Suprema confirma legalidad en la desvinculación de cinco funcionarios de la Umag

• En el caso de un sexto recurso de unificación, el máximo tribunal lo declaró inadmisible.

Elia Simeone R.

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La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó las sentencias emitidas por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en cuanto a estimar legítima la decisión de la Universidad de Magallanes de no renovar el contrato a cinco funcionarios que estaban prestando servicios bajo la modalidad de contrata.

Estos pronunciamientos confirman la anterior sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (5 de febrero de 2025) y dejan a firme, entonces, la desvinculación de Vitalia González, Mónica Muñoz, Gerardo Salfate, Diego Santana y Pamela Saldivia.

En el caso de Claudia Uribe, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de unificación deducido contra la sentencia del tribunal de alzada de Punta Arenas.

En estos casos, los desvinculados presentaron recursos de unificación de jurisprudencia, medio legal para solicitar a la Suprema que resuelva una controversia interpretativa sobre una norma jurídica. Así, el máximo tribunal consideró que el “elemento temporal” en estos casos era esencial, pues determina las exigencias que deben imponerse al momento de terminar un vínculo laboral. De tal forma, estimó que, al menos, debían probar una permanencia de cinco años para estar protegidos por el principio de confianza legítima, aquella que sólo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita.

Vitalia González se desempeñaba como periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Umag, en grado 16, en calidad de contrata, desde el 1 de marzo del año pasado. Sobre su caso, la Corte Suprema emitió su pronunciamiento el 21 de abril pasado, confirmando la sentencia en igual sentido ya emitida por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el 5 de febrero pasado. En lo medular, se concluye: “A la actora no le asiste la confianza legítima de obtener la renovación de su contrata anual, desde que comenzó a prestar servicios bajo la modalidad desde el 1 de marzo de 2024, esto es, sólo trabajó un año bajo esta modalidad para la Universidad de Magallanes, todo lo cual justifica que la sentencia apelada sea confirmada”.

Mónica Muñoz se desempeñaba como auxiliar de aseo, grado 25, en calidad de contrata desde el 1 de julio de 2023; al igual que Pamela Saldivia, quien estaba en la misma función y con similar grado, pero desde el 30 de mayo de 2022. En ambos casos, la Suprema concluyó el 5 de abril pasado que a ninguna de las dos trabajadoras se le podía aplicar la confianza legítima de obtener la renovación de su contrata anual por lo que ninguna cumplía con el criterio unificador de haber trabajado, al menos, cinco años para la Umag. Así confirmó lo resuelto por la Corte de Punta Arenas con fecha 5 de febrero.

Diego Santana fungía como técnico en las áreas de informática y realización audiovisual, con un grado 18 y en calidad de contrata desde el 1 de enero de 2023. Al igual que los casos anteriores, el máximo tribunal confirmó (5 de abril) la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (5 de febrero), pues sólo trabajó dos años para la Umag.

Gerardo Salfate trabajaba como profesional en la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Tenía grado 16 y su vínculo con la Umag databa del 8 de mayo de 2023. Se aplicó el mismo criterio de los otros cuatro casos anteriores. El pronunciamiento fue emitido el 21 de abril.

Respecto de Claudia Uribe, quien se desempeñaba en el Conservatorio de la Umag, la Suprema declaró inadmisible (15 de abril del presente) el recurso de unificación deducido en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (25 de febrero de este año). “No ha podido constatarse un pronunciamiento sustancial que se relacione con la materia de derecho propuesta, por lo que el arbitrio intentado debe ser desestimado en esta etapa procesal”, concluye el máximo tribunal.

Desvinculaciones

El 29 de noviembre del año pasado y en medio de la incertidumbre económica del sistema de educación superior, la Umag confirmó la decisión de no renovar los contratos de 36 trabajadores de apoyo a la actividad universitaria. El rector José Maripani argumentó a la prensa que esta medida respondía a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera frente a un déficit estructural que se ha agravado en los últimos años y que afecta especialmente a las universidades estatales en zonas extremas.

Esta no renovación de contratos afectó a profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. 

Maripani apuntó que el referido déficil estructural

bordeaba los 2.500 milllones de pesos.

Frente a esto, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Umag y de los Trabajadores de las Universidades del Estado, Mónica Alvarez, dijo que había sido “un día negro para la educación pública estatal”.

“Nosotros no tenemos derecho a seguro de cesantía ni a indemnización por años de servicio”, señaló, subrayando la precariedad que enfrentan al perder sus empleos.

En noviembre de 2023, la Umag también despidió a académicos, generando controversia y demandas legales. En algunos casos, la Suprema rechazó los recursos interpuestos en contra de la medida, pero en otros ratifcó el fallo que ordenaba retrotraer estas desvinculaciones.