Corporación de Asistencia Judicial en paro frente a insostenible sobrecarga laboral: “Cada abogado tiene una representación por sobre 600 causas”

En el marco de la movilización nacional de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), la división de Magallanes se adhirió al paro y se manifestó en la Plaza de Armas visibilizando sus demandas laborales, que han repercutido directamente en los servicios que se prestan a la comunidad. Cubrir las vacantes de trabajo, una propuesta frente a la sobrecarga vigente en los centros, el incentivo al retiro para los funcionarios de esa etapa, homologación de remuneraciones, mejoras de infraestructura, plantean que afectan la tramitación de causas de Tribunales de Familia, siendo un 80% de estas revisadas y llevadas por abogados de la CAJ.

“Hay una merma en las atenciones, lamentablemente se ha tratado de llegar a negociación con el Ministerio (de Justicia) pero hasta ahora ha sido infructuoso”, expresa Martina Pradenas, abogada del Centro de Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial Magallanes. Actualmente cada uno de los cinco abogados (cuatro curadores ad litem más el coordinador) tienen ven sobre 500 y 600 causas judiciales cada uno. Dicha sobrecarga vuelve inviable de materializar todas las entrevistas necesarias previas a las audiencias.

Pradenas plantea que las condiciones de trabajo no son adecuadas para atender al público. “La CAJ a nivel regional lleva el 80% de las causas de Tribunales de Familia y no hay una dotación adecuada para cubrir esa demanda del público de Magallanes”, sostiene la abogada. “Una de las pocas formas de contribuir con el movimiento nacional es el paro en el que estamos, pero estamos manteniendo turnos éticos para situaciones urgentes o entrevistas”.

Vulneración de derechos

La trabajadora social del programa “La Niñez y la Adolescencia se Defiende”, Gabriela Chandía, coloca los números frente a esta crisis institucional que viven, lo cual termina perjudicando a niñas y niños en situaciones de vulneración de derechos. “El 70 a 80% de nuestras causas se enmarcan en vulneraciones de derechos. Nosotros empezamos a funcionar a partir de la Ley de Garantías que entró en vigencia en Chile en 2022. A la fecha llevamos una sobrecarga laboral tremenda. Sólo somos dos trabajadoras sociales y en este momento cuatro abogados curadores ad litem más un coordinador para una demanda a nivel regional. Cada abogado tiene una representación por sobre las 600 causas”.

Esto repercute directamente en la atención y servicios que prestan hacia los más vulnerables. “No se está pudiendo llegar a las audiencias con las entrevistas de los niños, lo que mandata la ley. No podemos brindar una representación jurídica de estos niños, niñas y adolescentes de la región de Magallanes. Esta problemática no es tan sólo aquí, es a nivel nacional”.

No hay oficinas suficientes

A nivel regional, la situación de infraestructura también es un tema pendiente, ya que “no hay oficinas suficientes para atender a los niños. Estamos hacinados, en pésimas condiciones y la sobrecarga no nos permite brindar el servicio que debemos, más ahora con la Ley de Garantías, donde la representación jurídica para los niños no puede llevarse a cabo porque ni siquiera contamos con condiciones mínimas para funcionar”, continúa Chandía.

Desde octubre a la fecha no cuentan con un coordinador permanente, sino con un subrogante. La sobrecarga laboral, incluso, llevó, a que en diciembre del año pasado “todas las abogadas curadores ad litem estaban con licencia médica por estrés laboral”.

Las peticiones apuntan a dotar los equipos con los profesionales que corresponden, para poder hacer frente a esta situación de sobrecarga que termina vulnerando a los niños que el Estado busca proteger con sus instituciones. “Así es como se terminan cronificando las situaciones de vulneración de muchos niños, niñas y adolescentes que requieren el apoyo oportuno ya”.