Retorno a clases y algunas preguntas por responder

Después de un mes de paralización, este lunes 7 de abril marca el reinicio de las clases para miles de estudiantes en la Región de Magallanes. El Servicio Local de Educación Pública (Slep) llama a las familias a confiar en este retorno, asegurando que todos los establecimientos ya han presentado sus planes de recuperación. Sin embargo, el trasfondo de esta crisis educativa nos obliga a mirar más allá de la reanudación de las actividades y preguntarnos: ¿Qué hemos aprendido de esta prolongada suspensión?

El paro docente no fue un capricho, sino la consecuencia directa de promesas salariales que excedieron la autoridad del suspendido director del Slep, Mario García Martínez. Según reconoció el propio director nacional de Educación Pública, Rodrigo Egaña, García ofreció un aumento de remuneraciones “de forma inconsulta e irresponsable”, generando expectativas irreales entre los profesores y desatando una crisis que aún no termina de cerrarse.

La destitución de García parece ser cuestión de tiempo, considerando el sumario en curso y la gravedad de su actuar. Pero la pregunta más profunda que queda instalada es sobre la gobernanza del sistema educativo público en regiones extremas como Magallanes. ¿Cómo es posible que una autoridad haya actuado sin control ni coordinación con los niveles centrales? ¿Qué mecanismos de supervisión fallaron? Estas preguntas son válidas en base a aquel dicho popular que nos advierte que el hilo se corta por lo más delgado. Sacrificar a García parece hoy ser muy conveniente para todos.

El daño a los estudiantes es real y profundo. La interrupción del aprendizaje durante un mes completo no se revierte con comunicados optimistas ni con ajustes apurados en los calendarios escolares. Aunque las jefaturas aseguran que no se afectarán los sábados ni las vacaciones de invierno, el desafío de recuperar contenidos y asegurar aprendizajes significativos es inmenso.

Es comprensible que las comunidades educativas estén fatigadas, desconfiadas y frustradas. Han sido testigos de una gestión errática y de una política educativa que, en vez de entregar certezas, ha profundizado las dudas. El retorno a clases debe ser más que un gesto de normalidad: debe ir acompañado de un compromiso real y sostenido del Estado con la educación pública, con recursos, transparencia y, sobre todo, responsabilidad.

Pero, en este caso, hay muchos responsables, varios que están pasando inadvertidos y para todos ellos es muy fácil tener como chivo expiatorio a García. 

Cabe preguntarse cuál es la reflexión que hará ahora el Magisterio, cuánta responsabilidad tienen aquellos que llamaron a la paralización sabiendo que lo que ofrecía García excedía sus atribuciones y el marco legal del Slep. 

¿Es creíble que los dirigentes -en su doble condición de profesores y líderes que uno supone mejor informados que la media de los ciudadanos- desconocieran aquello?

¿Cuál es la responsabilidad política de la delegación presidencial y del seremi de Educación frente a un paro anunciado desde enero? 

¿Fueron ingenuas o, derechamente, irresponsables las negociaciones del jefe comunal de Punta Arenas con los asistentes de la educación? 

Las preguntas pueden seguir. Ojalá quienes tienen responsabilidad y poder de decisión analicen con seriedad las respuestas para que esto no se vuelva a producir.