Intervención del celular del Presidente

El intento del fiscal Patricio Cooper de intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric -una solicitud que fue rechazada por los tribunales- ha desencadenado una tormenta institucional que pone en tensión el equilibrio entre la autonomía del Ministerio Público y los márgenes de protección que exige el ejercicio de la más alta magistratura del país. La reacción del Ejecutivo ha sido clara y severa: la ministra Macarena Lobos, desde la Segpres, pidió explicaciones públicas al Ministerio Público y cuestionó los estándares aplicados en diligencias intrusivas que también afectaron al exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.

Este episodio no ocurre en el vacío. El Caso ProCultura, con sus ramificaciones en múltiples regiones, entre ellas Magallanes, y un rastro de más de $6 mil millones en transferencias públicas, ha escalado más allá del ámbito judicial: ha tocado al corazón del oficialismo, y ahora, a La Moneda misma. La arremetida política en defensa de figuras como Crispi y la crítica directa al fiscal Cooper evidencian el creciente nerviosismo en el Frente Amplio, que ve cómo una investigación que comenzó en las regiones podría transformarse en una amenaza estructural.

Sin embargo, lo que está en juego no es sólo la legitimidad de una investigación o la necesidad de prudencia en diligencias que afectan a autoridades. También está en juego la credibilidad del sistema democrático. Si un fiscal no puede siquiera solicitar una medida -aun cuando sea denegada por los tribunales- sin enfrentar una campaña de desprestigio o presiones por parte del Gobierno y de sectores del Congreso, entonces la autonomía del Ministerio Público queda en entredicho. Pero si, por el contrario, se confirma que se actuó sin los debidos controles legales, entonces la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones y garantías de que las prerrogativas presidenciales no serán vulneradas a la ligera.

La comparación que hizo el fiscal Cooper entre este caso y las escuchas autorizadas en causas de narcotráfico o terrorismo ha sido vista como desafortunada. Pero más allá de sus formas, su fondo alude a una pregunta incómoda: ¿la ley opera igual para todos, incluso cuando los investigados ocupan cargos de poder? Esa es la piedra angular del Estado de derecho, y erosionarla mediante presiones públicas, campañas mediáticas o amenazas de remoción al Fiscal Nacional sólo debilita a la institucionalidad.

La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto mutuo entre poderes del Estado deben primar por sobre la defensa de intereses particulares o partidistas.