La arista magallánica de ProCultura que salpica a la administración de Boric y el fallido intento de Cooper de espiar al Presidente

El diario El Magallanes tuvo acceso al documento de 26 páginas presentado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper -a cargo de la indagatoria del caso ProCultura- , al Juzgado de Garantía de Antofagasta para interceptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric por 60 días. El informe del fiscal resume el caso, donde se indagan traspasos estatales por un total de $5.866 millones a ProCultura desde los gobiernos regionales de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío, Aysén y Magallanes, además del Ministerio de Vivienda. Las claves para interceptar el teléfono del Mandatario, según Cooper, se justifican en la revisión de chats y conversaciones telefónicas a cargo de funcionarios de la PDI.

El documento inicia resumiendo el caso. Fundación ProCultura fue fundada en 2009 por Alberto Larraín Salas y Patricia Csillag Pimstein e iniciaron actividades ante el Servicio de Impuestos Internos en 2010 como asociaciones que promueven actividades culturales. En 2012 incorporó venta al por menor de libros de comercios especializado y edición de libros.

“Luego, con fecha 17 de noviembre de 2023, la Fundación cesó en sus funciones y cerró de forma definitiva en razón del caso mediático denominado el cual involucra no sólo a la Fundación Procultura, toda vez que la Contraloría General de la República, a través de sus sedes regionales, emitió una serie de informes donde se realizaron auditorías a las transferencias realizadas a organizaciones sin fines de lucro por parte de las seremis de Vivienda y Urbanismo, Serviu y gobiernos regionales con cargo a los subtítulos 24 y 33, ambos de la glosa presupuestaria del sector público”, dicta el documento de Cooper.

Dichos informes advierten irregularidades particulares a cada uno de los convenios, como también otras que son transversales. “Las contrataciones a la Fundación ProCultura son mediante trato directo, cuestionándose el fundamento de dicha decisión en circunstancias que es una modalidad de contratación excepcionalísima”, plantea el Ministerio Público. 

Por otro lado, “las actividades a las que se dedica la Fundación no coinciden con el objeto de los convenios, lo que realza aún más la irregularidad de que varios de los convenios fueron ejecutados en gran parte por terceros, funcionando más bien la Fundación como un gestor y no un ejecutor. Asimismo, se suman observaciones en cuanto a la inexistencia de cauciones, de registro de las transferencias, costos de proyectos no detallados, no exigencia de planes de trabajo, la subcontratación de terceros para la ejecución de proyectos, vínculos entre funcionarios o ex funcionarios públicos con la fundación, entre otras”.

Aristas magallánicas

Actualmente las investigaciones involucran a siete regiones del país. Respecto a Magallanes, por decreto alcaldicio Nº0198 de Porvenir firman convenio de cooperación por $52.800.000, para la implementación del programa “Pequeñas Localidades” de la seremi de Vivienda.

Mediante Resolución Exenta Nº190/2022 se aprueba el convenio para la restauración y conservación de un mural por $23.690.000, entre el gobierno regional de Magallanes y la Fundación ProCultura. Se observa que la ejecución de este proyecto fue en su totalidad realizada por “Agencia de Turismo Patrimonial SpA”, que tiene como único socio a Francisco Fuentes Araya, “figurando a su vez como trabajador de la Fundación ProCultura y que se constituye tan sólo ocho meses antes de la aprobación por parte del Gore de la iniciativa, obteniendo así beneficios destinados a organismos sin fines de lucro según lo establecido en la Ley de Presupuesto”.

En dicha investigación, previa autorización judicial del Juzgado de Garantía de Porvenir, se incautó el dispositivo móvil del gobernador Jorge Flies Añón, analizándose su contenido por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briac) de la Policía de Investigaciones. El documento destaca el hallazgo de “conversaciones de relevancia entre el gobernador regional y el director ejecutivo de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín Salas, referidas a un posible vínculo con Gabriel Boric Font, previo a asumir el cargo de Presidente de la República y también una vez investido”. Todo esto quedó plasmado en el informe policial (Infopol) de la PDI Nº297, referido a la arista Magallanes de fecha 6 de agosto de 2024.

El referido informe sostiene que con fecha 1 de marzo de 2022, Larraín se contactó por WhatsApp con el gobernador Flies, indicándole que “Ayer hablé con el Presidente electo”, además de señalar que mantendrá reuniones con otros miembros del gobierno. En particular con “la jefa de Gabinete de Cancillería, asociando este mensaje con la frase ‘Para lo de Torres del Paine’. De igual forma, con fecha 21 de marzo de 2022,  le reitera comunicación con el Presidente de la República, indicando que este último ‘está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine’”, escribe Cooper en su informe.

En este punto destaca que la ceremonia de traspaso de mando presidencial ocurre el 11 de marzo de 2022, debido al aumento exponencial de convenios suscritos entre el Estado y la Fundación a partir de esa fecha, que detalla en un cuadro. 

Sujeto de interés:
Gabriel Boric

El vínculo entre funcionarios o exfuncionarios públicos con la Fundación ProCultura cobra “interés y relevancia respecto del sujeto de interés Gabriel Boric Font, no sólo respecto de la figura presidencial sino que también a otras autoridades de gobierno, atendido a que en el Infopol Nº297, ya individualizado, también constan comunicaciones entre el director ejecutivo de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín Salas mediante la aplicación de mensajería Whatsapp, quien se comunica con el gobernador regional de Magallanes”.

Hace referencia a un contacto con la anterior ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola Noguera, para “avanzar y ver la reunión con ustedes”. Finalmente el 22 de marzo de 2022, Larraín “remite una serie de mensajes dando cuenta de una serie de gestiones realizadas vinculadas a la ministra de Cultura, Conaf, Subsecretaría de Desarrollo Social, entre otros, instruyendo que ‘el anuncio se haga en 50 días’, obteniendo como respuesta de Jorge Flies un mensaje con la frase ‘A disposición’”.

Para Cooper, estas últimas gestiones son clave. “Habrían sido realizadas habiendo ya asumido la presidencia Gabriel Boric Font y respecto de ministerios en que éste ejercía directa jefatura, pudiendo mantener de forma paralela un posible vínculo personal con miembros de la Fundación Procultura, haciendo necesaria y justificada la medida de interceptación a fin de indagar una posible intervención de éste en el proceso de asignación de convenios, lo que se ve refrendado por antecedentes directos”, escribe en el documento.

Rechazo del tribunal

La solicitud de Cooper que buscaba interceptar llamadas, acceder a mensajería de texto y al tráfico telefónico del Presidente Boric desde 2021 a la fecha, además de la ubicación georeferenciada de su celular, fue rechazada la primera quincena de noviembre de 2024, primero el 12, luego el 15 del referido mes, tras dos intentos del fiscal regional.

En la primera fecha el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la solicitud de Cooper, indicando que “de los antecedentes expuestos y de los acompañados no se advierte la existencia de hechos determinados que permiten colegir sospechas fundadas de que la persona de cuyo número telefónico se solicita interceptación, hubiere cometido o participado en la comisión de un hecho punible que mereciere pena de crimen”.

En su segundo intento, reiterando los mismos argumentos considerados vagos e indirectos por el Tribunal, agregó un segundo informe policial. No obstante, el Tribunal vuelve a rechazar: “El hecho de que la persona de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como director ejecutivo de la Fundación Procultura, no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia, no siendo suficiente que la expareja haya prestado declaración en calidad de imputada”.

Cúpula de ProCultura 

En el documento que el fiscal Cooper solicitó la intervención de teléfonos se incluyeron 25 números, líneas telefónicas pertenecientes a 17 personas que, según el Ministerio Público, pertenecerían a individuos directamente involucradas en el caso, entre las que figura la directora regional de Magallanes, Macarena Paz Fernández Génova. En el documento son descritas como “quienes formaban parte de la cúpula de la Fundación, y que era quienes participaban activamente en su administración y en la selección de la Fundación para la adjudicación de los proyectos y su posterior firma, así como también quienes han recibido en cuentas personales transacciones sospechosas por parte de la misma, sin que haya constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros que justifiquen los traspasos”.

En ese sentido, establece que “se ha logrado determinar que dicha cúpula estaba conformada por”:

1. Allan George Mix Vidal, presidente del último directorio.

2. Alberto Andrés Larraín Salas, director ejecutivo y co-fundador.

3. María Constanza Gómez Cruz, representante legal. 

4. Alberto Federico Larraín Lohmayer, tesorero.

5. Patricia Ilonka Csillag Pimsteim, secretaria y co-fundadora.

6. María José Maturana Valenzuela, jefa de Finanzas.

7. María Eugenia Sabbagh Vidal, secretaria del último directorio.

8. José Sergio Villarroel Miranda, contador auditor.

9. Johny Fabián San Martín Flores, administrador general.

10. Enrique Ariel Aracena Reyes, chofer.

11. Emilio Pablo Marinao Fuentes, subdirector ejecutivo y coordinador general de varios proyectos en la arista sur.

12. Pablo Andrés Durán Romero, encargado territorial de Vivienda y Ciudad Identitaria.

13. Francisco Alejandro Fuentes Araya, jefe circuito Lota.

14. Nicolás Francisco Ormeño Matus, ciudad y vivienda.

15. Salvador Eduardo Núñez Pérez, encargado territorial de la zona central.

16. María Teresa Abusleme Lama, directora de Estudios en la Región Metropolitana.

17. Macarena Paz Fernández Génova, dirección regional de Magallanes.