Alerta sin intérprete: comunidad sorda quedó “a oscuras” durante amenaza de tsunami

La reciente activación del protocolo de emergencia del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) por una amenaza de tsunami, luego del sismo de 7,5 en el mar de Drake, dejó en evidencia una grave omisión en la gestión del riesgo: la falta de accesibilidad informativa para las personas sordas. A pesar de que se emitieron mensajes de texto y alertas a través de teléfonos móviles para advertir sobre la alerta de un maremoto, la comunidad sorda de Punta Arenas quedó al margen de la información oficial, sin intérpretes de lengua de señas ni mecanismos visuales adecuados para comprender lo que ocurría, más allá del mensaje de texto enviado a celulares.

Esto fue denunciado por Julie Ann Christie Christie, presidenta de la Agrupación de Sordos de Punta Arenas, quien expresó su profunda frustración frente a la falta de acceso a la información en momentos de emergencia. El problema no es nuevo, sino que se arrastra desde hace años. Frente a la reciente emergencia, muchas personas sordas no lograron entender el contenido de la alerta ni supieron cómo actuar ante la ausencia de un intérprete. Tampoco hubo transmisión en vivo con lengua de señas en redes sociales oficiales como Facebook o Instagram, lo que dejó a esta parte de la población en total incertidumbre, durante horas.

El intérprete Luis Navarro Almonacid relató que, apenas se activaron las alarmas, comenzaron a recibir llamadas de miembros de la comunidad sorda preguntando qué estaba ocurriendo, si debían evacuar y para donde, o si se trataba de un simulacro. La falta de un protocolo inclusivo fue evidente: ningún organismo público, ya sea la Delegación Presidencial, el gobierno regional o las municipalidades, contempló medidas de comunicación accesibles para personas con discapacidad auditiva. Las conferencias de prensa se realizaron sin intérpretes y los comunicados oficiales se difundieron, sin considerar que una parte de la población no podía acceder a esa información.

Esta situación contradice el principio de accesibilidad universal establecido en la Ley Nº20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, vigente desde 2010, que en su artículo 26 señala que “el Estado debe asegurar que los sistemas de comunicación, información y servicios estén disponibles para todas las personas, en condiciones de igualdad, mediante medios accesibles, incluyendo la lengua de señas”. Asimismo, Chile ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU), cuyo artículo 11 obliga a los Estados a adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidos los conflictos armados, emergencias humanitarias y desastres naturales”.

La situación provocó angustia y desinformación en un momento crítico, y dejó en evidencia la precariedad estructural en materia de inclusión. La comunidad sorda depende actualmente de la voluntad individual de personas cercanas para obtener datos esenciales en situaciones de riesgo, lo que pone en cuestión el rol del Estado como garante de derechos fundamentales. 

Desde la Agrupación de Sordos de Punta Arenas reiteraron que esta exclusión es una constante que se ha repetido por años, sin que existan avances concretos en la materia. La demanda principal es que se implementen protocolos de emergencia que consideren la diversidad comunicacional de la población, incluyendo la presencia obligatoria de intérpretes en todas las comunicaciones oficiales, mensajes visuales adaptados y accesibilidad plena a las alertas de emergencia. La experiencia reciente demuestra que la ausencia de estas medidas no es un detalle menor, sino una brecha crítica que puede tener consecuencias graves.