“Los chilenos tenemos el legítimo derecho a saber dónde y en qué se gasta el dinero del Estado”

Lucas Ulloa Intveen
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Con un relajado andar llegó Bernardo Navarrete Yáñez, presidente del Consejo para la Transparencia, hasta las oficinas de La Prensa Austral. Antes de comenzar a grabar la entrevista comentamos la importancia de la institución que lidera para el ejercicio del periodismo, lo que se ha transformado en una herramienta crucial a la hora de obtener información pública que no es compartida con la facilidad que se quisiera. Me pidió un café y comenzamos la entrevista con la taza humeante de por medio.

Navarrete primero comenzó explicando lo singular del modelo de transparencia que tiene Chile, el que ha sido objeto de estudio tanto por países vecinos, como de Europa. “Es uno de los modelos en Iberoamérica y en Europa más estudiados por un aspecto muy importante que tuvo en cuenta el legislador en 2008. El modelo chileno faculta al Consejo disponer de tres condiciones que son claves y que no se dan en otros países”, afirma.

En primer lugar plantea la capacidad normativa, entregando instrucciones a más de 1.200 organismos del Estado sujetos a la jurisdicción del Consejo para la Transparencia. “Cómo proceder, cómo actuar, cómo subir la información”, resume Navarrete. En segundo lugar, la capacidad fiscalizadora sobre estos más de 1.200 organismos estatales. “Cuando yo fiscalizo, genero la tercera condición del modelo chileno, que es lo sancionatorio. Cuando se produce la fiscalización, se produce un sumario, se puede llegar a un dictamen que a la autoridad le obliga a pagar entre el 20 y el 50% de su renta”.

Además se introduce en el modelo una segunda variante. Y, es que en términos de acceso a la información, son sólo tres los requisitos: un nombre, una dirección y un correo electrónico. “A diferencia de los países europeos en general y los iberoamericanos, no hay una identificación previa, no hay un Rut, no hay una firma digital ni ningún antecedente previo (
) Tenemos una lista de nombres más repetidos, desde Patricio Donald a algunos que no podríamos mencionar, pero que la ley obliga a responder”.

– ¿Cómo incide este anonimato en el análisis de los datos que maneja la institución?

– “El principio es que toda información que imponga el Estado es pública. La condición que a mí se me exija identificación para acceder a ella se vuelve secundaria respecto a lo primero. Desde el punto de vista de los servicios, por ejemplo, necesitamos saber la identidad, la comuna, la región, ciertas características, que nos podría mostrar si hay fracturas, brechas de acceso, si los que tienen menos preguntan más o al revés. Es decir, que yo esté en una comuna rural es una condición limitante para solicitar información (se pregunta). Toda información es control social. Cuando el legislador tuvo presente aquello, nos puso una dificultad importante. Nos cuesta mucho y en estricto rigor no sabemos y no podemos caracterizar a quienes solicitan la información”.

“En las comunas, regiones y gobiernos centrales ellos tienen clientes frecuentes, personas que constante y persistentemente están pidiendo información, que en algunos incluso puede significar lucrar con ellos, lo que ocurre en las direcciones de Tránsito de los municipios. Entonces les decimos que traspasen esa información a Transparencia Activa, para que cualquier persona pueda saber el número de vehículos, por ejemplo”.

– ¿De qué forma se ha detectado lucro como el que comenta?

– “Construyen bases de datos que después las venden a las aseguradoras. Lo que nosotros tenemos que asumir es que no existe un modelo perfecto. Aquí el abuso del derecho, lo que unos abogados hablan, o también la huida del derecho administrativo. Es que esa condición de libertad, de acceso, para algunos también se ha constituido en un negocio. Y eso tenemos que decirlo también, no es posible que nos quedemos en la retórica ingenua de que el acceso a la información es el ejercicio pleno de un derecho y habla de la calidad de la estructura de una democracia en un país. Primero porque las instituciones no nacen transparentes, generar información es costoso”.

– ¿Cómo ha sido el comportamiento de las instituciones en la Región de Magallanes?

– “Hablando del gobierno regional su rendimiento en transparencia es superior al nacional, le faltan 5,6% para llegar al 100%, así es que yo espero que en el mediano plazo se aproxime a este número. Aquí lo importante no es sólo hablar con la autoridad, sino con los que hacen el trabajo in situ. Primero porque uno aprende mucho, así que siempre le hago tres preguntas: ¿Cómo llegan al cargo? ¿Cómo es el clima organizacional? en términos de pedir, trabajar, actuar, porque todos tienen que entender que aquí median sanciones y cuando uno se mete en el bolsillo de un jefe de servicio, esas sanciones duelen”.

“Distinto es cuando hablamos de los 10 municipios de la región. Hay una fuerte correlación entre capacidades. Si yo tomo la clasificación de la Subdere, la mitad de las comunas son de desarrollo medio y las otras de desarrollo bajo, y hay una fuerte correlación entre capacidades institucionales respecto de ese desarrollo (
) Su problema es tener al día todo lo que es Transparencia Activa, ahí tenemos un trabajo pendiente. Necesitamos también que las juntas de vecinos, el Cosoc y los ciudadanos usen la ley de transparencia para saber qué pasa en sus comunas”.

– En mi profesión me he encontrado muchas veces con causales de reserva de información. ¿Han considerado el uso de estas causales para no entregar información?

– “Ese es un buen punto. Primero, porque está dentro de lo que nosotros llamamos el privilegio deliberativo. Pongamos un ejemplo, vámonos al norte. Si yo estoy viviendo en Atacama, voy a construir con FNDR y voy a ayudar a financiar una planta solar, canalización, lo que fuere. Es evidente que distintos actores puedan tener intereses económicos en aquello, es decir, dónde se va a instalar, porque donde se instale muy probablemente hay un dueño. El impacto que pueda tener en término de cuáles son las condiciones, las dimensiones de aquello que voy a hacer, a mí me da una ventaja a la hora de ofrecer y postular. El privilegio deliberativo lo que busca es que todos los organismos estatales, en el proceso de decisión de qué va a hacer, tengan ese legítimo privilegio que una vez que abre una oferta pública para llevar a cabo algo, no le estén entregando a información privilegiada. Pero una vez que yo tomé la decisión y llamé a las bases, el resultado, el puntaje, todo eso debe ser público”.

– ¿Cuánto pesan los intereses de los privados en la entrega de informaciones de un organismo público?

– “Lo que pasa es que nosotros no tenemos una regla general de transparencia para los tres poderes del Estado. El Consejo no tiene facultades para fiscalizar al Congreso Nacional ni al Poder Judicial, sólo lo puede hacer respecto del Ejecutivo. Las decisiones que tienen que ver con privados tienen mucho que ver con lo que acabamos de hablar. Normalmente los intereses privados uno los reconoce por el eje deliberativo de los organismos del Estado que están tomando decisiones que involucren el traspaso de fondos públicos al sector privado. Eso es clave. Pero la Ley de Transparencia 2.0 lleva siete años esperando que pueda avanzar y considera y nos podría dar facultades a nosotros que creo que son urgentes, que es, y si entiendo bien su pregunta, para observar y fiscalizar los dineros recibidos por los privados. Esto pasa por las universidades, las condiciones que están exigiendo de transparencia a las universidades creo que son bastante mínimas. Por ejemplo, el sector de conesiones”.

– ¿Zona Franca, por ejemplo?

– “Volvemos al mismo principio. Por qué si yo reconozco que toda información que va en poder del Estado es pública, de la misma manera todos los chilenos tenemos el legítimo derecho a saber dónde y en qué se gasta el dinero del Estado. Eso es como un principio normal, una discusión que podríamos tener nosotros, en otros países no se da”.

– En referencia a la ley de transparencia 2.0. ¿Qué es lo le falta a la actual ley para responder de mejor manera al principio base?

– “Lo clave en esto es avanzar un poco más en que las instituciones mejoren sus capacidades. Una lección que no aprendemos nunca muy bien y es la típica situación chilena. Yo primero creo la Ley de Acceso de Transparencia, creo el Consejo. Pero después creo y empiezo a discutir la ley de archivos y luego la digitalización del Estado. Un proceso que debimos tener mucho antes. Ahí hay muchas de las debilidades municipales: ¿Cómo digitalizo? ¿Cómo almaceno la información que en algún minuto me van a solicitar? Entonces requerimos que la Ley de Transparencia 2.0 salga pronto, siete años me parece que es mucho tiempo, van a ser dos gobiernos completos esperando modificaciones”.