan sencillamente de “lavarse las manos”, en términos de solucionar esta crisis.

Para los apoderados, “la pasividad del organismo afecta el acceso a la educación de niñas y niños usuarios de la educación pública, el uso de material pedagógico y métodos de enseñanza que contribuyen para su educación y desarrollo, quedando en una situación desmejorada si la comparamos con otros estudiantes de otras regiones y comunas de nuestro país, sea educación pública o privada, lo que genera una discriminación arbitraria entre alumnos de la Región de Magallanes con los del resto del país”.

Lo mismo ocurre con el seremi (Valentín Aguilera), “quien al ser representante del ministerio de Educación, no ha dado ninguna solución a la perturbación del derecho de padres, apoderados y sus hijos quienes se ven desventajados ante esta situación que, por cierto, no ha dado ninguna solución. Peor aún, ha tenido un silencio que no tiene explicación alguna”.