Sombra sobre el Gore

La reciente renuncia del jefe de la División de Infraestructura y Transportes del gobierno regional de Magallanes, Ricardo Foretich Oyarzún, reabre una herida aún fresca en la gestión pública: la fragilidad institucional ante posibles actos de corrupción y la imperiosa necesidad de reforzar la probidad en todos los niveles del Estado.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, la denuncia presentada por una funcionaria del propio Gore y derivada al Ministerio Público apunta a un presunto caso de falsificación de instrumento público, en el marco de un proceso de licitación. 

El Gore ha actuado conforme a los protocolos administrativos abriendo un sumario y remitiendo los antecedentes a la fiscalía. La adminsitradora regional ha pedido calma, a la espera de conocerse los resultadosde estos procesos indagatorios.

Lo sucedido, sin embargo, lleva a reflexionar que la confianza en la administración pública no sólo se gana con obras o eficiencia presupuestaria, sino con integridad. Y cuando ésta se quiebra -por sospechas fundadas como las actuales-, el daño es profundo. En un contexto regional marcado por la alta dependencia de fondos públicos para obras de infraestructura, cualquier sospecha de manipulación documental, más aún si involucra licitaciones, es gravísima.

Este caso debe ser investigado con total rigor, no sólo para esclarecer responsabilidades, sino también para enviar una señal clara: Magallanes no puede ni debe acostumbrarse al silencio cómplice o a la opacidad burocrática. 

Una pregunta que surge es si esto se trata de un hecho aislado o parte de una práctica más extendida. En este contexto, se vuelve urgente que el gobierno regional facilite el escrutinio ciudadano y mediático. 

Los cargos de confianza deben estar respaldados por criterios de idoneidad profesional y probidad. También debe haber mecanismos de reemplazo ágiles y transparentes. En un área tan estratégica como infraestructura, no puede haber vacíos operativos ni de conducción.