“Sin antecedentes” y “por error”: exesposa de Larraín recurre de amparo y acusa ilegalidad de “pinchazo”

Era octubre de 2024 cuando el Presidente Gabriel Boric le decía a su expsiquiatra Josefina Huneeus, quien fuera la esposa del director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín, cercano al Frente Amplio y al mismo Mandatario, “no sé si está siendo grabado”. Eso ante la pregunta de ella sobre si la conversación que estaban teniendo se daba en un “espacio protegido”. 

El viernes se supo que sí eran escuchados por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la causa del caso Convenios, en que se investigan los contratos de la fundación con reparticiones públicas —que comprometen casi $6 mil millones—, así como un eventual financiamiento irregular de campañas políticas, como la del Presidente. Durante la misma jornada la defensa de la profesional ingresó un recurso de amparo en favor de su representada, acusando ilegalidad de la diligencia. La interceptada era ella, no el Mandatario. 

¿Qué había sucedido? En la solicitud de medidas intrusivas del caso ProCultura originalmente no aparecía la mujer, pero su número de teléfono había sido incorporado como “asociado” a Larraín. Esto, pese a que ese celular, dicen desde su entorno, está a su nombre hace casi 20 años. 

Una vez grabadas sus conversaciones -no sólo con el Mandatario, sino también con algunos de sus familiares, como su madre-, el Ministerio Público pidió al tribunal mantener las “escuchas” por considerarse que ella manejaba información que pudiera ser útil para la indagatoria, lo que fue acogido por el juzgado. 

En ese marco, la defensa de Huneeus -representada por Alejandro Awad y Miguel Schürmann- planteó en su amparo: “Nuestra representada no era una de esas 17 personas. Ni se encontraba dentro de las personas comprendidas por la solicitud del Ministerio Público (para intervenir celulares) ni fue considerada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta al momento de autorizar la diligencia de interceptación telefónica”. También, que el recurso se dirige contra la resolución que el 16 de octubre de 2024 dictó el tribunal que autorizó “mantener la interceptación telefónica que, por error, se había decretado respecto del número de teléfono de nuestra representada bajo la suposición de que le pertenecía a otra persona (a su exmarido); así como también las resoluciones de 6 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025, que autorizaron renovaciones de interceptaciones telefónicas respecto de nuestra representada, y de todas las diligencias y resoluciones que derivaron de las mismas, con sus respectivos resultados, eliminando de la investigación todo lo obtenido en base a estos actos ilegales”. 

“Fundamos la presente acción de amparo, como se explicará detalladamente en lo que sigue, en la ilegalidad de la medida decretada y en la ausencia de motivación de las resoluciones impugnadas, solicitando desde ya que esta acción sea acogida a fin de reestablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección de nuestra representada”, agrega el amparo. 

De esta manera, sostiene la acción: “Esta interceptación groseramente ilegal hace que en la carpeta investigativa sea posible identificar varias conversaciones de nuestra representada que fueron oídas por la Policía de Investigaciones (PDI) sin contar con autorización legal para ello. La primera de ellas es una con su madre, doña Marta Lagos; hay otra (…) con doña María Constanza Gómez (representante legal de Procultura y su amiga)”; aquella con el Presidente Boric, entre otras. Todas de octubre de 2024. Al respecto, se afirma por la defensa que, en su opinión, “ninguna de estas tiene interés criminalístico alguno. Todas estas llamadas, (…) fueron ilegalmente escuchadas por la PDI, transcritas e incorporadas a la carpeta investigativa”.

Emol