Las Ruf: una camisa de fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad

Hace unos días se votó en el Senado la Ley de Reglas del Uso de la Fuerza (Ruf). Creo firmemente que la violencia y el terrorismo se combaten con decisión. Para ello, se requiere, por sobre todas las cosas, la voluntad política de desplegar toda la fuerza del Estado para erradicar estas amenazas, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes de la República sin ningún temor. Este compromiso debe ser inquebrantable por parte de las autoridades, siendo fundamental para restablecer el orden y la seguridad en nuestra sociedad.

La victoria del Estado y de las fuerzas policiales sobre el terrorismo y la delincuencia debe ser tan contundente que aniquile la motivación para delinquir y llevar a cabo actos terroristas. Esta batalla no es solo física, sino también psicológica: debe generar un desincentivo, un mensaje claro para quienes piensan en quebrantar la ley.

Hoy, la percepción de inseguridad se ha convertido en una constante en la vida diaria de muchas personas, afectando su bienestar y calidad de vida. Por ello, es necesario que el miedo deje de estar del lado de la ciudadanía constantemente atemorizada, y que sean los delincuentes quienes tengan miedo. Solo así el Estado podrá cumplir con su deber más elemental: proteger a los ciudadanos y garantizar su derecho a vivir en paz.

La ola de delincuencia desatada no da para más, y la gente lo percibe. Lo que estamos viviendo es el resultado de la inacción que hemos cultivado por años, llevándonos a niveles de criminalidad nunca antes vistos. El gobierno anterior no actuó por temor a las repercusiones políticas, y el actual no lo hace por convicciones ideológicas; esto forma parte de su filosofía de no actuar con mano dura en el combate a la delincuencia.

Con este nuevo proyecto de ley, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las FF.AA., ocurre lo mismo: a mi juicio, se está cometiendo un error. Se ha vuelto habitual realizar un diagnóstico errado del problema y, en consecuencia, proponer soluciones inadecuadas que no abordan la raíz del asunto. La efectividad de las políticas de seguridad depende en gran medida de una comprensión profunda del fenómeno delictivo y de la implementación de estrategias adecuadas y flexibles.

Elevar a rango legal la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad y las Fuerzas Armadas no solucionará el problema. Al contrario, complicará aún más su actuar al imponer requisitos inadecuados e incluso irracionales, dificultando que el personal actúe e intervenga de manera eficaz. Esto es especialmente preocupante en situaciones complejas, como manifestaciones violentas, altercados en estadios, ataques terroristas y amenazas en el control fronterizo.

La dinámica delictual y del terrorismo evoluciona constantemente. Por lo tanto, las reglas de actuación de las policías y militares deben poder adecuarse a circunstancias específicas, un aspecto que se verá debilitado por la rigidez que se les impone en este proyecto de ley.

Para un combate eficaz contra la delincuencia y el terrorismo, se requiere un marco flexible que brinde garantías suficientes. No se necesita una camisa de fuerza que limitemos normativamente el actuar de las fuerzas armadas y de orden, que están llamados a protegernos. Lo que ellas necesitan es que les otorguemos las herramientas necesarias y todo el respaldo para resguardar el Estado de Derecho con decisión y firmeza.

Por lo tanto, en lugar de generar leyes rigidas que restrinjan la acción de nuestras fuerzas de seguridad, deberíamos centrarnos en generar un entorno que favorezca su éxito. Solo a través de un enfoque integral y bien planificado podremos brindar a nuestros ciudadanos la seguridad que merecen y que el Estado está obligado a proporcionar.