Turismo náutico ilegal

Durante años, en los muelles del extremo sur, se ha comentado con cierta resignación lo que hoy, finalmente, las autoridades han decidido exponer con nombre y apellido: la navegación ilegal de yates con bandera extranjera en las aguas jurisdiccionales de Magallanes y la Antártica Chilena. Lo que para muchos era un “secreto a voces” —como lo reconoce el propio Manuel José Correa, fundador de Austral Sailing— ha sido confirmado en una inédita operación de fiscalización conjunta entre la Armada, la PDI y Aduanas.

La denuncia no es menor. Se trata de embarcaciones que ofrecen servicios turísticos sin cumplir con la normativa nacional, sin permisos, sin registro en Chile y, lo que es aún más grave, sin pagar impuestos. Pero más allá de la competencia desleal que esto implica para empresas nacionales que sí cumplen con la exigente normativa chilena, el riesgo mayor está en la seguridad de las personas y la soberanía de nuestro territorio.

La normativa marítima nacional impone estándares estrictos para navegar en zonas de alta complejidad como los fiordos fueguinos o los canales subantárticos y zona antártica. Salvavidas certificados, equipamiento de emergencia operativo, sistemas de localización satelital y un sinfín de exigencias que no son capricho burocrático, sino garantías mínimas para una navegación segura. Y sin embargo, estos yates extranjeros, muchas veces con años de uso en otras latitudes, operan sin cumplir estas condiciones, poniendo en peligro a turistas desprevenidos y al ecosistema que navegan.

La omisión del Estado en esta materia ha permitido que esta práctica crezca. Si bien la reciente fiscalización es un avance, es imprescindible que la autoridad marítima mantenga una vigilancia constante, sobre todo en puntos sensibles como el muelle Micalvi de Puerto Williams, donde -según los propios actores del rubro-  se “sabe quién es quién”. La fiscalización debe ser proactiva, no reactiva.

Este caso también debe abrir una conversación más profunda sobre el modelo de desarrollo turístico que queremos para Magallanes. No se trata solo de cerrar el paso a operadores ilegales, sino de fortalecer el turismo responsable, sostenible y regulado, aquel que se vincula con las comunidades locales, que invierte en seguridad y que aporta a la economía regional con reglas claras.

Austral Sailing, por ejemplo, ha optado por el camino más largo pero correcto: registrar su embarcación en Chile, cumplir con cada exigencia legal y esperar hasta estar totalmente habilitados para operar. Esa es la apuesta que se debe respaldar desde las políticas públicas, con incentivos, promoción y protección frente a la informalidad.

En tiempos donde el turismo de naturaleza cobra valor mundial, Magallanes no puede ser tierra de nadie. Es deber del Estado garantizar que sus aguas no sean solo escenario de belleza, sino también de legalidad, seguridad y respeto por quienes hacen bien las cosas.