“Hito histórico”: las esperanzas de cambio tras aprobación del informe final de Comisión para la Paz en el sur

El senador Francisco Huenchumilla (DC) valoró el amplio respaldo obtenido por el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, el cual fue aprobado por siete de los ocho integrantes del organismo. La comisión, creada en junio de 2023, tuvo como mandato asesorar al Presidente de la República en la búsqueda de una solución política y estructural al conflicto territorial que afecta a las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El acuerdo fue alcanzado tras un extenso debate que culminó durante la madrugada del jueves, tras casi dos años de trabajo. El único voto en contra fue del dirigente gremial Sebastián Naveillán, representante del mundo agrícola.

“La propuesta elaborada por los comisionados, representantes de diversos sectores políticos y sociales, alcanzó un amplio consenso”, señaló un comunicado oficial de la instancia, que calificó el resultado como un “hito histórico” en el camino hacia una solución pacífica y duradera.

El documento aborda materias como la restitución de tierras al pueblo mapuche, reparación a víctimas de violencia, desarrollo territorial e institucional, y mecanismos de justicia y reconocimiento. Sin embargo, las diferencias sobre el uso del concepto de terrorismo y el volumen de tierras fiscales a traspasar al pueblo mapuche retrasaron las negociaciones hasta último momento.

Huenchumilla subrayó el carácter transversal del acuerdo, destacando que los representantes vinculados a comunidades mapuche respaldaron unánimemente la propuesta. “Este informe es fruto de una negociación real, con avances, retrocesos y cesiones, y no un simple listado de recomendaciones”, indicó.

El informe será entregado oficialmente al Presidente Gabriel Boric en los próximos días. Según el senador, el contenido del documento permanecerá en reserva hasta que sea revisado por el Ejecutivo, que deberá decidir los próximos pasos, incluyendo un proceso de consulta a comunidades indígenas y, eventualmente, la presentación de proyectos de ley.

Consultado sobre el futuro del informe ante un eventual cambio de gobierno, Huenchumilla reconoció que “cada administración tendrá su propio diseño político”, aunque destacó el valor del documento como insumo técnico y político.

Naveillán justificó su voto en contra alegando falta de claridad sobre los costos del proceso, la cantidad de tierras involucradas y el riesgo de establecer “ciudadanos de primera y segunda categoría”. Cuestionó además que, a su juicio, el proceso privilegiara enfoques ideológicos por sobre soluciones basadas en libertad y desarrollo económico.

También pidió mayor firmeza del Estado frente a los hechos de violencia y valoró el rol de las Fuerzas Armadas.