“Se nos asigna un rol asociado a la competencia sancionatoria vinculada a infracciones en el territorio antártico por operadores nacionales”

Lucas Ulloa Intveen

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A los nueve meses de haber asumido la presidencia, Gabriel Boric apuntó a una abogada con experiencia en el mundo ecológico para encabezar la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de Chile: Marie Claude Plumer.

La abogada se transformó en la primera mujer en ocupar este cargo y, además, lidera la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental, compuesta por 15 países. Tenía pendiente su visita a la Región de Magallanes, cosa que pudo tachar de su lista la semana pasada.

“Una visita corta, pero que ha sido bien importante”, sostiene comenzando la entrevista Marie Claude Plumer. Al tratarse de su primer viaje a la región, comenta que se focalizó en visitas protocolares con las principales autoridades de la zona. “Nos juntamos con el delegado, no pudimos juntarnos con el gobernador porque tuvo una dificultad”, grafica Plumer. Además, mantuvo una reunión con todos los organismos regionales que participan en la Red Nacional de Fiscalización Ambiental, donde destacó la gran asistencia.

Visitó la planta Haru Oni de Hif y asistió a una reunión con el Instituto Antártico Chileno (Inach), una especialmente importante porque la SMA a partir del nuevo Estatuto Antártico tiene un nuevo papel que jugar. “Preliminarmente se nos asigna un rol, una función, más precisamente asociado a la competencia sancionatoria vinculada a infracciones en el territorio por operadores nacionales. Ese es un nuevo rol para la superintendencia y lo tiene que compatibilizar, coordinar, con quienes van a fiscalizar las actividades en el territorio. Y ahí está no solamente Fuerzas Armadas, está el Inach y otros actores que tienen definiciones en la ley”, explicó.

Para la institución que lidera, significa no sólo la coordinación con estos distintos organismos, sino que la formación de capacidades, conocimiento y que se conozca a la SMA por los demás actores.

– ¿Cómo fue esta primera reunión, cuál es el diagnóstico que se hace de los operadores antárticos?

– “Como toda primera reunión, primero manifiestan los intereses, cómo nosotros vemos este nuevo desafío más que entrar en detalles, que va a ser parte del trabajo que vamos a iniciar en un año intenso de relacionamiento. En estos momentos en que hemos abordado estos temas, surgen muchas preguntas que hay que trabajar, definir, hacer las respectivas bajadas y eso no es en solitario. No es la superintendencia que va a mirar la ley, va a hacer su propio alcance de la ley, sino que justamente lo que uno busca es generar estas conversaciones, estas discusiones, plantearse los problemas, cuáles son las principales dificultades y poder abordarlas.

“La superintendencia lo que ha hecho desde que nació como organismo es fiscalizar y esa experiencia es muy valiosa para poder, en este nuevo espacio de competencia, poder compartir con los otros organismos en materia de fiscalización. Nosotros tenemos un alto estándar de cómo definimos los alcances de un incumplimiento. Y tener la posibilidad de compartirlo uno con otros que van a ejercer fiscalización en este especial territorio que tiene particularidades especiales. Eso lo planteamos con el director del Inach y en el marco de la Renfa. Aquí lo que viene son muchos desafíos”.

– En base a las reuniones con demás autoridades, ¿cómo se ha visto el panorama de denuncias a nivel regional?

– “Le voy a responder en general y en particular. Yo diría que es un hecho público que la superintendencia recibe muchas denuncias. En la mayoría del país, con dos o tres excepciones, la mayoría de las denuncias son por ruido. La Región de Magallanes es una excepción en el sentido de que no es el tema más denunciado. Aysén también, porque hay más denuncias asociadas a temas acuícolas. Y esa es una característica propia de Magallanes. En números, yo diría que en general hay cierta constancia (…) Todas las denuncias tratamos de gestionarlas, pero en los tiempos a veces se priorizan unas y otras se ven un poco más delante de acuerdo a capacidades”.

– ¿Cómo se enmarcan grandes casos como lo ha sido Nova Austral o Australis en el panorama nacional de la SMA en el rubro salmonicultor?

– “Hay que partir de la base que nos enfrentamos a una actividad que dispone de muchas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Esta región no es una excepción en ese sentido, es decir, tiene un porcentaje alto de resoluciones de calificación ambiental asociadas a una actividad y que además se trata de centros de engorda de salmones que están ubicados en lugares lejanos, que es difícil el fiscalizar en terreno. Eso se replica en Aysén y en Puerto Montt como característica del rubro. Y eso ha motivado un proceso de la superintendencia de buscar un mecanismo más eficientes y efectivos de fiscalización. Se ha trabajado un modelo muy respaldado a través de la tecnología y eso se ha traducido en un modelo donde usamos imágenes satelitales hasta modelos informáticos, que nos permite bajo una mirada preventiva y la corrección por parte de un regulado, que está quizás en una situación ad portas de llegar eventualmente a un incumplimiento, de evitarlo, corregir y tomar las acciones o las medidas en tiempo oportuno”.

– ¿Qué pasa con los casos detectados de sobreproducción que no han tenido sanción y que están prescritos?

– “Por esto mismo en algún momento fuimos citados por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo a propósito del reportaje en su momento de Ciper. Parte de los puntos era este concepto de la prescripción. Lo que podemos decir es que hay un trabajo que ha sido paulatino por parte de la superintendencia, que se va consolidando a partir del año 2021, donde uno va logrando disponer de mayor cantidad de datos. Por eso decimos que el proceso de fiscalización de más de 2.000 resoluciones de calificación ambiental ha sido de medir paulatinamente, llegando hoy día casi a un 100% de RCA en estos aspectos. La prescripción es una institución jurídica, nosotros cuando iniciamos los procesos sancionatorios, se incorpora todo lo que se conoce respecto a la información asociada a ese centro. Y estamos muy activos en el levantamiento de la información”.

– ¿A qué tipo de sanciones se ven sometidos los titulares cuyos planes de cumplimiento han sido rechazados?

– “Ahí lo que sucede es que se reanuda el procedimiento sancionatorio y se vuelve a discutir todo. El titular de esa formulación de cargo presenta sus descargos, ahí pueden presentar y solicitar medios de prueba, etc. Y eso se va a resolver a través de la aplicación de sanciones: desde la revocación de la RCA, multas que según la gravedad pueden tener un tope de 1.000, 5.000 o 10.000 UTA. También existe la clausura total o definitiva y la amonestación como la sanción menos gravosa. Y también puede existir la absolución, en el caso que exista la convicción de que finalmente no hay infracción”.

– Estos centros de cultivo que están en procesos sancionatorios, ¿pueden seguir operando y produciendo?

– “Ellos pueden seguir, no están paralizados estos centros. Pueden seguir funcionando en el ámbito de sus propias autorizaciones ambientales”.