Tres colombianos formalizados fueron enviados a prisión por caso de explotación sexual infantil y tráfico de drogas

La fiscal Wendoline Acuña formalizó este domingo a tres hombres de nacionalidad colombiana por los delitos de violación en contexto de explotación sexual infantil y tráfico ilícito de estupefacientes. Los imputados, quienes ya estaban en la mira del Ministerio Público por su vinculación a redes de explotación, mantuvieron a una víctima bajo un patrón sistemático de abuso, utilizando drogas como método de coerción.

“En diferentes oportunidades, durante 2024 y lo que va de 2025, estos individuos coordinaban favores sexuales con la menor a cambio de suministrarle sustancias ilícitas, específicamente cocaína”, explicó Acuña. Agregó que los abusos ocurrían tanto en domicilios particulares como en espacios públicos de la ciudad, dejando a la víctima en condiciones físicas y psicológicas devastadoras. “En varias ocasiones, la adolescente terminó en un estado de salud deplorable, al punto de requerir internación en la Unidad de Psiquiatría Infantil”, relató.

Uno de los episodios más graves, según la Fiscalía, ocurrió cuando la víctima denunció a uno de los acusados. “Uno de estos sujetos la habría golpeado y suministrado sustancias ilícitas, como una especie de sanción por haber denunciado, por haber difundido que él era una de las personas que ejecutaba estos ilícitos”, afirmó Acuña con firmeza. El caso no sólo evidencia abuso sexual sistemático, sino también una crueldad premeditada para silenciarla.

Los allanamientos autorizados por la justicia permitieron incautar cocaína en las viviendas de dos de los imputados. “Hallamos carbohidrato de cocaína, lo que confirma su participación en el tráfico de estupefacientes”, señaló la fiscal. Tras presentar los antecedentes, el tribunal decretó prisión para los tres ciudadanos extranjeros. “El magistrado validó nuestros argumentos y aceptó la solicitud de privación de libertad, dada la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga”, concluyó Acuña.

El caso continúa en investigación, mientras la Fiscalía no descarta que existan más víctimas. Las autoridades instaron a la comunidad a reportar cualquier indicio de explotación infantil, recordando que los delitos sexuales contra menores pueden denunciarse de forma anónima.

El plazo de investigación de los hechos se fijó en 120 días. La audiencia fue dirigida por el juez Pablo Aceituno y la misma se realizó a puertas cerradas.