Gore olvida un pequeño detalle en su Plan de Zonas Extremas: a los magallánicos

El desarrollo de Magallanes no puede seguir siendo rehén de la improvisación, el secretismo y la falta de rigurosidad institucional. La reciente suspensión del análisis del Plan de Zonas Extremas (PDZE) por parte del Consejo Regional no es solo una señal de alerta: es una vergüenza.

Estamos hablando de un instrumento clave para el futuro de nuestra región, que debía cumplir con un proceso reglado en cuatro etapas claras: primero, una consulta ciudadana; segundo, desarrollo del plan; tercero, consulta y participación ciudadana; y por último, la aprobación del Core. Pues, aquí estamos frente a un instrumento que se sometió a consideración de los consejeros regionales sin haber cumplido la tercera etapa que establen las disposiciones reglamentarias: la participación ciudadana.  

En efecto, el gobierno regional decidió saltarse ese paso. Presentaron el plan al Core sin haber cumplido con la tercera etapa del reglamento, que exige socializar la propuesta con la ciudadanía y las organizaciones sociales. ¿Cómo se puede pensar en aprobar un plan estratégico para los próximos diez años, sin antes escuchar a los propios magallánicos?

Gracias a la advertencia del consejero regional Max Salas y a la responsabilidad del Core, se logró frenar este intento de pasar por alto una exigencia básica: la validación social. Si no se hubiese detenido, todo el proceso habría quedado expuesto a la nulidad, por no respetar el propio reglamento que lo rige. La pregunta es inevitable: ¿Por qué esta celeridad en aprobar algo tan importante, si ni siquiera se ha cumplido con las etapas mínimas de participación?

Más grave aún es la opacidad que ha rodeado este proceso. Cuando no se informa debidamente a las organizaciones de la sociedad civil, cuando no se da espacio para observaciones ciudadanas, cuando se ocultan elementos tan sensibles como el estudio del polémico túnel, entonces no solo se falta a la norma, se falta también a la confianza pública. No quiero pensar que haya mala fe, pero si no es así, el gobernador debiera separar de sus funciones a los responsables de este retroceso institucional.

La ciudadanía merece respeto y eso parte por cumplir las reglas. No es aceptable que un plan tan relevante se quiera aprobar entre gallos y medianoche. Magallanes exige claridad, participación y seriedad. Si no corregimos este rumbo ahora, estaremos hipotecando no solo el presente, sino también el futuro de nuestra región.